La ley de participación Ciudadana aprobada esta semana por la Asamblea no satisface las expectativas de los sectores sociales. Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, criticó que la Ley no establezca como vinculante a la consulta previa, un mecanismo de participación ciudadana creado en la Constitución para que los pueblos indígenas se pronuncien sobre la explotación de recursos no renovables en sus territorios.
"Los indígenas tenemos derecho a participar en la toma de decisiones, sobre todo si se trata de la extracción de recursos. Con la Ley Minera, por ejemplo, los pueblos involucrados querrán dialogar con las industrias multinacionales y tomar posiciones. Pero, si la ley no garantiza que esa decisión sea vinculante, no existe una verdadera participación ciudadana", dijo.
Otro de los mecanismo de participación social es la denominada "silla vacía", la cual deberá ser ocupada por un representante de la sociedad civil en las reuniones de los gobiernos autónomos (798 juntas parroquiales, 221 municipios y 24 consejos provinciales).
Según el ley aprobada, quien ocupe la silla vacía solo tendrá derecho a voto si este es afín al de la mayoría. Para Natasha Rojas, presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), ello violenta el espíritu de la Constitución, pues "ahí se expresa que los ciudadanos participarán en la toma de decisiones, es decir, con el voto".
Además, admite que la falta de organización ciudadana hará difícil la elección de un representante. Mientras tanto, dijo que ella, como dirigente barrial, ha solicitado al Municipio de Quito participar en la aprobación del plan de movilidad desde la silla vacía.
"Los indígenas tenemos derecho a participar en la toma de decisiones, sobre todo si se trata de la extracción de recursos. Con la Ley Minera, por ejemplo, los pueblos involucrados querrán dialogar con las industrias multinacionales y tomar posiciones. Pero, si la ley no garantiza que esa decisión sea vinculante, no existe una verdadera participación ciudadana", dijo.
Otro de los mecanismo de participación social es la denominada "silla vacía", la cual deberá ser ocupada por un representante de la sociedad civil en las reuniones de los gobiernos autónomos (798 juntas parroquiales, 221 municipios y 24 consejos provinciales).
Según el ley aprobada, quien ocupe la silla vacía solo tendrá derecho a voto si este es afín al de la mayoría. Para Natasha Rojas, presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), ello violenta el espíritu de la Constitución, pues "ahí se expresa que los ciudadanos participarán en la toma de decisiones, es decir, con el voto".
Además, admite que la falta de organización ciudadana hará difícil la elección de un representante. Mientras tanto, dijo que ella, como dirigente barrial, ha solicitado al Municipio de Quito participar en la aprobación del plan de movilidad desde la silla vacía.
