Washington Pesántez, fiscal general, al referirse ayer a las presuntas irregularidades ocurridas al interior de la Corte Constitucional (CC) en el tema de la Cervecería Nacional (CN), resaltó que "la opinión pública y la ciudadanía necesitan una explicación jurídica sobre el cometimiento de estos actos".Señaló esto en alusión a la denuncia del asambleísta Galo Lara de que CN habría desembolsado $1 millón para conseguir un fallo favorable de la CC para no pagar una indemnización de $90,9 millones a 700 extrabajadores de CN, por utilidades impagas entre 1990 y 2005, y una suma millonaria de intereses que acarrea desde hace 21 años.
Pesántez indicó que la Fiscalía sigue investigando y, en los próximos días, se emitirá una resolución.
Por su parte, en diálogo con la prensa en uno de los salones de un hotel capitalino, el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, intentó demostrar que al denunciarse aspectos como el caso de CN y certificar el beneficio de la amnistía en favor de Floresmilo Villalta, ambientalista que tenía sentencia de 16 años por violación, indicó que la Asamblea de Montecristi fue la que remitió el listado de las personas que, por presuntas acciones civiles, obtendrían tal beneficio.
Destacó que es injusto que solo se vean esas dos acciones que están en proceso de investigación contra la CC, y no se vea todo lo que esta Corte Constitucional de transición ha hecho en cuatro años de gestión, en los que se ha decidido en 7 700 causas en donde estaban en juego derechos de miles de personas y en juego millones de dólares.
