Varios miles de maestros marcharon hoy por el centro de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y reiteraron su protesta frente al sistema de evaluación de docentes de la educación pública que lleva adelante el Gobierno.
La manifestación fue organizada por la Unión Nacional de Educadores (UNE) y, según afirmaron sus representantes, reunió a 50.000 personas, entre maestros, alumnos, padres y delegados de organizaciones sociales, que profirieron consignas contra el Ministerio de Educación y el Gobierno.
Mery Zamora, presidenta de la UNE, el mayor sindicato del gremio, declaró a los periodistas que los manifestantes no se oponen a una evaluación, pero que el objetivo "debe ser hacer un diagnóstico no sólo de las falencias de los maestros" sino hacer "una evaluación integral".
"Una evaluación que incorpore una rendición de cuentas de todos los actores del hecho educativo, de todos de los que participamos de esto y luego plantear un proceso de evaluación que permita superar limitaciones y afirmar fortalezas que tenemos los maestros y que hemos desarrollado", exigió Zamora.
Según informó Ecuavisa, los organizadores anunciaron que seguirán las protestas y que la próxima manifestación se realizará en Quito.
Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, afirmó que "la ciudadanía no debe volver al pasado" y pidió a los ecuatorianos que "no hagan caso a una dirigencia que quiere mantener a la educación pública en la mediocridad".
Desde el primer día en que comenzaron las evaluaciones, el pasado 26 de mayo, hubo polémica entre el Ejecutivo y la UNE, ya que mientras el Gobierno afirma que se trata de un método para mejorar la calidad de la educación pública, los maestros creen que es una norma para despedirlos.
A finales de mayo, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, firmó un decreto por el que se establecía la destitución como sanción a los profesores que se negaran a someterse a los procesos de evaluación.
El mandatario indicó entonces que en la Ley de Escalafón y Carrera Docente está previsto que el maestro cesará en sus funciones si incurre en una incompetencia profesional debidamente comprobada lo que, a juicio del Gobierno, quedará evidenciado si los educadores no se presentan a la evaluación.
La manifestación fue organizada por la Unión Nacional de Educadores (UNE) y, según afirmaron sus representantes, reunió a 50.000 personas, entre maestros, alumnos, padres y delegados de organizaciones sociales, que profirieron consignas contra el Ministerio de Educación y el Gobierno.
Mery Zamora, presidenta de la UNE, el mayor sindicato del gremio, declaró a los periodistas que los manifestantes no se oponen a una evaluación, pero que el objetivo "debe ser hacer un diagnóstico no sólo de las falencias de los maestros" sino hacer "una evaluación integral".
"Una evaluación que incorpore una rendición de cuentas de todos los actores del hecho educativo, de todos de los que participamos de esto y luego plantear un proceso de evaluación que permita superar limitaciones y afirmar fortalezas que tenemos los maestros y que hemos desarrollado", exigió Zamora.
Según informó Ecuavisa, los organizadores anunciaron que seguirán las protestas y que la próxima manifestación se realizará en Quito.
Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, afirmó que "la ciudadanía no debe volver al pasado" y pidió a los ecuatorianos que "no hagan caso a una dirigencia que quiere mantener a la educación pública en la mediocridad".
Desde el primer día en que comenzaron las evaluaciones, el pasado 26 de mayo, hubo polémica entre el Ejecutivo y la UNE, ya que mientras el Gobierno afirma que se trata de un método para mejorar la calidad de la educación pública, los maestros creen que es una norma para despedirlos.
A finales de mayo, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, firmó un decreto por el que se establecía la destitución como sanción a los profesores que se negaran a someterse a los procesos de evaluación.
El mandatario indicó entonces que en la Ley de Escalafón y Carrera Docente está previsto que el maestro cesará en sus funciones si incurre en una incompetencia profesional debidamente comprobada lo que, a juicio del Gobierno, quedará evidenciado si los educadores no se presentan a la evaluación.
