Ayer los asambleístas Andrés Páez (ID) y César Montúfar (CND) presentaron en la Fiscalía General del Estado una denuncia sobre el presunto peculado en el que habrían incurrido el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Omar Simon, así como el gerente general de Correos del Ecuador, Roberto Cavanna.La denuncia se basa en la entrega simultánea, por parte de la empresa pública, de las notificaciones a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), un ejemplar del rotativo gobiernista El Ciudadano y un tríptico promoviendo el Sí en la consulta popular del 7 de mayo.
Páez dijo que eso revela un abuso de fondos públicos y bienes del Estado para beneficiar a un sujeto político de la campaña electoral como es el presidente, Rafael Correa y agregó que no existe en el país un antecedente similar.
“Se ha empañado el proceso justo al inicio, por ello hay que investigar quién puso esa documentación junta para repartirla”, enfatizó. Montúfar mencionó que para que haya equidad en el proceso se debe denunciar el uso de recursos públicos para promocionar el Sí.
“Hay vallas, pancartas, publicidad de ministerios, el mismo desplazamiento de Correa en el avión y carros del Estado él tiene todo el derecho a hacer campaña pero no puede usar bienes públicos”, señaló.
Defensa y críticas
Simon se defendió señalando que el contrato suscrito con la empresa de Correos no contemplaba la entrega de ningún material adicional y expresó que se está investigando el caso. “El CNE tomará las medidas necesarias de ser necesarias”, comentó en radio Democracia.
En tanto, el consejero del CNE, Fausto Camacho, calificó como una locura a la denuncia y señaló que esta se debe a una estrategia de proselitismo. Asimismo, dijo que Correos del Ecuador debe suspender la distribución del inserto promocional, cuyo texto dice: “Si la Patria consulta tú sí respondes”.
La consejera del CNE, Marcia Caicedo, mencionó que es absurdo responsabilizar a un cartero de haber hecho esa repartición y dijo que lamentablemente en este caso se pretende romper la cuerda por el lado más débil.
“El CNE debe demostrar a los ecuatorianos cuál es la participación en el hecho, porque se ha usado la misma base de datos de los miembros de las juntas receptoras del voto para repartir material promocional, hay que investigar quienes son los autores y cómplices”, advirtió.
Caicedo dijo esto luego de presentar un informe sobre las presuntas irregularidades que se han producido en el proceso de la consulta popular que fue convocada el pasado 8 de marzo.
Según el documento, se ha determinado que hubo una campaña anticipada, que existe el uso de fondos y bienes del Estado, así como publicidad oficial no autorizada.
Caicedo dijo que presentaría su informe ante el Pleno del CNE para que se resuelva si se remite o no al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que es el organismo encargado de sancionar.
Caicedo dijo que esto genera una desventaja en la participación de los 60 participantes calificados por el CNE, además señaló que el organismo tendrá que disponer que se retiren las vallas que promueven una figura política u opción a favor o en contra de la consulta, así como suspender la transmisión de la propaganda no autorizada.
Con ello coincidió Camacho, quien añadió que si el pleno del CNE resuelve, se dispondrá a las entidades implicadas que se retire las mencionadas vallas en un plazo de 48 horas.
Una eventual imputación al presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, por el delito de peculado, tendría que esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) o en su defecto un informe de la Contraloría General del Estado en el que se establezca indicios de responsabilidad penal.
Así les hizo saber el fiscal subrogante Alfredo Alvear a los denunciantes, a quienes además les exhortó a tomar cartas en el asunto, porque la CC se ha tomado casi siete meses y ni siquiera ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Fiscalía a la resolución de la Corte Nacional de Justicia , por la cual se introdujo esa modalidad del informe previo de la Contraloría para iniciar las instrucciones fiscales en los delitos de acción pública.
