Los cuatro jueces de Garantías Penales de la Unidad de Delitos Flagrantes presentaron ayer sus informes al Consejo de la Judicatura (CJ), respecto a la liberación de 31 personas detenidas por presunta tenencia de armas.
Los funcionarios aparecen en una nómina que remitió el martes 23 de febrero el coronel Juan Ruales, jefe del Comando Provincial del Guayas, como sustento de las declaraciones que hizo el fin de semana, al comentar que “parecería que existen algunas autoridades de justicia que están en contubernio con la delincuencia”.
Basado en esa lista el CJ abrió el miércoles expedientes administrativos para investigar si los jueces Ubaldo Macías, Cristhian Jurado, Virgilio Matamoros y Víctor Moncada, quienes laboran en la Policía Judicial de Guayas (PJG) desde noviembre de 2009, incurrieron en alguna falta grave de indisciplina.
El CJ remitirá un informe preliminar de los documentos entregados por los judiciales al presidente de la Judicatura, Benjamín Cevallos, quien convocó para mañana, en Guayaquil, a una reunión con todos los jueces penales del país.
Tres de los funcionarios prefirieron no revelar el contenido de sus informes, por cuanto esperarán una respuesta del Consejo. Sí lo hizo el juez 26, Ubaldo Macías, quien afirma que sus actuaciones se enmarcan en estricto Derecho.
Para el judicial de 61 años, 32 de ellos en el ejercicio profesional, Ruales está equivocado y mal asesorado. “No conoce de Derecho. Si bien es cierto, yo he sustituido la prisión de cuatro personas en tres casos, lo he hecho en base a pedidos de la Fiscalía... que pide que se otorgue una medida alternativa para asegurar la presencia de los procesados, conforme al artículo 160, numerales 4 y 10 del CPP (Código de Procedimiento Penal)”, explica. Añade que, lamentablemente, los jueces no pueden hacer nada ante un pedido fiscal, según el artículo 168 del mismo cuerpo legal.
“En un solo caso lo hice yo considerando, bajo mi criterio, de que esa persona que se lo acusaba de robo, no de tenencia, porque no tenía arma, ni evidencias... merecía que se sustituyera la prisión bajo mi responsabilidad”.
Macías deja en manos de la Cámara de Jueces Constitucionales de Guayas las acciones a seguir en contra de Ruales, a quien le concedieron 72 horas para entregar pruebas y nombres de jueces que estarían en contubernio con la delincuencia. El plazo feneció a las 00:00 de ayer. Hasta el cierre de esta edición no se había presentado lo requerido.
Para las 10:00 de hoy, los integrantes de la Cámara tienen previsto resolver las acciones administrativas y penales que tomarán en contra del oficial, por lo que consideran declaraciones injuriosas. Ayer se adelantaron a pedir a la Fiscalía para que solicite y oficie a los medios de comunicación los vídeos, audios y noticias escritas que recogieron las declaraciones de Ruales, para las transcripciones correspondientes.
“Con la firmeza con que él ha salido a decir que los jueces están en contubernio con los delincuentes le quedan dos alternativas: dar los nombres y las pruebas que dijo tener o dos, se retracta como hombre”, reiteró Oswaldo Sierra, presidente de la Cámara de Jueces.
Según el funcionario, no se va a “alcahuetear a ningún juez ni servidor judicial si existen esas pruebas”, pues explica que en primer lugar la Judicatura deberá destituirlos, la Fiscalía procesarlos y la Cámara expulsarlos.
No obstante, el asambleísta Andrés Páez (ID) conminó a los jueces a mostrar sus estadísticas para determinar a cuántas personas han liberado y juzgado, y cuántas prisiones preventivas han caducado. El asambleísta anunció que iniciará una recolección de firmas para solicitar al Consejo Nacional Electoral una consulta popular para la acumulación de penas para delitos graves. Su gira será en todas las provincias del país, excepto Galápagos.
