viernes, 19 de febrero de 2010

Propio Estado asegurará instalaciones petroleras


Amparándose en el decreto ejecutivo Nº 1700, la petrolera estatal Petroecuador decidió no realizar un concurso público para la adjudicación de la póliza más importante del país, sino iniciar un proceso de negociación directa con la también estatal Seguros Sucre S.A. Así, una empresa del Estado aseguraría a una petrolera del Estado.

Los representantes de la aseguradora Sucre, Iván Quirola y Óscar Herrera, presentaron ayer su oferta económica; esperan respuesta sobre la adjudicación hasta el lunes próximo.

La oferta de Sucre, de propiedad del Estado, a través del Banco del Pacífico, con vigencia de 30 días, consistió en una prima de más de $ 49,8 millones anuales, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La propuesta entró a revisión en Petroecuador para la calificación de aspectos técnicos y legales. De firmarse el contrato, la póliza estará vigente por los próximos dos años contados desde finales de mes.

Hasta el 28 de febrero, la póliza denominada Todo Riesgo Petrolero, Responsabilidad Civil, Marítima y no Marítima, la tiene Seguros Colonial.

La infraestructura de Petroecuador (oleoductos, poliductos, refinerías, plataformas) está valorada en $ 4.700 millones, pero de ese monto solo se asegurarán $ 500 millones, explicó una fuente de la compañía. Eso, debido a que en el peor de los siniestros no se puede perder más que esa cantidad.

La ausencia de un concurso que permita comparar las ofertas no tuvo una buena acogida. Luis Calero, abogado petrolero, comentó que lamentablemente la normativa está acomodada para ese tipo de acciones y que los regímenes excepcionales –que son legales bajo la nueva ley– los determinó el Jefe de Estado cuando dictó el reglamento a la Ley Orgánica de Contratación Pública.

Gracias a esa legislación y a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que también establece el régimen especial, según Calero, las empresas estatales pueden optar por el mecanismo de contratación directa y Petroecuador lo hizo.

Por tanto, dijo, “sí existe amparo legal” para esa adjudicación, pero desde el punto de vista moral puede tener sus observaciones, ya que no existen parámetros de comparación para establecer si hubo las mejores condiciones para el Estado, y quedará la incertidumbre de si fue la mejor propuesta.