La intención es disminuir el impacto que la aprobación de estas normas consideradas ‘urgentes’ (ya que según la primera transitoria de la Constitución debían ser aprobadas en octubre del año pasado) pueda causar en organizaciones sociales que han expresado su desacuerdo con las propuestas iniciales del régimen.
En el caso del proyecto de Ley de Educación Superior, el presidente de la Comisión, Raúl Abad, asegura que en el segundo debate se mantendrá el consenso para que en la integración del Consejo Nacional de Educación Superior, seis miembros sean de la academia y cuatro del Gobierno. Además, para que el delegado del Ejecutivo no tenga voto dirimente, explica Abad, al tiempo de recordar que en el proyecto original, el régimen tenía cinco de diez representantes y su delegado tenía voto dirimente.
Con la Ley de Cultura, Marco Murillo (MIAY), indica que el debate está centrado en el Consejo Nacional de Culturas que es un ente colegiado de apoyo del Sistema Nacional de Cultura, y cuya conformación y funciones serán determinadas en un reglamento.
El proyecto remitido por el régimen plantea que el ente sea presidido por el ministro del ramo; pero Murillo cree que quien rija las políticas culturales debe ser un consejo que no dependa del Ejecutivo para “que no sean políticas de gobierno, sino de Estado”.
En el proyecto de Ley de Recursos Hídricos la discusión se centra en la creación de un Consejo Intercultural y Plurinacional, lo cual no estaba previsto en el documento del gobierno y que, según Pedro de la Cruz (PAIS), integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, debe ser una instancia de planificación que incluso controle la ejecución de las acciones que delegue la “autoridad única del agua”.
Precisamente las atribuciones e integrantes de este Consejo todavía generan divisiones en el bloque. De la Cruz, por ejemplo, plantea que el 50% de la representación sea del Estado y el 50% la sociedad civil.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari (filial de la Conaie en la Sierra), sostiene que en la propuesta debe constar la creación de ese Consejo para que la autoridad no se concentre en una sola entidad, como ahora es la Secretaría Nacional del Agua (Senagua); sino que todos los sectores se involucren en las decisiones del control del agua, manifiesta.
Para segundo debate también hay cambios en la propuesta de Ley de Educación General, que buscan que el Gobierno no sea el único que tome las decisiones en las políticas públicas.
En la Asamblea reposan otras leyes ‘urgentes’, como la de Servicio Público. Según la presidenta de la Comisión a cargo, Nivea Vélez (ADE), resta definir el ámbito de la ley. También está la Ley del Deporte, que según el presidente de la Comisión Ocasional, Abdalá Bucaram (PRE), tiene como punto crítico la conformación de las federaciones deportivas provinciales por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez será designado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero esto, a criterio del legislador, “le resta credibilidad porque está conformado por residuos de la partidocracia”. (El Universo)
En el caso del proyecto de Ley de Educación Superior, el presidente de la Comisión, Raúl Abad, asegura que en el segundo debate se mantendrá el consenso para que en la integración del Consejo Nacional de Educación Superior, seis miembros sean de la academia y cuatro del Gobierno. Además, para que el delegado del Ejecutivo no tenga voto dirimente, explica Abad, al tiempo de recordar que en el proyecto original, el régimen tenía cinco de diez representantes y su delegado tenía voto dirimente.
Con la Ley de Cultura, Marco Murillo (MIAY), indica que el debate está centrado en el Consejo Nacional de Culturas que es un ente colegiado de apoyo del Sistema Nacional de Cultura, y cuya conformación y funciones serán determinadas en un reglamento.
El proyecto remitido por el régimen plantea que el ente sea presidido por el ministro del ramo; pero Murillo cree que quien rija las políticas culturales debe ser un consejo que no dependa del Ejecutivo para “que no sean políticas de gobierno, sino de Estado”.
En el proyecto de Ley de Recursos Hídricos la discusión se centra en la creación de un Consejo Intercultural y Plurinacional, lo cual no estaba previsto en el documento del gobierno y que, según Pedro de la Cruz (PAIS), integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria, debe ser una instancia de planificación que incluso controle la ejecución de las acciones que delegue la “autoridad única del agua”.
Precisamente las atribuciones e integrantes de este Consejo todavía generan divisiones en el bloque. De la Cruz, por ejemplo, plantea que el 50% de la representación sea del Estado y el 50% la sociedad civil.
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari (filial de la Conaie en la Sierra), sostiene que en la propuesta debe constar la creación de ese Consejo para que la autoridad no se concentre en una sola entidad, como ahora es la Secretaría Nacional del Agua (Senagua); sino que todos los sectores se involucren en las decisiones del control del agua, manifiesta.
Para segundo debate también hay cambios en la propuesta de Ley de Educación General, que buscan que el Gobierno no sea el único que tome las decisiones en las políticas públicas.
En la Asamblea reposan otras leyes ‘urgentes’, como la de Servicio Público. Según la presidenta de la Comisión a cargo, Nivea Vélez (ADE), resta definir el ámbito de la ley. También está la Ley del Deporte, que según el presidente de la Comisión Ocasional, Abdalá Bucaram (PRE), tiene como punto crítico la conformación de las federaciones deportivas provinciales por parte del Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez será designado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero esto, a criterio del legislador, “le resta credibilidad porque está conformado por residuos de la partidocracia”. (El Universo)
