La inclusión de una pregunta que busca regular la emisión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o discriminatorios, en la Consulta Popular planteada por el presidente de la República, Rafael Correa, ha generado la reacción de las empresas vinculadas a la comunicación y de sectores de oposición.
La pregunta 9 de los temas de Consulta Popular plantea a los ecuatorianos si “están de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores”.
Las voces críticas advierten de un mandatario que pretende controlar a la prensa y limitar así el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el presidente Correa ha señalado en diversos espacios que la intención garantizar los derechos de las personas –consagrados en la Constitución vigente- de los eventuales excesos de la prensa.
Exposición de motivos
En la petición presidencial, se señala que los cambios experimentados a partir del avance tecnológico, en especial en el campo de la comunicación, han revolucionado las relaciones humanas, de manera positiva y negativa.
El Presidente afirma que la televisión y los medios de comunicación masiva son la fuente principal fuente de información y guía de las ideas de las personas en el mundo contemporáneo. En este contexto, al ser la televisión el medio de comunicación masivo más importante, debe servir, antes que todo, de orientador positivo de la sociedad; de acuerdo con el criterio expresado, este rol fundamental muchas veces no es atendido adecuadamente, puesto que en la producción de mensajes televisivos se priorizan las ganancias de los dueños de la industria del entretenimiento, antes que la calidad de los mensajes.
Como resultado de esto, se indica que la sociedad ecuatoriana registra cada vez más altos índices de violencia que se expresa de diversas maneras, entre ellas, el machismo, la agresividad para con los demás, la discriminación, entre otras.
Y en ese sentido, es un deber del Estado garantizar los derechos de las personas y mejorar sus condiciones de vida, para lo cual, el Presidente de la República, considera que es necesario preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que se regule y se prohíba la difusión de programas y mensajes televisivos con contenido violento.
Dos años se ha bloqueado creación de la ley
El Presidente Correa ha manifestado que pese a que la creación de la ley de comunicación es un mandato constitucional, que se ha discutido durante dos años en la Asamblea Nacional, los dueños de medio, haciendo causa común, la han boicoteado.
Dijo que contrario a lo que sostiene la prensa, la actual ley (dictada en el gobierno conservador del presidente Sixto Durán Ballén) establece un Consejo de Regulación que tiene mayoría del Ejecutivo.
“Ni siquiera buscamos eso, pero sí creemos que es sano que el Gobierno tenga representante en el Consejo, la prensa que ya está manipulando dice que queremos dominar el Consejo. Falso. La propia UNESCO qué hay de malo en que el Gobierno participe del Consejo”, sostuvo el mandatario en una entrevista radial.
Dijo que por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en los que se prohíbe publicar malas palabras y a nadie se le ha ocurrido decir que en ese país no hay libertad de prensa.
La pregunta 9 de los temas de Consulta Popular plantea a los ecuatorianos si “están de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores”.
Las voces críticas advierten de un mandatario que pretende controlar a la prensa y limitar así el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, el presidente Correa ha señalado en diversos espacios que la intención garantizar los derechos de las personas –consagrados en la Constitución vigente- de los eventuales excesos de la prensa.
Exposición de motivos
En la petición presidencial, se señala que los cambios experimentados a partir del avance tecnológico, en especial en el campo de la comunicación, han revolucionado las relaciones humanas, de manera positiva y negativa.
El Presidente afirma que la televisión y los medios de comunicación masiva son la fuente principal fuente de información y guía de las ideas de las personas en el mundo contemporáneo. En este contexto, al ser la televisión el medio de comunicación masivo más importante, debe servir, antes que todo, de orientador positivo de la sociedad; de acuerdo con el criterio expresado, este rol fundamental muchas veces no es atendido adecuadamente, puesto que en la producción de mensajes televisivos se priorizan las ganancias de los dueños de la industria del entretenimiento, antes que la calidad de los mensajes.
Como resultado de esto, se indica que la sociedad ecuatoriana registra cada vez más altos índices de violencia que se expresa de diversas maneras, entre ellas, el machismo, la agresividad para con los demás, la discriminación, entre otras.
Y en ese sentido, es un deber del Estado garantizar los derechos de las personas y mejorar sus condiciones de vida, para lo cual, el Presidente de la República, considera que es necesario preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que se regule y se prohíba la difusión de programas y mensajes televisivos con contenido violento.
Dos años se ha bloqueado creación de la ley
El Presidente Correa ha manifestado que pese a que la creación de la ley de comunicación es un mandato constitucional, que se ha discutido durante dos años en la Asamblea Nacional, los dueños de medio, haciendo causa común, la han boicoteado.
Dijo que contrario a lo que sostiene la prensa, la actual ley (dictada en el gobierno conservador del presidente Sixto Durán Ballén) establece un Consejo de Regulación que tiene mayoría del Ejecutivo.
“Ni siquiera buscamos eso, pero sí creemos que es sano que el Gobierno tenga representante en el Consejo, la prensa que ya está manipulando dice que queremos dominar el Consejo. Falso. La propia UNESCO qué hay de malo en que el Gobierno participe del Consejo”, sostuvo el mandatario en una entrevista radial.
Dijo que por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en los que se prohíbe publicar malas palabras y a nadie se le ha ocurrido decir que en ese país no hay libertad de prensa.
