Un pedido de auditoría integral se presenta como un posible escenario posible a la entrega anticipada de las instalaciones de la Base de la FAE por parte del Gobierno de los EEUU, prevista para septiembre próximo
Convenio de derecho de acceso y uso de la base de Manta por los EEUUDiez años del FOL bajo la "balanza" del oficialismo
Subcomisión del congresillo recopila información que sustentaría el pedido de una auditoría. Para el oficialismo, aprobación de convenio fue "irregular"
Acinco meses de que caduque formalmente el convenio que permitió, por diez años, las operaciones del Puesto Avanzado de Operaciones (FOL, por sus siglas en inglés: Forward Operating Location), se abre una etapa de evaluaciones, la cual ya vislumbra un debate jurídico, político e incluso ideológico que podría desembocar en la ratificación del pedido de una auditoría del acuerdo realizado por la Constituyente hace un año y la posible determinación de responsabilidades políticas.
Esta posibilidad ha quedado marcada en las iniciativas de la Subcomisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública del congresillo, que decidió asumir el tema desde su instalación a fines de 2008 e inició, desde abril de este año, la recopilación de información que servirá de base para la elaborar un informe que será presentado al presidente Rafael Correa, posiblemente a fines de julio próximo.
El objetivo de la indagación sería sustentar la sospecha de algunos comisionados oficialistas sobre supuestas violaciones del convenio suscrito por Ecuador y EEUU sobre el "ejercicio del derecho de acceso y uso por parte del Gobierno de los EEUU de las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades áreas antinarcóticas".
Por lo pronto, la cancha se limitaría en esa indagatoria a la ejecución del convenio, pues algunos comisionados -incluyendo el presidente del organismo, Marcos Martínez (AP)- están convencidos de que su aprobación a fines de 1999 fue irregular y no se ajustó a la Constitución ni a la Ley vigentes.
En el campo específico del convenio, la lucha antidrogas, la subcomisión ya ofició a las autoridades de control de estupefacientes para que remitan los reportes de diez años respecto a la droga decomisada con el aporte de las operaciones del FOL. En el oficialismo hay una apreciación no tan optimista del resultado, como lo dejó ver, hace pocas semanas, el ministro de Defensa, Javier Ponce, quien dijo que no se debe sobreestimar la tarea del FOL.
Con esos antecedentes y por la agenda que tuvo, la tarea más importante realizada hasta ahora por la subcomisión ha sido su desplazamiento a Manta, a mediados de mayo pasado, en donde escuchó, en audiencias públicas, a quienes aseguraron ser afectados directos o familiares de las víctimas de las operaciones del FOL o de su personal operativo, revestido de inmunidad diplomática.
Buena parte de las denuncias llegó de pescadores, emigrantes y viudas que se dicen víctimas de barcos hundidos por guardacostas de EEUU. Los denunciantes se quejaron por supuestos abusos y excesos del personal norteamericano. De forma individual se receptó una treintena de casos.
La búsqueda se volvió minuciosa cuando se pidió a la delegación del Registro Civil información sobre matrimonios, esto frente a las quejas de mujeres que aseguran que el FOL no da información de miembros a quienes se intenta notificar de demandas de paternidad y alimentos.
También se escuchó las opiniones favorables entre los miembros del Concejo de Manta, así como las certificaciones de oficiales de la FAE y la Marina de que las actividades se enmarcaron en las reglas del convenio.
Por último, los comisionados recorrieron las instalaciones ocupadas por el FOL, donde no se les habría permitido llevar cámaras, celulares ni videos. Luego de ese recorrido, hubo malestar porque muchas inquietudes se habrían pedido canalizar por la vía diplomática.
Convenio de derecho de acceso y uso de la base de Manta por los EEUUDiez años del FOL bajo la "balanza" del oficialismo
Subcomisión del congresillo recopila información que sustentaría el pedido de una auditoría. Para el oficialismo, aprobación de convenio fue "irregular"
Acinco meses de que caduque formalmente el convenio que permitió, por diez años, las operaciones del Puesto Avanzado de Operaciones (FOL, por sus siglas en inglés: Forward Operating Location), se abre una etapa de evaluaciones, la cual ya vislumbra un debate jurídico, político e incluso ideológico que podría desembocar en la ratificación del pedido de una auditoría del acuerdo realizado por la Constituyente hace un año y la posible determinación de responsabilidades políticas.
Esta posibilidad ha quedado marcada en las iniciativas de la Subcomisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública del congresillo, que decidió asumir el tema desde su instalación a fines de 2008 e inició, desde abril de este año, la recopilación de información que servirá de base para la elaborar un informe que será presentado al presidente Rafael Correa, posiblemente a fines de julio próximo.
El objetivo de la indagación sería sustentar la sospecha de algunos comisionados oficialistas sobre supuestas violaciones del convenio suscrito por Ecuador y EEUU sobre el "ejercicio del derecho de acceso y uso por parte del Gobierno de los EEUU de las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta para actividades áreas antinarcóticas".
Por lo pronto, la cancha se limitaría en esa indagatoria a la ejecución del convenio, pues algunos comisionados -incluyendo el presidente del organismo, Marcos Martínez (AP)- están convencidos de que su aprobación a fines de 1999 fue irregular y no se ajustó a la Constitución ni a la Ley vigentes.
En el campo específico del convenio, la lucha antidrogas, la subcomisión ya ofició a las autoridades de control de estupefacientes para que remitan los reportes de diez años respecto a la droga decomisada con el aporte de las operaciones del FOL. En el oficialismo hay una apreciación no tan optimista del resultado, como lo dejó ver, hace pocas semanas, el ministro de Defensa, Javier Ponce, quien dijo que no se debe sobreestimar la tarea del FOL.
Con esos antecedentes y por la agenda que tuvo, la tarea más importante realizada hasta ahora por la subcomisión ha sido su desplazamiento a Manta, a mediados de mayo pasado, en donde escuchó, en audiencias públicas, a quienes aseguraron ser afectados directos o familiares de las víctimas de las operaciones del FOL o de su personal operativo, revestido de inmunidad diplomática.
Buena parte de las denuncias llegó de pescadores, emigrantes y viudas que se dicen víctimas de barcos hundidos por guardacostas de EEUU. Los denunciantes se quejaron por supuestos abusos y excesos del personal norteamericano. De forma individual se receptó una treintena de casos.
La búsqueda se volvió minuciosa cuando se pidió a la delegación del Registro Civil información sobre matrimonios, esto frente a las quejas de mujeres que aseguran que el FOL no da información de miembros a quienes se intenta notificar de demandas de paternidad y alimentos.
También se escuchó las opiniones favorables entre los miembros del Concejo de Manta, así como las certificaciones de oficiales de la FAE y la Marina de que las actividades se enmarcaron en las reglas del convenio.
Por último, los comisionados recorrieron las instalaciones ocupadas por el FOL, donde no se les habría permitido llevar cámaras, celulares ni videos. Luego de ese recorrido, hubo malestar porque muchas inquietudes se habrían pedido canalizar por la vía diplomática.
