Petroproducción defendió el trabajo de exploración de petróleo que realiza la empresa china Sinopec, en una extensión de 4 mil kilómetros de subsuelo, en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.
El pronunciamiento se dio después de que se hiciera pública la sustracción de explosivos en la provincia de Esmeraldas, por parte de comuneros del recinto El Consuelo, en el sector de la Unión, quienes retiraron cinco cargas de pentolita como una forma de rechazo a la falta de información.
El acto sucedió el 30 de diciembre y alertó a la organización ambiental Acción Ecológica, que reclamó mayor información del proyecto hacia las comunidades; también denunció que las cargas explosivas de pentolita, necesarias para el trabajo de sísmica, fueron colocadas con protocolos incorrectos.
Un comunicado de la empresa Sinopec, del pasado 9 de febrero, dirigido al gerente de exploración y desarrollo de Petroproducción, Jorge Dután, establece tácitamente que la comunidad desconocía los trabajos: “El 5 de enero se ingresa a la comunidad con personal de Sinopec, Lacsa y Asocom, donde fuimos recibidos de manera negativa por parte de los comuneros, al mismo tiempo procedimos a conversar y explicarles el motivo de nuestra presencia en el sector con el fin de calmar los ánimos…”.
Explicaron además cómo los comuneros sacaron las cargas que contenían aproximadamente 500 gramos de pentolita. “Fueron retiradas utilizando palillas de acero, que son herramientas para cosecha de palma, cavaron en los alrededores de cada pozo, retiraron el taco de concreto y extrajeron los explosivos”.
Pese al inconveniente, Petroproducción, en un comunicado por escrito, defendió el trabajo. “En todos los proyectos de prospección sísmica existe el grupo encargado de la socialización del proyecto con la comunidad, mismo que se encuentra trabajando antes, durante y después de haber concluido con los trabajos en las zonas investigadas”.
Afirmaron que de conformidad con la Ley Ambiental, en el mes de septiembre de 2009, se realizaron las presentaciones del estudio de impacto ambiental luego de haber convocado a las comunidades por la prensa a las audiencias para los trabajos en Santa Rosa, El Carmen, Naranjal y Quinindé. “Todas se realizaron con fecha y hora indicadas previa autorización del Ministerio competente”.
El pronunciamiento se dio después de que se hiciera pública la sustracción de explosivos en la provincia de Esmeraldas, por parte de comuneros del recinto El Consuelo, en el sector de la Unión, quienes retiraron cinco cargas de pentolita como una forma de rechazo a la falta de información.
El acto sucedió el 30 de diciembre y alertó a la organización ambiental Acción Ecológica, que reclamó mayor información del proyecto hacia las comunidades; también denunció que las cargas explosivas de pentolita, necesarias para el trabajo de sísmica, fueron colocadas con protocolos incorrectos.
Un comunicado de la empresa Sinopec, del pasado 9 de febrero, dirigido al gerente de exploración y desarrollo de Petroproducción, Jorge Dután, establece tácitamente que la comunidad desconocía los trabajos: “El 5 de enero se ingresa a la comunidad con personal de Sinopec, Lacsa y Asocom, donde fuimos recibidos de manera negativa por parte de los comuneros, al mismo tiempo procedimos a conversar y explicarles el motivo de nuestra presencia en el sector con el fin de calmar los ánimos…”.
Explicaron además cómo los comuneros sacaron las cargas que contenían aproximadamente 500 gramos de pentolita. “Fueron retiradas utilizando palillas de acero, que son herramientas para cosecha de palma, cavaron en los alrededores de cada pozo, retiraron el taco de concreto y extrajeron los explosivos”.
Pese al inconveniente, Petroproducción, en un comunicado por escrito, defendió el trabajo. “En todos los proyectos de prospección sísmica existe el grupo encargado de la socialización del proyecto con la comunidad, mismo que se encuentra trabajando antes, durante y después de haber concluido con los trabajos en las zonas investigadas”.
Afirmaron que de conformidad con la Ley Ambiental, en el mes de septiembre de 2009, se realizaron las presentaciones del estudio de impacto ambiental luego de haber convocado a las comunidades por la prensa a las audiencias para los trabajos en Santa Rosa, El Carmen, Naranjal y Quinindé. “Todas se realizaron con fecha y hora indicadas previa autorización del Ministerio competente”.
