La demanda fue planteada por Carlos Cevallos Melo, apoderado especial de Hernando Segura, vicepresidente de Asuntos Corporativos de CN.
En su demanda, Cevallos sostiene que los magistrados “fallaron contra norma expresa, mostrando afecto con el accionante y desafecto contra la Cervecería”, al otorgar la acción y fallar en contra de la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, que adujo falta de competencia para ordenar el pago de utilidades.
La querella sostiene que los jueces vulneraron el art. 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando ordenaron, sin que medie un juicio verbal sumario, el depósito de $ 90,9 millones, y el art. 573 del Código de Trabajo, al resolver una controversia de carácter laboral sin tener la competencia, ni seguir el trámite.
Además sostiene que violaron el art. 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos, por haber resuelto a través de una acción de protección un acto administrativo que debía impugnarse previamente a través de la vía contenciosa administrativa.
Los exempleados de CN pusieron una acción de protección para que se anule la resolución del ministro, ya que este les dio un trato discriminatorio en el caso Holcim.