Páez mencionó también el informe del jefe policial que detalla la libertad de cinco personas detenidas con fusiles HK, utilizadas “para acciones contra instituciones bancarias y asaltos perpetrados a vehículos blindados”.
Los funcionarios aparecen en una nómina que remitió el martes 23 de febrero el coronel Juan Ruales, jefe del Comando Provincial del Guayas, como sustento de las declaraciones que hizo el fin de semana, al comentar que “parecería que existen algunas autoridades de justicia que están en contubernio con la delincuencia”.
Basado en esa lista el CJ abrió el miércoles expedientes administrativos para investigar si los jueces Ubaldo Macías, Cristhian Jurado, Virgilio Matamoros y Víctor Moncada, quienes laboran en la Policía Judicial de Guayas (PJG) desde noviembre de 2009, incurrieron en alguna falta grave de indisciplina.
El CJ remitirá un informe preliminar de los documentos entregados por los judiciales al presidente de la Judicatura, Benjamín Cevallos, quien convocó para mañana, en Guayaquil, a una reunión con todos los jueces penales del país.
Tres de los funcionarios prefirieron no revelar el contenido de sus informes, por cuanto esperarán una respuesta del Consejo. Sí lo hizo el juez 26, Ubaldo Macías, quien afirma que sus actuaciones se enmarcan en estricto Derecho.
Para el judicial de 61 años, 32 de ellos en el ejercicio profesional, Ruales está equivocado y mal asesorado. “No conoce de Derecho. Si bien es cierto, yo he sustituido la prisión de cuatro personas en tres casos, lo he hecho en base a pedidos de la Fiscalía... que pide que se otorgue una medida alternativa para asegurar la presencia de los procesados, conforme al artículo 160, numerales 4 y 10 del CPP (Código de Procedimiento Penal)”, explica. Añade que, lamentablemente, los jueces no pueden hacer nada ante un pedido fiscal, según el artículo 168 del mismo cuerpo legal.
“En un solo caso lo hice yo considerando, bajo mi criterio, de que esa persona que se lo acusaba de robo, no de tenencia, porque no tenía arma, ni evidencias... merecía que se sustituyera la prisión bajo mi responsabilidad”.
Macías deja en manos de la Cámara de Jueces Constitucionales de Guayas las acciones a seguir en contra de Ruales, a quien le concedieron 72 horas para entregar pruebas y nombres de jueces que estarían en contubernio con la delincuencia. El plazo feneció a las 00:00 de ayer. Hasta el cierre de esta edición no se había presentado lo requerido.
Para las 10:00 de hoy, los integrantes de la Cámara tienen previsto resolver las acciones administrativas y penales que tomarán en contra del oficial, por lo que consideran declaraciones injuriosas. Ayer se adelantaron a pedir a la Fiscalía para que solicite y oficie a los medios de comunicación los vídeos, audios y noticias escritas que recogieron las declaraciones de Ruales, para las transcripciones correspondientes.
“Con la firmeza con que él ha salido a decir que los jueces están en contubernio con los delincuentes le quedan dos alternativas: dar los nombres y las pruebas que dijo tener o dos, se retracta como hombre”, reiteró Oswaldo Sierra, presidente de la Cámara de Jueces.
Según el funcionario, no se va a “alcahuetear a ningún juez ni servidor judicial si existen esas pruebas”, pues explica que en primer lugar la Judicatura deberá destituirlos, la Fiscalía procesarlos y la Cámara expulsarlos.
No obstante, el asambleísta Andrés Páez (ID) conminó a los jueces a mostrar sus estadísticas para determinar a cuántas personas han liberado y juzgado, y cuántas prisiones preventivas han caducado. El asambleísta anunció que iniciará una recolección de firmas para solicitar al Consejo Nacional Electoral una consulta popular para la acumulación de penas para delitos graves. Su gira será en todas las provincias del país, excepto Galápagos.
Páez mencionó también el informe del jefe policial que detalla la libertad de cinco personas detenidas con fusiles HK, utilizadas “para acciones contra instituciones bancarias y asaltos perpetrados a vehículos blindados”.
