El espionaje ilegal a los comunicadores se ha convertido en una de las amenazas más serias en la actualidad para la prensa en América, donde persiste la intimidación del crimen organizado y de grupos ilícitos, y crece también la censura y la autocensura, denunció hoy el Comité de Protección de Periodistas.
Esta denuncia forma parte del conjunto de riesgos y realidades que domina la parte americana del informe "Ataques a la prensa en 2009", que el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) presentó hoy en Bogotá, dentro de una serie simultánea que incluyó entregas regionales en El Cairo, Tokio, Nairobi y Bruselas.
En un encuentro con la prensa, el coordinador senior del Programa de las Américas de esta organización no gubernamental con sede en Nueva York, el argentino Carlos Lauría, explicó que en América Latina los periodistas enfrentan la amenaza de la violencia física y la actitud de algunos Gobiernos elegidos de manera democrática.
"La violencia física sigue siendo el problema más grave", apuntó Lauría, quien señaló que es un riesgo que se deriva de las amenazas del crimen organizado, en especial de los narcotraficantes, y al que se exponen tanto los periodistas en México, como en Brasil, Centroamérica y Colombia.
El coordinador americano del CPJ observó que, en los últimos cinco años, México ha pasado a ser el país más peligroso para el ejercicio periodístico, pero explicó que Colombia, con más de cuarenta asesinatos desde 1992, se mantiene dentro de los cinco del mundo con el mayor número de periodistas muertos violentamente.
En países como México y Colombia, ante el alto costo que han pagado, "los periodistas tienen temor y se autocensura en forma cada vez más generalizada", se lamentó Lauría.
En el ámbito gubernamental, dijo que en el CPJ se ve "con preocupación las actitudes de Gobiernos elegidos democráticamente de ahogar la crítica, en un intento por controlar el flujo informativo".
"Venezuela tal vez sea el ejemplo más claro en esta tendencia de un Gobierno que ha emprendido una campaña sistemática contra los medios audiovisuales, fundamentalmente, que son los que tienen más sólida audiencia, de ahogar las expresiones críticas y controlar lo que más pueda la información", subrayó Lauría.
El CPJ resaltó que en Venezuela han sido cerradas 34 estaciones de radio y televisión, e indicó que acciones parecidas se han presentado en Honduras, con cierres temporales de dos medios, lo mismo que de un canal televisivo en Ecuador.
En Cuba fueron encarcelados 22 periodistas o editores, en EE.UU. se arrestó a un periodista dentro de un litigio por un visado, en Argentina se allanó el diario Clarín, según el informe de esta ONG, que observó que, en el caso de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se ha abstenido de ofrecer conferencias de prensa desde que asumió el poder.
El estudio resalta en otro aparte el caso de Colombia, país en el que el año pasado estalló un escándalo de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y opositores que llevaron al CPJ a darle un enfoque regional al asunto del espionaje y a escoger a Bogotá como sede para la presentación del informe anual.
"Nos preocupa el tema de interceptación, del espionaje ilegal a periodistas como una de las amenazas más serias actualmente, porque restringe seriamente la tarea de los periodistas, porque amenaza no sólo el derecho a la libertad de expresión (sino también) el derecho a la intimidad", señaló el responsable continental del CPJ.
Explicó que en Colombia hay "casos claros" de periodistas que, además de las escuchas y la acción de "hackers" en sus correos, también han sido perseguidos, vigilados y amenazados, incluso mediante procedimientos recogidos en un manual elaborado por funcionarios de la central de inteligencia del Estado.
"Es un caso de extrema gravedad (el del manual, hecho evidente en una campaña contra una periodista)", consideró Lauría, quien mencionó como antecedente la ofensiva contra la prensa puesta en marcha por el ahora ex presidente peruano Alberto Fujimori en los años noventa del siglo pasado.
Fujimori "había orquestado un complot, una conspiración para asesinar periodistas, para amenazar de muerte, para interceptar sus teléfonos y para lanzar campañas difamatorias a través de medios que eran financiados por el Gobierno", recordó Lauría, e indicó que esta práctica se mantiene en otros países de la región.
