QUITO. En un seminario sobre el manejo de recursos, realizado ayer, se expuso la situación de los contratos petroleros.
Los contratos de exploración y explotación petrolera que administran las contratistas Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y Burlington Resources de Estados Unidos tendrán un final conciliador: el Gobierno terminará la relación contractual por mutuo acuerdo.
La resolución se la adoptó en noviembre y diciembre del año pasado, pero ayer la anunció el jefe de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador, Jorge Regalado, durante el seminario sobre manejo de recursos que organizó el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables.
“En la semana de noviembre, un equipo negociador de Petroecuador y del Ministerio (de Recursos Naturales no Renovables) mantuvo reuniones con funcionarios de CGC para analizar la propuesta que presentaron al Estado, y llegamos a firmar un acta de entendimiento acordando la terminación del contrato por mutuo acuerdo”, expuso ese funcionario.
Hasta mediados del año anterior, las autoridades solo analizaron terminar de manera pacífica la relación y recién ayer se hizo público el acercamiento logrado.
“Esto (la negociación) está en proceso y tenemos que cumplir el análisis de tema(s) ambientales para poder llegar al fin del contrato por mutuo acuerdo”, recalcó Regalado.
Tras la concesión del área, CGC no pudo ingresar a operar el campo por oposición de la comunidad Sarayaku. En el área se encuentra regada pentonita (explosivos) que cada una de las partes (la operadora y las comunidades) acusa a la otra de haberla colocado.
“Con Burlington, en diciembre se recibió una carta de esa empresa solicitando negociar la terminación del contrato por mutuo acuerdo. (Ahora) el presidente ejecutivo (de Petroecuador, Luis Jaramillo) ha dispuesto la conformación de un grupo para que se siente a negociar, para que sea el mismo fin que hemos tenido con el bloque 23”, agregó el jefe de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador.
En ambos casos estas operadoras, que ahora no cuentan con un vocero o representante en el país (pasan en Argentina), no pudieron ejecutar grandes planes de inversión. Pero, CGC reclama $ 30 millones de reembolso de gastos al Estado y Burlington, $ 4 millones.
La operadora argentina es concesionaria del bloque petrolero 23 y Burlington, del 24. El primero está ubicado en Pastaza y el segundo, entre Pastaza y Morona Santiago.
Bloque: Operación Estatal
Análisis
El Ministerio de Finanzas analiza los mecanismos legales para que el bloque 28, antes adjudicado a Tripetrol, pase a ser operado por la estatal Petroecuador.
Situación
Ese bloque estuvo a cargo de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), desaparecida el 31 de diciembre del año pasado.
Los contratos de exploración y explotación petrolera que administran las contratistas Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina y Burlington Resources de Estados Unidos tendrán un final conciliador: el Gobierno terminará la relación contractual por mutuo acuerdo.
La resolución se la adoptó en noviembre y diciembre del año pasado, pero ayer la anunció el jefe de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador, Jorge Regalado, durante el seminario sobre manejo de recursos que organizó el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables.
“En la semana de noviembre, un equipo negociador de Petroecuador y del Ministerio (de Recursos Naturales no Renovables) mantuvo reuniones con funcionarios de CGC para analizar la propuesta que presentaron al Estado, y llegamos a firmar un acta de entendimiento acordando la terminación del contrato por mutuo acuerdo”, expuso ese funcionario.
Hasta mediados del año anterior, las autoridades solo analizaron terminar de manera pacífica la relación y recién ayer se hizo público el acercamiento logrado.
“Esto (la negociación) está en proceso y tenemos que cumplir el análisis de tema(s) ambientales para poder llegar al fin del contrato por mutuo acuerdo”, recalcó Regalado.
Tras la concesión del área, CGC no pudo ingresar a operar el campo por oposición de la comunidad Sarayaku. En el área se encuentra regada pentonita (explosivos) que cada una de las partes (la operadora y las comunidades) acusa a la otra de haberla colocado.
“Con Burlington, en diciembre se recibió una carta de esa empresa solicitando negociar la terminación del contrato por mutuo acuerdo. (Ahora) el presidente ejecutivo (de Petroecuador, Luis Jaramillo) ha dispuesto la conformación de un grupo para que se siente a negociar, para que sea el mismo fin que hemos tenido con el bloque 23”, agregó el jefe de la Unidad de Administración de Contratos de Petroecuador.
En ambos casos estas operadoras, que ahora no cuentan con un vocero o representante en el país (pasan en Argentina), no pudieron ejecutar grandes planes de inversión. Pero, CGC reclama $ 30 millones de reembolso de gastos al Estado y Burlington, $ 4 millones.
La operadora argentina es concesionaria del bloque petrolero 23 y Burlington, del 24. El primero está ubicado en Pastaza y el segundo, entre Pastaza y Morona Santiago.
Bloque: Operación Estatal
Análisis
El Ministerio de Finanzas analiza los mecanismos legales para que el bloque 28, antes adjudicado a Tripetrol, pase a ser operado por la estatal Petroecuador.
Situación
Ese bloque estuvo a cargo de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), desaparecida el 31 de diciembre del año pasado.
