Con votos 58 afirmativos, 1 negativo, 3 blancos y 39 abstenciones, el pleno de la Asamblea, rechazó la forma en que la Fiscalía, institución encargada de la dirección de la investigación preprocesal y procesal penal, viene desarrollando su tarea en relación a los acontecimientos de conocimiento público en los que se encuentra involucrada la doctora Aliz Borja Cabrera, cónyuge del Fiscal General del Estado y del cual resultara fallecida Natalia Emme Bedoya
Advirtió que la Fiscalía, en este caso, ha incumplido lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución, esto es, que ejerza la acción pública con especial atención al interés general y a los derechos de las víctimas.
Así mismo rechazó las expresiones del Fiscal en contra de las actuaciones de la Asamblea Nacional y de las y los asambleístas individualmente considerados, quienes en uso de sus facultades constitucionales y legales, han cuestionado el rol de la Fiscalía y de su máxima autoridad, en el caso mencionado.
Exigió la destitución inmediata de las y los fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado que suscribieron y autorizaron la inclusión de su nombre o se ratificaron en el contenido del remitido y de quienes son responsables del uso no autorizado de los nombres de otros funcionarios que constan en el comunicado publicado el 19 de enero de 2010, en el diario El Comercio en respaldo al Fiscal General, Washington Pesántez.
Afirmó su compromiso de permanecer vigilante y, de ser el caso, llevar adelante sus tareas de fiscalización, entre las que se incluye su facultad de llamar a juicio político a las autoridades que incumplan los deberes que les asignan la Constitución y la ley, en especial referencia a las infracciones que pudieran haber cometido el Fiscal General y los funcionarios mencionados.
La Asamblea Nacional considera que para evitar una mayor crisis en la Función Judicial, el Fiscal General, Washington Pesántez, debe presentar su inmediata renuncia a las funciones de las que es titular.
La resolución se aprobó sobre la base de las propuestas de las asambleístas María Paula Romo y Cynthia Viteri, en las que argumentan que lo expresado en el comunicado publicado en el diario El Comercio, además de contener un lenguaje discriminatorio, constituye una especie de pronunciamiento anticipado sobre hechos que se están investigando; y, por lo tanto, violan las garantías y derechos de las personas involucradas y las obligaciones de imparcialidad, eficiencia, lealtad y otras de actuación procesal que impone la Constitución y las leyes vigentes.
También advirtieron que los abusos del poder por parte del Fiscal General y los funcionarios de la Fiscalía ponen en riesgo la confianza ciudadana y su credibilidad respecto del sistema de administración de justicia. (AN)
Advirtió que la Fiscalía, en este caso, ha incumplido lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución, esto es, que ejerza la acción pública con especial atención al interés general y a los derechos de las víctimas.
Así mismo rechazó las expresiones del Fiscal en contra de las actuaciones de la Asamblea Nacional y de las y los asambleístas individualmente considerados, quienes en uso de sus facultades constitucionales y legales, han cuestionado el rol de la Fiscalía y de su máxima autoridad, en el caso mencionado.
Exigió la destitución inmediata de las y los fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado que suscribieron y autorizaron la inclusión de su nombre o se ratificaron en el contenido del remitido y de quienes son responsables del uso no autorizado de los nombres de otros funcionarios que constan en el comunicado publicado el 19 de enero de 2010, en el diario El Comercio en respaldo al Fiscal General, Washington Pesántez.
Afirmó su compromiso de permanecer vigilante y, de ser el caso, llevar adelante sus tareas de fiscalización, entre las que se incluye su facultad de llamar a juicio político a las autoridades que incumplan los deberes que les asignan la Constitución y la ley, en especial referencia a las infracciones que pudieran haber cometido el Fiscal General y los funcionarios mencionados.
La Asamblea Nacional considera que para evitar una mayor crisis en la Función Judicial, el Fiscal General, Washington Pesántez, debe presentar su inmediata renuncia a las funciones de las que es titular.
La resolución se aprobó sobre la base de las propuestas de las asambleístas María Paula Romo y Cynthia Viteri, en las que argumentan que lo expresado en el comunicado publicado en el diario El Comercio, además de contener un lenguaje discriminatorio, constituye una especie de pronunciamiento anticipado sobre hechos que se están investigando; y, por lo tanto, violan las garantías y derechos de las personas involucradas y las obligaciones de imparcialidad, eficiencia, lealtad y otras de actuación procesal que impone la Constitución y las leyes vigentes.
También advirtieron que los abusos del poder por parte del Fiscal General y los funcionarios de la Fiscalía ponen en riesgo la confianza ciudadana y su credibilidad respecto del sistema de administración de justicia. (AN)