Esta denuncia forma parte del conjunto de riesgos y realidades que domina la parte americana del informe "Ataques a la prensa en 2009", que el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) presentó hoy en Bogotá, dentro de una serie simultánea que incluyó entregas regionales en El Cairo, Tokio, Nairobi y Bruselas.
En un encuentro con la prensa, el coordinador senior del Programa de las Américas de esta organización no gubernamental con sede en Nueva York, el argentino Carlos Lauría, explicó que en América Latina los periodistas enfrentan la amenaza de la violencia física y la actitud de algunos Gobiernos elegidos de manera democrática.
"La violencia física sigue siendo el problema más grave", apuntó Lauría, quien señaló que es un riesgo que se deriva de las amenazas del crimen organizado, en especial de los narcotraficantes, y al que se exponen tanto los periodistas en México, como en Brasil, Centroamérica y Colombia.
El coordinador americano del CPJ observó que, en los últimos cinco años, México ha pasado a ser el país más peligroso para el ejercicio periodístico, pero explicó que Colombia, con más de cuarenta asesinatos desde 1992, se mantiene dentro de los cinco del mundo con el mayor número de periodistas muertos violentamente.
En países como México y Colombia, ante el alto costo que han pagado, "los periodistas tienen temor y se autocensura en forma cada vez más generalizada", se lamentó Lauría.
En el ámbito gubernamental, dijo que en el CPJ se ve "con preocupación las actitudes de Gobiernos elegidos democráticamente de ahogar la crítica, en un intento por controlar el flujo informativo".
"Venezuela tal vez sea el ejemplo más claro en esta tendencia de un Gobierno que ha emprendido una campaña sistemática contra los medios audiovisuales, fundamentalmente, que son los que tienen más sólida audiencia, de ahogar las expresiones críticas y controlar lo que más pueda la información", subrayó Lauría.
El CPJ resaltó que en Venezuela han sido cerradas 34 estaciones de radio y televisión, e indicó que acciones parecidas se han presentado en Honduras, con cierres temporales de dos medios, lo mismo que de un canal televisivo en Ecuador.
En Cuba fueron encarcelados 22 periodistas o editores, en EE.UU. se arrestó a un periodista dentro de un litigio por un visado, en Argentina se allanó el diario Clarín, según el informe de esta ONG, que observó que, en el caso de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega se ha abstenido de ofrecer conferencias de prensa desde que asumió el poder.
El estudio resalta en otro aparte el caso de Colombia, país en el que el año pasado estalló un escándalo de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y opositores que llevaron al CPJ a darle un enfoque regional al asunto del espionaje y a escoger a Bogotá como sede para la presentación del informe anual.
"Nos preocupa el tema de interceptación, del espionaje ilegal a periodistas como una de las amenazas más serias actualmente, porque restringe seriamente la tarea de los periodistas, porque amenaza no sólo el derecho a la libertad de expresión (sino también) el derecho a la intimidad", señaló el responsable continental del CPJ.
Explicó que en Colombia hay "casos claros" de periodistas que, además de las escuchas y la acción de "hackers" en sus correos, también han sido perseguidos, vigilados y amenazados, incluso mediante procedimientos recogidos en un manual elaborado por funcionarios de la central de inteligencia del Estado.
"Es un caso de extrema gravedad (el del manual, hecho evidente en una campaña contra una periodista)", consideró Lauría, quien mencionó como antecedente la ofensiva contra la prensa puesta en marcha por el ahora ex presidente peruano Alberto Fujimori en los años noventa del siglo pasado.
Fujimori "había orquestado un complot, una conspiración para asesinar periodistas, para amenazar de muerte, para interceptar sus teléfonos y para lanzar campañas difamatorias a través de medios que eran financiados por el Gobierno", recordó Lauría, e indicó que esta práctica se mantiene en otros países de la región.
