La ministra Ponce resaltó que la iniciativa del Ejecutivo no es para un determinado grupo o sector, sino que tiene el carácter de inclusiva, es decir está concebida para los diferentes sectores de la economía popular y solidaria.
“Lo que hará la ley es fortalecer, fomentar y proteger lo que hacen los actores de este sector de la economía; así como normar su constitución, organización y funcionamiento y extinción de las personas y organizaciones; instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios; y, establecer la respectiva institucionalidad pública”, aseveró la funcionaria de Estado.
Ponce destacó que el proyecto se asienta en dos pilares: las organizaciones encargadas de ofrecer bienes y servicios; y, las entidades financieras que sostienen a la economía popular y solidaria, como las cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunales y otras iniciativas, aún no visibilizadas.
Además de la Ministra, también expresaron su criterio Magdalena León, representante de los movimientos sociales; Gloria Vaquero, dirigente del Centro Comercial Hermano Miguel; Edmundo Narváez de la Coordinadora de Pequeños Comerciantes; Héctor Carrillo, dirigente de las organizaciones sociales del sur de Quito; Martha Ruiz del Centro Comercial Ipiales; y, Julia Cano de la Asociación Libertad, Paz y Justicia.
Los dirigentes resaltaron la importancia del proyecto de ley, porque constituye una oportunidad para que se considere a las organizaciones vinculadas directamente con quienes poseen menos recursos económicos.
De su parte, Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico, subrayó que durante el plazo que existe para tratar un proyecto urgente se privilegiará la participación de los sectores relacionados con la iniciativa legal. Informó que hoy comparecerá a la Comisión la ministra coordinadora del Desarrollo Social, Jeannette Sánchez y mañana, existirá una videoconferencia dirigida a dirigentes de cinco provincias.