El fiscal Washington Pesántez ha criticado duramente a los jueces por intentar favorecer con los bienes incautados al procesado.
La Fiscalía General del Estado, ante la orden de devolución de los bienes de Jorge Hugo Reyes Torres, dispuesta por el presidente de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Hernán Ulloa Parada, ha requerido en forma oportuna la revocatoria del mismo y solicita que se atienda los pedidos que se han formulado desde septiembre de 2008.
Con fecha 20 de julio, Ulloa Parada, dentro del caso de testaferrismo que sigue el Estado contra Reyes Torres, emitió un auto en el cual dispone la devolución de los bienes del caso de narcotráfico Ciclón 1, entre otras personas, a Dayra Levoyer Jiménez, conviviente de Reyes Torres.
Este auto es dictado pese a que la Fiscalía del Estado, mediante escritos de 23 de septiembre de 2008, 19 de mayo de 2009 y 30 de junio pasado, solicitó a la Primera Sala de la CNJ, que deseche el recurso de casación, ordene el comiso de todos los bienes obtenidos ilegalmente por Reyes Torres con el producto del delito de narcotráfico que fueron puestos a nombre de terceras personas relacionadas con él, especialmente de Dayra Levoyer Jiménez; igualmente la Procuraduría General del Estado, con fecha 18 de mayo se adhiere a los pedidos de la Fiscalía y pide el comiso de los bienes incautados en el operativo Ciclón 1.
El fiscal General, Washington Pesántez ha dicho que llama la atención la actuación de Ulloa, que atiende en forma oportuna y diligente los requerimientos de los supuestos propietarios de los bienes de Reyes Torres y no atiende las peticiones y requerimientos presentados por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría del Estado.
El fundamento procesal para que la Fiscalía requiera que los bienes producto del narcotráfico sean comisados y se disponga la venta de los mismos está sustentado en que Jorge Hugo Reyes Torres, sí estuvo vinculado con el tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización.
De esta actividad ilícita obtenía grandes cantidades de dinero, especialmente dólares. Algunas personas, vinculadas, laboral o conyugalmente, han prestado su nombre a Jorge Hugo Reyes Torres para la realización del negocio ajeno en beneficio de otras (testaferros); entre ellas, Dayra Levoyer Jiménez, Laura Mirella Santacruz Delgado, René Ojeda Benalcázar, Víctor Rodrigo Berrú Berrú, Kelvín Torres Cueva, Diego Fernando Viteri Bucheli.
Sobre la presencia de testaferros han comentado Laura Mirella Santacruz D. y Mauricio Hernández Zambrano, quienes han prestado sus servicios profesionales a Jorge Hugo Reyes Torres.
Ratifica esta afirmación Dayra Levoyer Jiménez, quien ha dejado constancia de que ha convivido en unión de hecho con Jorge Hugo Reyes Torres, el cual le ha regalado parte de las acciones de la Hacienda San Antonio (Santo Domingo de Tsáchilas).
Ella conoce quienes tenían deudas con él, de sus socios, de las cuentas bancarias que mantenía en el exterior, y de sus propiedades, resalta que su única función ‘ha sido el cuidado de sus hijos y de su hogar’.
La Fiscalía General del Estado, ante la orden de devolución de los bienes de Jorge Hugo Reyes Torres, dispuesta por el presidente de la Primera Sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Hernán Ulloa Parada, ha requerido en forma oportuna la revocatoria del mismo y solicita que se atienda los pedidos que se han formulado desde septiembre de 2008.
Con fecha 20 de julio, Ulloa Parada, dentro del caso de testaferrismo que sigue el Estado contra Reyes Torres, emitió un auto en el cual dispone la devolución de los bienes del caso de narcotráfico Ciclón 1, entre otras personas, a Dayra Levoyer Jiménez, conviviente de Reyes Torres.
Este auto es dictado pese a que la Fiscalía del Estado, mediante escritos de 23 de septiembre de 2008, 19 de mayo de 2009 y 30 de junio pasado, solicitó a la Primera Sala de la CNJ, que deseche el recurso de casación, ordene el comiso de todos los bienes obtenidos ilegalmente por Reyes Torres con el producto del delito de narcotráfico que fueron puestos a nombre de terceras personas relacionadas con él, especialmente de Dayra Levoyer Jiménez; igualmente la Procuraduría General del Estado, con fecha 18 de mayo se adhiere a los pedidos de la Fiscalía y pide el comiso de los bienes incautados en el operativo Ciclón 1.
El fiscal General, Washington Pesántez ha dicho que llama la atención la actuación de Ulloa, que atiende en forma oportuna y diligente los requerimientos de los supuestos propietarios de los bienes de Reyes Torres y no atiende las peticiones y requerimientos presentados por la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría del Estado.
El fundamento procesal para que la Fiscalía requiera que los bienes producto del narcotráfico sean comisados y se disponga la venta de los mismos está sustentado en que Jorge Hugo Reyes Torres, sí estuvo vinculado con el tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización.
De esta actividad ilícita obtenía grandes cantidades de dinero, especialmente dólares. Algunas personas, vinculadas, laboral o conyugalmente, han prestado su nombre a Jorge Hugo Reyes Torres para la realización del negocio ajeno en beneficio de otras (testaferros); entre ellas, Dayra Levoyer Jiménez, Laura Mirella Santacruz Delgado, René Ojeda Benalcázar, Víctor Rodrigo Berrú Berrú, Kelvín Torres Cueva, Diego Fernando Viteri Bucheli.
Sobre la presencia de testaferros han comentado Laura Mirella Santacruz D. y Mauricio Hernández Zambrano, quienes han prestado sus servicios profesionales a Jorge Hugo Reyes Torres.
Ratifica esta afirmación Dayra Levoyer Jiménez, quien ha dejado constancia de que ha convivido en unión de hecho con Jorge Hugo Reyes Torres, el cual le ha regalado parte de las acciones de la Hacienda San Antonio (Santo Domingo de Tsáchilas).
Ella conoce quienes tenían deudas con él, de sus socios, de las cuentas bancarias que mantenía en el exterior, y de sus propiedades, resalta que su única función ‘ha sido el cuidado de sus hijos y de su hogar’.
