A tres días de que concluya el plazo para la aprobación del proyecto económico urgente de reformas a la Ley de Hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional (fue enviado el 25 de junio y el plazo es de 30 días), para hoy está previsto el segundo debate del informe.
El primero, efectuado el pasado lunes, se cumplió entre cuestionamientos y defensa del informe presentado por la Comisión de lo Económico, presidida por Francisco Velasco, de Alianza País.
En su ponencia este legislador argumentó que "la migración de los contratos de Participación a Prestación de Servicios es una invitación a las petroleras privadas para que inviertan en el país".
Añadió que es necesario un control más estricto sobre la actividad de estas compañías y que "hay que enfatizar en la contratación de empresas públicas, pues las privadas vendrían en casos excepcionales y con una participación contractual del Estado no menor al 51%".
Esto, que permitiría la entrada de empresas públicas de otros países sin tener que pasar por procesos de licitación (art. 8 del proyecto) no cuenta con el apoyo total del oficialismo en la Asamblea.
Así se notó durante la intervención de la asambleísta Betty Amores (Alianza País), quien sostuvo que todos los jugadores deben participar bajo las mismas reglas, por lo que dijo "se debe eliminar la excepción de entrar a licitación para las empresas públicas... no debería haber privilegios para nadie".
La legisladora agregó que, si bien es posible acordar convenios de cooperación, hay que delimitar la actividad de las empresas públicas extranjeras.
En la Asamblea trascendió que varios asambleístas de Alianza País compartirían esa posición.
Por su parte, legisladores como Jorge Escala (MPD) y Magali Orellana (Pachakutik), se mostraron partidarios del archivo del proyecto, entre otros aspectos porque una ley de carácter ordinario no puede modificar una ley orgánica. Esto, porque el documento también plantea un cambio a la Ley Orgánica de Régimen Tributario.
Así, Escala pidió devolver el proyecto al Ejecutivo: "3 500 millones de barriles serán entregados por delegación, el Estado pretende el 25% cuando en otros países se reserva el 75%". En tanto Orellana dijo: "Se están entregando las reservas como hicieron los siempre satanizados gobiernos anteriores".
El primero, efectuado el pasado lunes, se cumplió entre cuestionamientos y defensa del informe presentado por la Comisión de lo Económico, presidida por Francisco Velasco, de Alianza País.
En su ponencia este legislador argumentó que "la migración de los contratos de Participación a Prestación de Servicios es una invitación a las petroleras privadas para que inviertan en el país".
Añadió que es necesario un control más estricto sobre la actividad de estas compañías y que "hay que enfatizar en la contratación de empresas públicas, pues las privadas vendrían en casos excepcionales y con una participación contractual del Estado no menor al 51%".
Esto, que permitiría la entrada de empresas públicas de otros países sin tener que pasar por procesos de licitación (art. 8 del proyecto) no cuenta con el apoyo total del oficialismo en la Asamblea.
Así se notó durante la intervención de la asambleísta Betty Amores (Alianza País), quien sostuvo que todos los jugadores deben participar bajo las mismas reglas, por lo que dijo "se debe eliminar la excepción de entrar a licitación para las empresas públicas... no debería haber privilegios para nadie".
La legisladora agregó que, si bien es posible acordar convenios de cooperación, hay que delimitar la actividad de las empresas públicas extranjeras.
En la Asamblea trascendió que varios asambleístas de Alianza País compartirían esa posición.
Por su parte, legisladores como Jorge Escala (MPD) y Magali Orellana (Pachakutik), se mostraron partidarios del archivo del proyecto, entre otros aspectos porque una ley de carácter ordinario no puede modificar una ley orgánica. Esto, porque el documento también plantea un cambio a la Ley Orgánica de Régimen Tributario.
Así, Escala pidió devolver el proyecto al Ejecutivo: "3 500 millones de barriles serán entregados por delegación, el Estado pretende el 25% cuando en otros países se reserva el 75%". En tanto Orellana dijo: "Se están entregando las reservas como hicieron los siempre satanizados gobiernos anteriores".
