El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el de Vivienda, Petroecuador e Hidrolitoral son las primeras cuatro entidades que iniciarán los procesos de terminación unilateral de contratos, después de que el Presidente de la República, Rafael Correa, dispuso que se inicien estos procesos a los compromisos suscritos con las empresas vinculadas a su hermano Fabricio.
Pero el camino para anular los contratos no será simple, además de que culminaría con demandas en contra del Estado, tal como ya ha preanunciado el abogado defensor de Correa, Joffre Campaña.
El proceso de reversión será lento y dependerá de la revisión de cada uno de los contratos, para determinar en ellos las causales de nulidad. Esto, pese al artículo 62 de la Ley de Contratación Pública, que es el que prohíbe los contratos con los familiares de las principales autoridades del Gobierno.
De acuerdo al secretario de Transparencia, Alfredo Vera, le corresponde a cada institución contratante actuar y determinar si por documentación o por “confesión de parte” ha habido la intervención del hermano del Presidente para la suscripción de los contratos. Y una vez teniendo estas determinaciones, iniciar el proceso de terminación de los vínculos contractuales, bajo el argumento establecido en el artículo 62.
Pero no todos los contratos entrarán a este proceso, en vista de que el artículo en mención fue incorporado en la nueva Ley aprobada en agosto del año pasado, lo que quiere decir que esta causal no podrá ser empleada para anular los contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de la norma.
En esos casos, la revisión deberá pasar por otros factores para determinar la posible existencia de otras irregularidades que permitan la nulidad, o de lo contrario, no se los podrá dar por terminados.
Para ello, la Secretaría de Transparencia será la instancia gubernamental que coordine el proceso previo y haga el seguimiento a las acciones de cada entidad.
Pero además de este trabajo, la Secretaría recopilará información adicional sobre el caso, que por lo pronto se concentra en determinar quiénes formaron parte de los comités de contratación que permitieron suscribir convenios con las empresas de Fabricio Correa, para establecer si existe alguna responsabilidad.
“Las cosas se van a hacer con detalle y prolijidad”, aseguró Vera, para evitar un posible daño al Estado, en caso de que Fabricio Correa instaure demandas por los contratos que se llegue a anular. “Ellos tienen que demostrar si el señor no ha violado la ley y lo harán seguramente ante un juez”, acotó.
Quienes no están tan seguros sobre la viabilidad del trabajo que tienen que realizar son los integrantes del Consejo de Participación Social, a quienes el Ejecutivo les encargó la conformación de una veeduría ciudadana.
“Requerimos una petición formal, analizar si está dentro de nuestras atribuciones constitucionales y legales, y de ahí pronunciarnos”, explicó Oswaldo Ruiz, miembro del Consejo. Hasta la tarde de ayer, esa petición del Presidente no llegó.
Incluso el titular del organismo, Julián Guamán, aseguró que conformar o no la comisión de veeduría ciudadana será una decisión del pleno del Consejo. Hizo una aclaración respecto del alcance del trabajo que podría realizar la veeduría: “No estamos para investigar. no vamos a ser parte procesal, pero sí vamos a vigilar y observar”, dijo. (SDR/IGF/FGC)
Organismos de control
La Contraloría también sigue su proceso de indagación, que deberá determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales en el caso. Hasta mediados de julio el organismo de control establecerá si existen o no las causales para iniciar los exámenes especiales que sean pertinentes.
Asimismo la Procuraduría lleva adelante su propia investigación. Hasta este viernes, las entidades públicas deben enviar la información de todos los contratos. Y en caso de que ese organismo determine alguna irregularidad, deberá iniciar un proceso legal de reversión de los contratos.
Pero el camino para anular los contratos no será simple, además de que culminaría con demandas en contra del Estado, tal como ya ha preanunciado el abogado defensor de Correa, Joffre Campaña.
El proceso de reversión será lento y dependerá de la revisión de cada uno de los contratos, para determinar en ellos las causales de nulidad. Esto, pese al artículo 62 de la Ley de Contratación Pública, que es el que prohíbe los contratos con los familiares de las principales autoridades del Gobierno.
De acuerdo al secretario de Transparencia, Alfredo Vera, le corresponde a cada institución contratante actuar y determinar si por documentación o por “confesión de parte” ha habido la intervención del hermano del Presidente para la suscripción de los contratos. Y una vez teniendo estas determinaciones, iniciar el proceso de terminación de los vínculos contractuales, bajo el argumento establecido en el artículo 62.
Pero no todos los contratos entrarán a este proceso, en vista de que el artículo en mención fue incorporado en la nueva Ley aprobada en agosto del año pasado, lo que quiere decir que esta causal no podrá ser empleada para anular los contratos suscritos con anterioridad a la vigencia de la norma.
En esos casos, la revisión deberá pasar por otros factores para determinar la posible existencia de otras irregularidades que permitan la nulidad, o de lo contrario, no se los podrá dar por terminados.
Para ello, la Secretaría de Transparencia será la instancia gubernamental que coordine el proceso previo y haga el seguimiento a las acciones de cada entidad.
Pero además de este trabajo, la Secretaría recopilará información adicional sobre el caso, que por lo pronto se concentra en determinar quiénes formaron parte de los comités de contratación que permitieron suscribir convenios con las empresas de Fabricio Correa, para establecer si existe alguna responsabilidad.
“Las cosas se van a hacer con detalle y prolijidad”, aseguró Vera, para evitar un posible daño al Estado, en caso de que Fabricio Correa instaure demandas por los contratos que se llegue a anular. “Ellos tienen que demostrar si el señor no ha violado la ley y lo harán seguramente ante un juez”, acotó.
Quienes no están tan seguros sobre la viabilidad del trabajo que tienen que realizar son los integrantes del Consejo de Participación Social, a quienes el Ejecutivo les encargó la conformación de una veeduría ciudadana.
“Requerimos una petición formal, analizar si está dentro de nuestras atribuciones constitucionales y legales, y de ahí pronunciarnos”, explicó Oswaldo Ruiz, miembro del Consejo. Hasta la tarde de ayer, esa petición del Presidente no llegó.
Incluso el titular del organismo, Julián Guamán, aseguró que conformar o no la comisión de veeduría ciudadana será una decisión del pleno del Consejo. Hizo una aclaración respecto del alcance del trabajo que podría realizar la veeduría: “No estamos para investigar. no vamos a ser parte procesal, pero sí vamos a vigilar y observar”, dijo. (SDR/IGF/FGC)
Organismos de control
La Contraloría también sigue su proceso de indagación, que deberá determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales en el caso. Hasta mediados de julio el organismo de control establecerá si existen o no las causales para iniciar los exámenes especiales que sean pertinentes.
Asimismo la Procuraduría lleva adelante su propia investigación. Hasta este viernes, las entidades públicas deben enviar la información de todos los contratos. Y en caso de que ese organismo determine alguna irregularidad, deberá iniciar un proceso legal de reversión de los contratos.
