Ayer, el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, José Miguel Jiménez, lo acusó de ser el supuesto autor del delito de incitación a la rebelión de los policías del Regimiento Quito.La audiencia se cumplió en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal y duró más de tres horas (desde las 16:30 hasta las 20:00).
En su intervención, el fiscal Jiménez sostuvo que Araujo estuvo en los exteriores del Regimiento Quito, durante los hechos del 30-S, para incitar la revuelta.
El fiscal presentó videos en los cuales se veía a Araujo hablando por celular. Además de una entrevista concedida a Ecuavisa el mismo día. Allí, Araujo asegura que fue a la protesta como ciudadano, a apoyar a los policías.
Esta fue la principal prueba que presentó la Fiscalía.
Pero Édgar Pavón, abogado de Araujo pidió que sea desestimada porque la cita de la televisora era editada y además, no se había respetado la cadena de custodia en el almacenamiento y traslado de las filmaciones.
Sin embargo, la defensa demostró que mientras el Jefe de Estado estaba en el Regimiento Quito, Araujo estaba en la Cooperativa 29 de Octubre haciendo un trámite financiero.
Casi a las 20:00, el juez Tipán dictó, conforme al Código de Procedimiento Penal, el auto de llamamiento a juicio en contra de Araujo y ratificó la prisión preventiva que soporta actualmente.
Luego de la diligencia, Araujo señaló que desde ayer se considera un preso político, porque “se demostró la presión política” que ha existido para acusarlo. Mientras sus hijas y su madre lloraban, otros familiares gritaban contra Jiménez. “Ojalá pueda dormir esta noche. Muchas gracias por lo que nos ha hecho...”.
Araujo fue trasladado nuevamente al Centro de Detención Provisional. Allí permanecerá hasta que concluya el juicio.
