A la pugna política entre el fiscal general Washington Pesántez y la bancada legislativa de PAIS se suma un caso que incide en el cálculo de ambos lados: desde el 12 de marzo del año pasado la Fiscalía mantiene abierta una indagación en contra de Gustavo Jalkh, actual ministro de Gobierno, por el supuesto mal manejo de $ 1,7 millones en la implementación de un plan informático para la Función Judicial, cuando este fue director técnico de Projusticia.
La investigación también incluye al actual ministro de Justicia, Néstor Arbito, quien se desempeñó antes como asesor jurídico de Projusticia, y al ex director ejecutivo de ese organismo, Víctor Mora.
Projusticia se creo mediante decreto en 1995 como una unidad adscrita a la Presidencia de la República, con el objeto de canalizar recursos internacionales para la reforma judicial. Dos años más tarde pasó a depender de la entonces Corte Suprema de Justicia y luego del Ministerio de Justicia.
El organismo implementó un programa informático en los juzgados corporativos de Quito, Guayaquil y Cuenca en 1997, con recursos de la cooperación internacional que, de acuerdo con la Fiscalía, tuvo un manejo irregular.
Según la indagación, Projusticia contrató a la empresa DPK, con sede en Estados Unidos, para la instalación de un sistema informático que costó 1,7 millones de dólares pero que nunca funcionó. En el expediente se menciona además a la empresa Xnear (de Chile) y a Lexis (de Ecuador).
La adquisición de infraestructura y el equipamiento de los juzgados se cumplió. Pero, según la Fiscalía, el desarrollo del sistema tuvo problemas, por inconsistencias en la estructura de la base de datos y de una unidad denominada Front End.
Según las investigaciones, durante un año y medio técnicos ecuatorianos advirtieron a Projusticia que el software tenía inconvenientes que provocaban la caída del sistema. Pero los informes no fueron tomados en cuenta.
Un informe del consultor de la Politécnica Nacional Enrique Mafla, contratado por Projusticia, dice que era necesario un nuevo sistema.
El Banco Mundial y Projusticia terminaron la relación contractual con las empresas Xnear y Lexis, aunque a esas alturas Projusticia ya había pagado todo el valor del contrato.
La indagación se filtra a la prensa en momentos en que un sector de la bancada de PAIS acusa al fiscal Pesántez de interferir en el caso de Natalia Emme, de designar a funcionarios y fiscales sin concurso y de abuso de poder, entre otros.
Jalkh y Pesántez mantuvieron diferencias en el 2009 por la aprobación del Código Judicial. En ese entonces, el Fiscal amenazó al Ministro con investigar su gestión al frente de Projusticia.
La investigación también incluye al actual ministro de Justicia, Néstor Arbito, quien se desempeñó antes como asesor jurídico de Projusticia, y al ex director ejecutivo de ese organismo, Víctor Mora.
Projusticia se creo mediante decreto en 1995 como una unidad adscrita a la Presidencia de la República, con el objeto de canalizar recursos internacionales para la reforma judicial. Dos años más tarde pasó a depender de la entonces Corte Suprema de Justicia y luego del Ministerio de Justicia.
El organismo implementó un programa informático en los juzgados corporativos de Quito, Guayaquil y Cuenca en 1997, con recursos de la cooperación internacional que, de acuerdo con la Fiscalía, tuvo un manejo irregular.
Según la indagación, Projusticia contrató a la empresa DPK, con sede en Estados Unidos, para la instalación de un sistema informático que costó 1,7 millones de dólares pero que nunca funcionó. En el expediente se menciona además a la empresa Xnear (de Chile) y a Lexis (de Ecuador).
La adquisición de infraestructura y el equipamiento de los juzgados se cumplió. Pero, según la Fiscalía, el desarrollo del sistema tuvo problemas, por inconsistencias en la estructura de la base de datos y de una unidad denominada Front End.
Según las investigaciones, durante un año y medio técnicos ecuatorianos advirtieron a Projusticia que el software tenía inconvenientes que provocaban la caída del sistema. Pero los informes no fueron tomados en cuenta.
Un informe del consultor de la Politécnica Nacional Enrique Mafla, contratado por Projusticia, dice que era necesario un nuevo sistema.
El Banco Mundial y Projusticia terminaron la relación contractual con las empresas Xnear y Lexis, aunque a esas alturas Projusticia ya había pagado todo el valor del contrato.
La indagación se filtra a la prensa en momentos en que un sector de la bancada de PAIS acusa al fiscal Pesántez de interferir en el caso de Natalia Emme, de designar a funcionarios y fiscales sin concurso y de abuso de poder, entre otros.
Jalkh y Pesántez mantuvieron diferencias en el 2009 por la aprobación del Código Judicial. En ese entonces, el Fiscal amenazó al Ministro con investigar su gestión al frente de Projusticia.
