Ayer, María Paula Romo, Ángel Vilema, Gina Godoy y Paco Velasco, todos asambleístas del oficialista Alianza País (AP), indicaron que esa bancada analiza si hay méritos suficientes para iniciar el proceso.
"Para que la Asamblea pueda asegurar la salida de Pesántez se necesita un juicio político que conlleve a su destitución", sostuvo María Paula Romo, al tiempo de asegurar que ella sí encuentra méritos para sustentar el proceso, aunque anticipó que el análisis del tema debe ser serio y evitando caer en cualquier tipo de provocación.
Con ella coincidieron Rodolfo Baquerizo y Vicente Taiano, del Prian; Diana Atamaint, de Pachakutik y Alfredo Ortiz, del ADE, quienes aseguraron que si existe el argumento jurídico votarán para iniciar un juicio político a Pesántez.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que es causal del juicio político "el incumplimiento de las funciones que asignan la Constitución y la Ley" a los funcionarios públicos sujetos de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de terminadas su funciones.
Al respecto, Gina Godoy indicó que Pesántez, "siendo la cabeza del Ministerio Público, no se dio cuenta de lo que hacían sus subalternos", en referencia al comunicado publicado en diario El Comercio el pasado 19 de enero, en el cual 61 fiscales provinciales y directores nacionales de la Fiscalía, se solidarizaban con Pesántez y su esposa, Aliz Borja, involucrada en el atropellamiento y muerte de Natalia Emme, hecho ocurrido el 14 de enero.
"Hay una clara parcialización de la justicia. Esa muestra de afecto para una de las partes y la descalificación para la otra es lo que evidencia que desde la Fiscalía existió prevaricato", aseguró Paco Velasco, asambleísta de AP.
Así las cosas, la solicitud para iniciar el juicio político al fiscal Pesántez al momento contaría con las 33 firmas de respaldo, es decir con la tercera parte de asambleístas, mínimo requerido para que sea admitida por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Otra opción, según Ortiz, es reformar el mandato por el cual la Constituyente de Montecristi le encargó el puesto a Pesántez , de manera temporal, hasta que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que asumiría funciones en marzo, designe al nuevo fiscal. "Existe el antecedente de haber reformado otros mandatos constituyentes, éste puede tener el mismo trámite", dijo Ortiz.
Ortiz recuerda que los mandatos 2, sobre salarios de los funcionarios públicos; el 8 referente a la tercerización laboral; el 10 sobre la portabildad numérica; y el 14, sobre universidades, ya fueron modificados por la Asamblea, para garantizar su aplicabilidad. (GM)
"Para que la Asamblea pueda asegurar la salida de Pesántez se necesita un juicio político que conlleve a su destitución", sostuvo María Paula Romo, al tiempo de asegurar que ella sí encuentra méritos para sustentar el proceso, aunque anticipó que el análisis del tema debe ser serio y evitando caer en cualquier tipo de provocación.
Con ella coincidieron Rodolfo Baquerizo y Vicente Taiano, del Prian; Diana Atamaint, de Pachakutik y Alfredo Ortiz, del ADE, quienes aseguraron que si existe el argumento jurídico votarán para iniciar un juicio político a Pesántez.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que es causal del juicio político "el incumplimiento de las funciones que asignan la Constitución y la Ley" a los funcionarios públicos sujetos de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, durante el ejercicio del cargo y hasta un año después de terminadas su funciones.
Al respecto, Gina Godoy indicó que Pesántez, "siendo la cabeza del Ministerio Público, no se dio cuenta de lo que hacían sus subalternos", en referencia al comunicado publicado en diario El Comercio el pasado 19 de enero, en el cual 61 fiscales provinciales y directores nacionales de la Fiscalía, se solidarizaban con Pesántez y su esposa, Aliz Borja, involucrada en el atropellamiento y muerte de Natalia Emme, hecho ocurrido el 14 de enero.
"Hay una clara parcialización de la justicia. Esa muestra de afecto para una de las partes y la descalificación para la otra es lo que evidencia que desde la Fiscalía existió prevaricato", aseguró Paco Velasco, asambleísta de AP.
Así las cosas, la solicitud para iniciar el juicio político al fiscal Pesántez al momento contaría con las 33 firmas de respaldo, es decir con la tercera parte de asambleístas, mínimo requerido para que sea admitida por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Otra opción, según Ortiz, es reformar el mandato por el cual la Constituyente de Montecristi le encargó el puesto a Pesántez , de manera temporal, hasta que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que asumiría funciones en marzo, designe al nuevo fiscal. "Existe el antecedente de haber reformado otros mandatos constituyentes, éste puede tener el mismo trámite", dijo Ortiz.
Ortiz recuerda que los mandatos 2, sobre salarios de los funcionarios públicos; el 8 referente a la tercerización laboral; el 10 sobre la portabildad numérica; y el 14, sobre universidades, ya fueron modificados por la Asamblea, para garantizar su aplicabilidad. (GM)
