miércoles, 23 de febrero de 2011

Presentan recurso de hábeas data en el caso Cervecería

Los 1.200 extrabajadores de Cervecería Andina, hoy Cervecería Nacional, presentaron un hábeas data por el cual están solicitando que la Corte Constitucional (CC) exhiba las piezas procesales.

La CC emitió una sentencia favorable para la empresa que la liberó del pago de utilidades por más de 90 millones dólares a extrabajadores y luego dejó sin efecto el fallo, tras la denuncia del asambleísta Galo Lara.

Hoy se realizará la audiencia pública, la que por sorteo recayó en el Juzgado Noveno de la Niñez. Está previsto que a la diligencia asistan el presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño y el procurador del Estado, Diego García Carrión, quienes ya fueron notificados.

El recurso de hábeas data, según explicó el abogado defensor Carlos Lucero, es para que la CC, a través de su representante, exhiba la piezas procesales y además se haga público cómo se realizó el proceso en el organismo.

Lucero dijo que espera que durante esta audiencia se dé a conocer lo que sucedió en el proceso. Para el abogado defensor, la CC “violó el debido proceso, ya que no se notificó los pronunciamientos pese a que son partes procesales”.

El abogado Lucero concluye que la CC no se ha pronunciado aún si les concederán o no las copias certificadas del proceso.

Arturo Larrea Jijón fue designado por el Pleno de la Corte Constitucional como secretario en el año 2007, de una terna que presentó Patricio Pazmiño, presidente del organismo.

Marcia Ramos, secretaria encargada, dijo que el secretario de la Corte solicitó una licencia sin sueldo, durante quince días, que concluye el próximo primero de marzo.

Ramos señaló que en una próxima reunión el Pleno será quien decida la situación de Larrea, sin embargo no especificó cuál sería este.

Al fiscal general subrogante, Alfredo Alvear, le llamó la atención la agilidad con la que la CC se ha pronunciado en el caso de la Cervecería Nacional y no así en otros temas que tienen igual o más importancia por tratarse de asuntos de interés colectivo y para que los delitos de acción pública no queden en la impunidad.