Los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita aún no han sido notificados por la demanda que les planteó el presidente Rafael Correa, por supuesto daño moral.
Este proceso se inició el 28 de febrero, por la publicación del libro ‘El Gran Hermano’, que recopiló la investigación que hizo diario Expreso en el 2009, sobre los contratos que las empresas vinculadas con el hermano del Presidente, Fabricio Correa, suscribieron con el Estado.
El argumento judicial es que no se ha podido ubicar a Calderón ni a Zurita en los lugares que fueron planteados por el Jefe de Estado como sus residencias. El lunes, la Sala de Notificaciones de la Corte de Pichincha devolvió el documento al Juzgado Quinto de lo Civil, para que Correa inscribiera la dirección correcta.
Mientras esto se concreta, aparecen sectores que se han solidarizado con los dos periodistas.
Uno de ellos es la Unión Nacional de Periodistas (UNP), que ayer se reunió para planificar una estrategia para respaldar a los reporteros. Según el titular de la organización, Vicente Ordóñez, una de las opciones es brindarles asesoría legal a través del convenio que mantiene la UNP con la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
La UNP se pronunciará en respaldo de sus dos socios, para evitar que el proceso legal termine en una sentencia a favor del Primer Mandatario.
Ayer los asambleístas de oposición intentaron aprobar una resolución para que Correa desista de la demanda judicial. “Exigimos al Presidente que respete y garantice los principios y derechos consagrados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales sobre libertad de expresión. Se abstenga de proferir adjetivos descalificadores en contra de los ciudadanos-periodistas por el solo hecho de emitir opiniones críticas al Gobierno”.
Este proyecto fue presentado por el asambleísta Enrique Herrería, de Madera de Guerrero. Sin embargo, los legisladores de Alianza País no dieron paso a esta solicitud. Solo obtuvo 47 votos a favor, de 95 presentes.
Para Herrería, este proceso civil solamente busca “escarmentar e intimidar a los periodistas para que no se critique al Presidente ni a su Gobierno, que es uno de los más corruptos de la historia”.
Este proceso se inició el 28 de febrero, por la publicación del libro ‘El Gran Hermano’, que recopiló la investigación que hizo diario Expreso en el 2009, sobre los contratos que las empresas vinculadas con el hermano del Presidente, Fabricio Correa, suscribieron con el Estado.
El argumento judicial es que no se ha podido ubicar a Calderón ni a Zurita en los lugares que fueron planteados por el Jefe de Estado como sus residencias. El lunes, la Sala de Notificaciones de la Corte de Pichincha devolvió el documento al Juzgado Quinto de lo Civil, para que Correa inscribiera la dirección correcta.
Mientras esto se concreta, aparecen sectores que se han solidarizado con los dos periodistas.
Uno de ellos es la Unión Nacional de Periodistas (UNP), que ayer se reunió para planificar una estrategia para respaldar a los reporteros. Según el titular de la organización, Vicente Ordóñez, una de las opciones es brindarles asesoría legal a través del convenio que mantiene la UNP con la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
La UNP se pronunciará en respaldo de sus dos socios, para evitar que el proceso legal termine en una sentencia a favor del Primer Mandatario.
Ayer los asambleístas de oposición intentaron aprobar una resolución para que Correa desista de la demanda judicial. “Exigimos al Presidente que respete y garantice los principios y derechos consagrados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales sobre libertad de expresión. Se abstenga de proferir adjetivos descalificadores en contra de los ciudadanos-periodistas por el solo hecho de emitir opiniones críticas al Gobierno”.
Este proyecto fue presentado por el asambleísta Enrique Herrería, de Madera de Guerrero. Sin embargo, los legisladores de Alianza País no dieron paso a esta solicitud. Solo obtuvo 47 votos a favor, de 95 presentes.
Para Herrería, este proceso civil solamente busca “escarmentar e intimidar a los periodistas para que no se critique al Presidente ni a su Gobierno, que es uno de los más corruptos de la historia”.
