Ese pago es parte de un convenio firmado el pasado 16 de julio, por la deuda que mantiene el Gobierno con la entidad por $ 858,4 millones. Eso corresponde al no pago de la contribución del 40% de las pensiones jubilares, desde noviembre del 2008.
Tras este primer pago, el resto de la deuda: $ 762,1 millones, se pagará con un interés anual del 7%, durante diez años hasta el 2022.
El Ministerio de Finanzas tuvo hasta el lunes pasado para ejecutar ese pago.
El 13 de enero pasado la asambleísta Nívea Vélez (ARE), presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea, solicitó al ministro de Finanzas, Patricio Rivera, a través de una comunicación, que indicara si estaba previsto ese pago de intereses, aunque entonces se mostró segura de que el Gobierno sí los pagaría, tomando en cuenta que debe cumplir con el Seguro Social si quiere que esta institución le entregue dineros para cubrir el déficit fiscal.
Esto porque el Seguro Social compra los bonos del Estado que se pone a la venta.
Aunque Vélez advirtió que es peligroso que el Gobierno siga sin pagar el 40% del aporte, porque el fondo de pensiones podría ser afectado.