Caicedo se basa en el artículo 219 de la Constitución, que da atribuciones a los miembros del CNE para controlar el gasto electoral.
En cuanto al uso indebido de fondos públicos, Caicedo dijo que ante información de varios medios de comunicación sobre publicidad anticipada en entidades públicas, así como la entrega de propaganda por el "Sí" junto con la notificación del CNE a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), podría inducir su accionar.
"Adicionalmente, tanto en mi despacho como a través de notas de prensa, se conoce denuncias de uso de fondos públicos e infraestructura estatal, en actos de evidente campaña electoral (anticipada e ilegal)" dice el informe de la consejera.
Respecto a la divulgación de publicidad no autorizada por el Consejo, en un monitoreo que Caicedo dijo lo realizó por su cuenta, encontró que la Presidencia de la República y el Ministerio de la Producción difundieron publicidad negada por el CNE.
Además, la Fiscalía General, el Ministerio de Salud, el Municipio de Quito y la Defensoría del Pueblo, difundieron propaganda que, pese a no referirse a la consulta, debio ser autorizada por el organismo electoral, pero Caicedo indicó que ni siquiera se la solicitó.
Por las irregularidades detectadas, la consejera pidió que el Pleno del CNE ordene el retiro de vallas y de todo tipo de publicidad que infrinja le ley.
Con ella coincidió el vocal Fausto Camacho, quien dijo haber recibido denuncias de vallas no autorizadas colocadas en la carretera Quito-Papallacta-Baeza (ver foto). Ël destaca la denecsidad de fijar 48 horas de plazo para que sean retiradas.
Camacho también exige prohibir la distribución del inserto que promueve el "Sí" denominado: "Si la patria consulta tú sí respondes", dentro del periódico oficial El Ciudadano, junto con las notificaciones a los miembros de las JRV.
A estas acciones de carácter administrativo, pedidas por Caicedo y Camacho, este último dijo que se sumarían el envío de un expediente en el que se ponga en conocimiento la Contraloría General del Estado y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), todas las irregularidades detectadas, a fin de que esos organismos inicien las investigaciones que consideren pertinentes, para esclarecer los hechos y se dicte las sanciones correspondientes.
El consejero Camacho solicitó, además, que el Pleno disponga habilitar un línk en la página web del CNE y un número telefónico para la recepción de denuncias, que ayuden a llevar adelante la investigación de las mencionadas irregularidades.