El gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos, Carlos Bravo Macías, presentó una demanda por insolvencia contra Fernando Aspiazu Seminario, ex propietario del Banco del Progreso.
En el año 2002, Aspiazu fue sentenciado a cumplir una pena de reclusión por el delito de peculado derivado de los hechos que motivaron el cierre del Banco, lo que obligó a que éste pase a ser administrado por la AGD.
En la misma sentencia se dispuso que éste cubra el pago de costas, daños y perjuicios. En posterior liquidación se determinó que el monto a pagar es de USD$888´622.887 dólares, suma que hasta la actualidad no ha sido cubierta, tal como consta en la certificación asentada en el proceso el 8 de abril de 2009.
La demanda fue presentada el día de hoy, martes 23 de junio del año en curso, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En la misma, en forma concreta se solicita disponer el Concurso de Acreedores, dictar las medidas preventivas previstas en la ley hasta por la suma de mil millones de dólares, la acumulación de juicios existentes en contra del demandado, la prohibición de ausentarse del país, y el impedimento para que éste pueda realizar actos de comercio, entre otros
En el año 2002, Aspiazu fue sentenciado a cumplir una pena de reclusión por el delito de peculado derivado de los hechos que motivaron el cierre del Banco, lo que obligó a que éste pase a ser administrado por la AGD.
En la misma sentencia se dispuso que éste cubra el pago de costas, daños y perjuicios. En posterior liquidación se determinó que el monto a pagar es de USD$888´622.887 dólares, suma que hasta la actualidad no ha sido cubierta, tal como consta en la certificación asentada en el proceso el 8 de abril de 2009.
La demanda fue presentada el día de hoy, martes 23 de junio del año en curso, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. En la misma, en forma concreta se solicita disponer el Concurso de Acreedores, dictar las medidas preventivas previstas en la ley hasta por la suma de mil millones de dólares, la acumulación de juicios existentes en contra del demandado, la prohibición de ausentarse del país, y el impedimento para que éste pueda realizar actos de comercio, entre otros
