Una solicitud para que se anulen todos los contratos públicos con el hermano mayor del presidente Rafael Correa, hizo el secretario de Transparencia y Gestión de la Presidencia, Alfredo Vera.
La medida, con la que se busca poner fin a la polémica que se ha generado por este tema, la anunció Vera en una rueda de prensa en la que confirmó que el pedido se extendió a los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, a la empresa estatal Petrocomercial y a la eléctrica Hidrolitoral.
Estas entidades, que pertenecen al Estado ecuatoriano, deberán finiquitar los convenios comerciales con Fabricio Correa, porque así lo establece la ley, dijo el secretario de Transparencia.
Explicó que su solicitud va enfocada a que se "inicien los procesos de anulación anticipada y unilateral de los contratos en los que aparece vinculado el ingeniero Fabricio Correa".
Si esta acción se ejecuta, al menos quince contratos, que Fabricio Correa obtuvo en las cuatro instituciones del Estado por un monto aproximado de 118 millones de dólares, se anularán.
Vera explicó que con este proceso se cumplirá con la norma legal que impide a los familiares directos de autoridades ecuatorianas establecer contratos con el Estado.
Temor por obras
El anuncio de la anulación de los contratos que Fabricio Correa celebró con el Estado preocupa a diversos sectores lojanos. Creen que ello retrasará considerablemente los trabajos.
La empresa Cosurca, ahora de propiedad de Fabricio Correa, a través de la compañía panameña Overseas, tiene adjudicados en esta provincia tres contratos: construcción del sifón de Limones, en Zapotillo; y las vías El Empalme-Celica-Alamor, y Pindal-Zapotillo-Lalamor.
El avance de esta obras, según los lojanos, peligra si se acoge el pedido del secretario nacional de Transparencia, Alfredo Vera, de anular los contratos celebrados con Fabricio Correa.
En Zapotillo es donde hay mayor temor. Según el presidente de la Junta General de Usuarios del canal de riego, Julio Sánchez, allí hay una obra que irrigará aproximadamente 2 mil hectáreas de terreno.
Manifiesta que la anulación afectará porque la obra se retrasará hasta por el lapso de unos seis meses, hasta que nuevamente se vuelva a adjudicar.
Sánchez sugiere a Predesur contratar otra compañía lo antes posible para que el trabajo no se paralice.
La medida, con la que se busca poner fin a la polémica que se ha generado por este tema, la anunció Vera en una rueda de prensa en la que confirmó que el pedido se extendió a los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, a la empresa estatal Petrocomercial y a la eléctrica Hidrolitoral.
Estas entidades, que pertenecen al Estado ecuatoriano, deberán finiquitar los convenios comerciales con Fabricio Correa, porque así lo establece la ley, dijo el secretario de Transparencia.
Explicó que su solicitud va enfocada a que se "inicien los procesos de anulación anticipada y unilateral de los contratos en los que aparece vinculado el ingeniero Fabricio Correa".
Si esta acción se ejecuta, al menos quince contratos, que Fabricio Correa obtuvo en las cuatro instituciones del Estado por un monto aproximado de 118 millones de dólares, se anularán.
Vera explicó que con este proceso se cumplirá con la norma legal que impide a los familiares directos de autoridades ecuatorianas establecer contratos con el Estado.
Temor por obras
El anuncio de la anulación de los contratos que Fabricio Correa celebró con el Estado preocupa a diversos sectores lojanos. Creen que ello retrasará considerablemente los trabajos.
La empresa Cosurca, ahora de propiedad de Fabricio Correa, a través de la compañía panameña Overseas, tiene adjudicados en esta provincia tres contratos: construcción del sifón de Limones, en Zapotillo; y las vías El Empalme-Celica-Alamor, y Pindal-Zapotillo-Lalamor.
El avance de esta obras, según los lojanos, peligra si se acoge el pedido del secretario nacional de Transparencia, Alfredo Vera, de anular los contratos celebrados con Fabricio Correa.
En Zapotillo es donde hay mayor temor. Según el presidente de la Junta General de Usuarios del canal de riego, Julio Sánchez, allí hay una obra que irrigará aproximadamente 2 mil hectáreas de terreno.
Manifiesta que la anulación afectará porque la obra se retrasará hasta por el lapso de unos seis meses, hasta que nuevamente se vuelva a adjudicar.
Sánchez sugiere a Predesur contratar otra compañía lo antes posible para que el trabajo no se paralice.
