Más de dos años se discutió la creación de una ley para la economía popular. Ahora que se cristalizó el proyecto, hay inconformidad en el sector. Los comerciantes minoristas y los microempresarios no se sienten representados en la propuesta. Por otro lado, las cooperativas tienen también observaciones, pese a que la mayor parte del articulado se refiere a este sector.
La Asamblea inició el tratamiento del proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria la semana pasada, luego de que el Ejecutivo lo envió con el carácter de económico urgente, por lo que hay un límite de 30 días para aprobarla.
¿Qué dice la Ley?
La propuesta clasifica y define en categorías a las diferentes actividades a considerarse como economía popular. Entre estas constan: emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, minoristas, artesanales, redes de finanzas populares (cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro).
Sin embargo, sólo en el tema financiero se establecen normas generales, sobre todo relacionado a las cooperativas. En cuanto al resto de sectores, sólo hay definiciones.
El proyecto además crea una Superintendencia y un Institutito de Economía Popular y Solidaria. La Corporación Nacional de Finanzas Populares también verá la luz. Éstos vienen a ser los entes reguladores y rectores. De hecho, la Superintendencia se encargará del registro de la constitución de cada una de las actividades y exigirá el reporte periódico a todas.
También se crea el Fondo de Liquidez del sector financiero popular y solidario para que sirva de apoyo en momentos de crisis. Concederá créditos en casos de deficiencias de liquidez que tengan las organizaciones del sector.
Según el proyecto, el Fondo se creará mediante aporte diferenciado por todos los actores y operará a través de un fideicomiso mercantil de inversión. Este fideicomiso será controlado por la Superintendencia.
Jaime Dueñas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, indicó que en el ámbito cooperativo se deja de lado un tema importante para garantizar el cobro de créditos. “Vamos a pedir que se incluya que las cooperativas pueden hacer descuentos de los sueldos de los socios si estos lo autorizan”.
Otro tema en el que no están de acuerdo es que el Fondo de Liquidez sea manejado por la Superintendencia. “Esos no son dineros públicos, son dineros privados, por tanto deben ser manejados por técnicos de las propias cooperativas. Además, no vaya a ser el caso que el Gobierno necesite plata y la tome de ese fondo”, advirtió Dueñas.
De su lado, Janeth Pérez, presidenta de la Asociación de Microempresarios de Quito, señaló que la Ley no les toma en cuenta. “Sólo se nos cita en el texto y se da una serie de definiciones como para justificar el nombre de la Ley, pero no se resuelve nada. Se trata de una reforma a la Ley de Cooperativas, porque la mayor parte del proyecto sólo define a ese sector”, explicó.
Sobre las normas que el sector necesita y que no están en la Ley, Pérez indicó que “se deja de lado el aspecto del salario diferenciado para este sector, porque los microempresarios tenemos otro tipo de trabajo, de mecánica y la relación laboral”.
La Asamblea inició el tratamiento del proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria la semana pasada, luego de que el Ejecutivo lo envió con el carácter de económico urgente, por lo que hay un límite de 30 días para aprobarla.
¿Qué dice la Ley?
La propuesta clasifica y define en categorías a las diferentes actividades a considerarse como economía popular. Entre estas constan: emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, minoristas, artesanales, redes de finanzas populares (cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro).
Sin embargo, sólo en el tema financiero se establecen normas generales, sobre todo relacionado a las cooperativas. En cuanto al resto de sectores, sólo hay definiciones.
El proyecto además crea una Superintendencia y un Institutito de Economía Popular y Solidaria. La Corporación Nacional de Finanzas Populares también verá la luz. Éstos vienen a ser los entes reguladores y rectores. De hecho, la Superintendencia se encargará del registro de la constitución de cada una de las actividades y exigirá el reporte periódico a todas.
También se crea el Fondo de Liquidez del sector financiero popular y solidario para que sirva de apoyo en momentos de crisis. Concederá créditos en casos de deficiencias de liquidez que tengan las organizaciones del sector.
Según el proyecto, el Fondo se creará mediante aporte diferenciado por todos los actores y operará a través de un fideicomiso mercantil de inversión. Este fideicomiso será controlado por la Superintendencia.
Jaime Dueñas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, indicó que en el ámbito cooperativo se deja de lado un tema importante para garantizar el cobro de créditos. “Vamos a pedir que se incluya que las cooperativas pueden hacer descuentos de los sueldos de los socios si estos lo autorizan”.
Otro tema en el que no están de acuerdo es que el Fondo de Liquidez sea manejado por la Superintendencia. “Esos no son dineros públicos, son dineros privados, por tanto deben ser manejados por técnicos de las propias cooperativas. Además, no vaya a ser el caso que el Gobierno necesite plata y la tome de ese fondo”, advirtió Dueñas.
De su lado, Janeth Pérez, presidenta de la Asociación de Microempresarios de Quito, señaló que la Ley no les toma en cuenta. “Sólo se nos cita en el texto y se da una serie de definiciones como para justificar el nombre de la Ley, pero no se resuelve nada. Se trata de una reforma a la Ley de Cooperativas, porque la mayor parte del proyecto sólo define a ese sector”, explicó.
Sobre las normas que el sector necesita y que no están en la Ley, Pérez indicó que “se deja de lado el aspecto del salario diferenciado para este sector, porque los microempresarios tenemos otro tipo de trabajo, de mecánica y la relación laboral”.
