El ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, anunció en septiembre pasado que el Régimen aspiraba a finalizar la negociación hasta fines del año pasado.
Pero ello no se concretó y la negociación se inició ayer con la compañía canadiense International Minerals Corporation (IMC), que tiene a su cargo el proyecto Río Blanco, en la parroquia Molleturo, provincia del Azuay.
Este forma parte de los cinco proyectos estratégicos definidos por el Gobierno junto con Mirador de Ecuacorriente; Panantza - San Carlos de Explorcobres (subsidiaria de Ecuacorriente); Fruta del Norte de Kinross-Aurelian; y Quimsacocha de IamGold.
Técnicos cercanos a la negociación, que pidieron la reserva, indicaron que no hay un plazo máximo para la firma de los nuevos contratos, pero que se espera concretar el tema hasta marzo.
IMC recibió un primer borrador de modelo contractual con especificaciones de orden técnico, jurídico, económico y tributario.
Cuatro son los puntos críticos de la negociación. El primero es determinar el porcentaje de regalías para el Estado. Según la Ley Minera, este valor será de al menos el 5% de las ventas generadas por las compañías que exporten minerales.
El porcentaje que se defina en el contrato determinará la rentabilidad de un proyecto minero.
Un segundo aspecto crítico es la repartición de las utilidades extraordinarias. De acuerdo con la Ley Minera, el Estado recibirá el 70% de las ganancias adicionales que se generen por un incremento en el precio de los minerales, mientras que la empresa se quedará con el 30% restante.
El contrato deberá determinar el precio base del metal explotado, en función del cual se definirá desde dónde arrancarán las utilidades extraordinarias.
Otros dos puntos sensibles son los gastos deducibles del Impuesto a la Renta y el marco de protección para los inversionistas.
El proyecto Río Blanco finalizó ya la etapa de exploración avanzada y entregó al Ministerio de Recursos No Renovables el estudio de factibilidad del proyecto.
De firmarse el contrato en el primer semestre de este año, se pasará a la etapa de construcción de la mina que demorará dos años. Eso implica que la explotación de oro y plata comenzaría en el 2014. El proyecto tiene reservas por 605 000 onzas de oro y 4,3 millones de plata. Ello a valor actual implica más de USD 953 millones en recursos, ya que la onza de oro se cotiza en USD 1 360 y la onza de plata en USD 30.
Un siguiente contrato que comenzará a negociarse hoy será el del proyecto Mirador, de la empresa de capital chino Ecuacorriente. Se estima un recurso de 11 000 millones de libras de cobre que en valor actual significaría más de USD 50 000 millones.
El director de la Cámara de Minería del Ecuador, Santiago Cordovez, estima que ambos proyectos requerirán una inversión inicial aproximada de USD 1 000 millones. Destacó que es positivo el inicio de la negociación y que demorará al menos dos meses.
Pero ello no se concretó y la negociación se inició ayer con la compañía canadiense International Minerals Corporation (IMC), que tiene a su cargo el proyecto Río Blanco, en la parroquia Molleturo, provincia del Azuay.
Este forma parte de los cinco proyectos estratégicos definidos por el Gobierno junto con Mirador de Ecuacorriente; Panantza - San Carlos de Explorcobres (subsidiaria de Ecuacorriente); Fruta del Norte de Kinross-Aurelian; y Quimsacocha de IamGold.
Técnicos cercanos a la negociación, que pidieron la reserva, indicaron que no hay un plazo máximo para la firma de los nuevos contratos, pero que se espera concretar el tema hasta marzo.
IMC recibió un primer borrador de modelo contractual con especificaciones de orden técnico, jurídico, económico y tributario.
Cuatro son los puntos críticos de la negociación. El primero es determinar el porcentaje de regalías para el Estado. Según la Ley Minera, este valor será de al menos el 5% de las ventas generadas por las compañías que exporten minerales.
El porcentaje que se defina en el contrato determinará la rentabilidad de un proyecto minero.
Un segundo aspecto crítico es la repartición de las utilidades extraordinarias. De acuerdo con la Ley Minera, el Estado recibirá el 70% de las ganancias adicionales que se generen por un incremento en el precio de los minerales, mientras que la empresa se quedará con el 30% restante.
El contrato deberá determinar el precio base del metal explotado, en función del cual se definirá desde dónde arrancarán las utilidades extraordinarias.
Otros dos puntos sensibles son los gastos deducibles del Impuesto a la Renta y el marco de protección para los inversionistas.
El proyecto Río Blanco finalizó ya la etapa de exploración avanzada y entregó al Ministerio de Recursos No Renovables el estudio de factibilidad del proyecto.
De firmarse el contrato en el primer semestre de este año, se pasará a la etapa de construcción de la mina que demorará dos años. Eso implica que la explotación de oro y plata comenzaría en el 2014. El proyecto tiene reservas por 605 000 onzas de oro y 4,3 millones de plata. Ello a valor actual implica más de USD 953 millones en recursos, ya que la onza de oro se cotiza en USD 1 360 y la onza de plata en USD 30.
Un siguiente contrato que comenzará a negociarse hoy será el del proyecto Mirador, de la empresa de capital chino Ecuacorriente. Se estima un recurso de 11 000 millones de libras de cobre que en valor actual significaría más de USD 50 000 millones.
El director de la Cámara de Minería del Ecuador, Santiago Cordovez, estima que ambos proyectos requerirán una inversión inicial aproximada de USD 1 000 millones. Destacó que es positivo el inicio de la negociación y que demorará al menos dos meses.
