A pesar del rechazo del Gobierno a los requisitos que exigen los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario–, el año pasado Ecuador tuvo que cumplir con duras condiciones para obtener un crédito de $ 480 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), con el fin de estabilizar su balanza de pagos.
Este ha sido el mayor préstamo recibido por el régimen de parte de un organismo internacional. El FLAR es una institución financiera regional, constituida por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela.
Cuando en marzo pasado la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, y la entonces gerente del Banco Central, Karina Sáenz, firmaron el contrato en Bogotá, hablaron de “condiciones favorables”.
Sin embargo, el contrato del crédito –al que tuvo acceso este Diario– incluye el compromiso de Ecuador de mantener depósitos mínimos en la cuenta del FLAR por $ 250 millones durante el tiempo de vigencia del crédito. Es decir, tres años. En el documento se indica que ese monto irá bajando conforme se vaya pagando la deuda.
Durante el primer año se debe constituir una cuenta especial con $ 60 millones, como provisión de la deuda.
Aunque en el 2008 el gobierno de Rafael Correa ya había declarado la ilegitimidad de una parte de la deuda, el FLAR exigió a Ecuador que reconozca expresamente que “la deuda que se contrae... es legítima y cuenta con todas las autorizaciones constitucionales, legales y reglamentarias”.
La tasa de interés pactada fue la Libor a noventa días (0,5675%) y se estableció una comisión anual de 400 puntos básicos, que equivale al 4% adicional.
Para Marcos López, ex miembro del directorio del Banco Central, “las cláusulas... son durísimas” y reflejan el costo que debe pagar Ecuador como consecuencia de la política sobre deuda externa del Gobierno; sobre todo, al declarar unilateralmente ilegítima la deuda comercial y haberse acogido a la moratoria.
La exigencia de tener $ 250 millones en depósitos significa que en la práctica el FLAR solamente le prestó $ 230 millones, opinó. En definitiva, según López, la tasa real del costo del dinero se ubicaría en el 9,2%.
Entre tanto, la cláusula de ilegitimidad a su juicio es totalmente atípica. Con ella, el Gobierno actual le está negando a cualquier administración que venga a futuro el mismo derecho que este tuvo de declarar ilegítima la deuda.
Además, se pide información periódica sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas.
El de $ 480 millones es el segundo crédito (en menos de cinco años) que recibe Ecuador por parte del FLAR.
El primero, por $ 400 millones, fue gestionado por la ex ministra de Finanzas, Magdalena Barreiro, en el 2005, durante el gobierno de Alfredo Palacio. Barreiro recordó que para la entrega de ese préstamo, el organismo requirió que se cumplan ciertos requisitos financieros, entre los que se cuenta un superávit primario.
Explicó que en ese tiempo no se pidió mantener una cantidad tan importante de recursos como depósitos en el FLAR ni tampoco se impuso una cláusula de legitimidad.
Sin embargo, consideró que en la actual situación “es lógico” que el prestamista imponga esas condiciones, a fin de garantizarse el pago.
El costo del préstamo anterior estuvo dado por la tasa Libor más 2% sobre todo el capital recibido, aclaró Barreiro.
Este Diario hizo un requerimiento de información al FLAR para que precise las razones para haber establecido dichas condiciones, pero la respuesta fue que esa información la maneja directamente el Gobierno del Ecuador.(El Universo)
Este ha sido el mayor préstamo recibido por el régimen de parte de un organismo internacional. El FLAR es una institución financiera regional, constituida por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela.
Cuando en marzo pasado la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, y la entonces gerente del Banco Central, Karina Sáenz, firmaron el contrato en Bogotá, hablaron de “condiciones favorables”.
Sin embargo, el contrato del crédito –al que tuvo acceso este Diario– incluye el compromiso de Ecuador de mantener depósitos mínimos en la cuenta del FLAR por $ 250 millones durante el tiempo de vigencia del crédito. Es decir, tres años. En el documento se indica que ese monto irá bajando conforme se vaya pagando la deuda.
Durante el primer año se debe constituir una cuenta especial con $ 60 millones, como provisión de la deuda.
Aunque en el 2008 el gobierno de Rafael Correa ya había declarado la ilegitimidad de una parte de la deuda, el FLAR exigió a Ecuador que reconozca expresamente que “la deuda que se contrae... es legítima y cuenta con todas las autorizaciones constitucionales, legales y reglamentarias”.
La tasa de interés pactada fue la Libor a noventa días (0,5675%) y se estableció una comisión anual de 400 puntos básicos, que equivale al 4% adicional.
Para Marcos López, ex miembro del directorio del Banco Central, “las cláusulas... son durísimas” y reflejan el costo que debe pagar Ecuador como consecuencia de la política sobre deuda externa del Gobierno; sobre todo, al declarar unilateralmente ilegítima la deuda comercial y haberse acogido a la moratoria.
La exigencia de tener $ 250 millones en depósitos significa que en la práctica el FLAR solamente le prestó $ 230 millones, opinó. En definitiva, según López, la tasa real del costo del dinero se ubicaría en el 9,2%.
Entre tanto, la cláusula de ilegitimidad a su juicio es totalmente atípica. Con ella, el Gobierno actual le está negando a cualquier administración que venga a futuro el mismo derecho que este tuvo de declarar ilegítima la deuda.
Además, se pide información periódica sobre el comportamiento de las principales variables macroeconómicas.
El de $ 480 millones es el segundo crédito (en menos de cinco años) que recibe Ecuador por parte del FLAR.
El primero, por $ 400 millones, fue gestionado por la ex ministra de Finanzas, Magdalena Barreiro, en el 2005, durante el gobierno de Alfredo Palacio. Barreiro recordó que para la entrega de ese préstamo, el organismo requirió que se cumplan ciertos requisitos financieros, entre los que se cuenta un superávit primario.
Explicó que en ese tiempo no se pidió mantener una cantidad tan importante de recursos como depósitos en el FLAR ni tampoco se impuso una cláusula de legitimidad.
Sin embargo, consideró que en la actual situación “es lógico” que el prestamista imponga esas condiciones, a fin de garantizarse el pago.
El costo del préstamo anterior estuvo dado por la tasa Libor más 2% sobre todo el capital recibido, aclaró Barreiro.
Este Diario hizo un requerimiento de información al FLAR para que precise las razones para haber establecido dichas condiciones, pero la respuesta fue que esa información la maneja directamente el Gobierno del Ecuador.(El Universo)
