Ayer, al inicio de la mañana, en Canal UNO, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, dijo que el pedido de renuncia al fiscal Washington Pesántez , aprobado el martes por 58 asambleístas era un pronunciamiento decoroso, pero sin validez jurídica.
Además, aseguró que en el Pleno del Legislativo no hay suficientes votos para destituir al fiscal.
Horas más tarde, Pesántez en rueda de prensa descartó su dimisión y recordó que está en ese puesto por un mandato de la Constituyente de Montecristi, tras ganar un concurso de méritos y oposición.
Ante tal situación, varios legisladores se pronunciaron a favor entablarle un juicio político, pues admitieron que el pedido de renuncia no es vinculante, es decir, que el funcionario no está obligado a acatarlo.
Ángel Vilema (AP) y Jorge Escala (MPD) coincidieron en que lo oportuno es tramitar un juicio político porque la causal no es un accidente de tránsito sino la forma como Pesántez y la Fiscalía manejaron el caso del atropellamiento y muerte de la colombiana Natalia Emme Bedoya, hecho en el que está involucrada Aliz Borja, esposa del fiscal general.
Virgilio Hernández, (AP) dijo que si se configuran las causales para pedir el enjuiciamiento se procederá con el trámite. El oficialista también denunció que en el transcurso de esta semana él y otros coidearios han sido víctimas de amenazas, intimidaciones y presiones, aunque no precisó nombres.
Hernández también rechazó la participación de varios fiscales en la rueda de prensa ofrecida ayer por Pesántez para rechazar la resolución de la Asamblea. "Si es que estuvo acompañado por los jueces distritales de Pichincha está prostituyendo la Fiscalía", sentenció.
Pese a las duras críticas de Hernández, en AP también hubo criterios afines al fiscal. Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, aseguró que no existen causales para el enjuiciamiento.
Cordero sostuvo que el compromiso de Pesántez de iniciar sumarios administrativos en contra de los fiscales que suscribieron el comunicado publicado en diario El Comercio el 19 de enero, en solidaridad con el fiscal general y su esposa, es una muestra de que la Fiscalía está actuado de forma imparcial.
"La reacción del fiscal es la que esperábamos en la Asamblea, la exhortación fue para que la Fiscalía sea imparcial", señaló.
Vicente Taiano (Prian) y Andrés Páez (ID) coincidieron con Cordero en que el juicio político no procede, ya que Pesántez anunció el inicio de sumarios administrativos a los fiscales.
Alfredo Ortiz (ADE), de su parte, dijo que lo pertinente es reformar el mandato por el que se le encargó la Fiscalía a Pesántez. Hernández lo descartó, al precisar que la actual Asamblea no tiene la mismas facultades que la Constituyente de Montecristi. Así, las cosas, Pesántez solo podrá abandonar el cargo cuando el Consejo de Participación Ciudadana designe a un nuevo fiscal. Páez presume que existen intereses políticos detrás del proceso que se intenta seguir contra Pesántez, puesto que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, el Procurador y el Contralor también están en esas funciones por encargo de la Asamblea de Montecristi. (hoy)
Además, aseguró que en el Pleno del Legislativo no hay suficientes votos para destituir al fiscal.
Horas más tarde, Pesántez en rueda de prensa descartó su dimisión y recordó que está en ese puesto por un mandato de la Constituyente de Montecristi, tras ganar un concurso de méritos y oposición.
Ante tal situación, varios legisladores se pronunciaron a favor entablarle un juicio político, pues admitieron que el pedido de renuncia no es vinculante, es decir, que el funcionario no está obligado a acatarlo.
Ángel Vilema (AP) y Jorge Escala (MPD) coincidieron en que lo oportuno es tramitar un juicio político porque la causal no es un accidente de tránsito sino la forma como Pesántez y la Fiscalía manejaron el caso del atropellamiento y muerte de la colombiana Natalia Emme Bedoya, hecho en el que está involucrada Aliz Borja, esposa del fiscal general.
Virgilio Hernández, (AP) dijo que si se configuran las causales para pedir el enjuiciamiento se procederá con el trámite. El oficialista también denunció que en el transcurso de esta semana él y otros coidearios han sido víctimas de amenazas, intimidaciones y presiones, aunque no precisó nombres.
Hernández también rechazó la participación de varios fiscales en la rueda de prensa ofrecida ayer por Pesántez para rechazar la resolución de la Asamblea. "Si es que estuvo acompañado por los jueces distritales de Pichincha está prostituyendo la Fiscalía", sentenció.
Pese a las duras críticas de Hernández, en AP también hubo criterios afines al fiscal. Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, aseguró que no existen causales para el enjuiciamiento.
Cordero sostuvo que el compromiso de Pesántez de iniciar sumarios administrativos en contra de los fiscales que suscribieron el comunicado publicado en diario El Comercio el 19 de enero, en solidaridad con el fiscal general y su esposa, es una muestra de que la Fiscalía está actuado de forma imparcial.
"La reacción del fiscal es la que esperábamos en la Asamblea, la exhortación fue para que la Fiscalía sea imparcial", señaló.
Vicente Taiano (Prian) y Andrés Páez (ID) coincidieron con Cordero en que el juicio político no procede, ya que Pesántez anunció el inicio de sumarios administrativos a los fiscales.
Alfredo Ortiz (ADE), de su parte, dijo que lo pertinente es reformar el mandato por el que se le encargó la Fiscalía a Pesántez. Hernández lo descartó, al precisar que la actual Asamblea no tiene la mismas facultades que la Constituyente de Montecristi. Así, las cosas, Pesántez solo podrá abandonar el cargo cuando el Consejo de Participación Ciudadana designe a un nuevo fiscal. Páez presume que existen intereses políticos detrás del proceso que se intenta seguir contra Pesántez, puesto que los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, el Procurador y el Contralor también están en esas funciones por encargo de la Asamblea de Montecristi. (hoy)
