Partidos políticos de oposición prevén presentar en la Asamblea Nacional un proyecto para intentar derogar las reformas a la Ley de Hidrocarburos que hoy entrarán en vigencia al vencer el plazo para su debate en el Parlamento.
Así lo aseguró el asambleísta Andrés Páez, del partido Izquierda Democrática, en una entrevista con la emisora Sonorama, al añadir que la oposición intentará evitar con su propuesta, entre otras cosas, que se asignen contratos petroleros "a dedo" en el país.
Las reformas propugnadas por los oficialistas a la ley vigente de Hidrocarburos contemplan cambiar los actuales contratos de participación de las petroleras privadas por otros de prestación de servicios, medida que tiene como objetivo, entre otros, mejorar los ingresos del Estado por la actividad hidrocarburífera.
El Gobierno ecuatoriano pretende dejar resuelto este año el tema de la contratación petrolera con las compañías privadas, nacionales y extranjeras, que operan en el país.
La oposición ha criticado varios artículos de dicha reforma legal, por considerar que podrían alejar inversiones privadas en el sector petrolero.
No obstante, el Ejecutivo ha defendido el proyecto, porque evitaría la caída de la producción de crudo y mejoraría los ingresos.
El plazo para debatir las reformas, que fueron tramitadas con carácter "económico urgente" a la Asamblea por el Ejecutivo, finalizó ayer sin que los asambleístas lograran analizarlas en el pleno por falta del quórum necesario, por lo que, según se recoge en la Constitución, el proyecto se aprobará por el "ministerio de la ley".
En ese sentido, el nuevo marco jurídico entrará en vigencia, tras ser publicado en el Registro Oficial, al no ser debatido por los legisladores en el tiempo establecido, lo que ha despertado el malestar de las fuerzas políticas de oposición.
Se prevé que hoy el presidente Rafael Correa ordene la publicación del nuevo cuerpo legal en el Registro Oficial y, así, según afirmó el mandatario el fin de semana: se pongan "las reglas claras (...) en función de los intereses de nuestro pueblo" para "distribuir de mejor manera para el Estado la renta petrolera".
El pasado mayo, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, explicó que con las nuevas condiciones se establece "un plazo prudencial para terminar la negociación de los contratos (desde los de participación a los de prestación de servicios) de 120 días para las empresas grandes y 180 para las más pequeñas".
Precisó que, en total, se trata de 34 contratos, cinco de ellos de envergadura, y se mostró optimista en que las empresas traten de llegar a un acuerdo.
"En caso de que no se llegue, pues pasaremos, como dice el presidente, a la terminación del contrato con un precio justo de expropiación", al que se llegará "tomando en cuenta el potencial que tenga el bloque (petrolero) sin inversión", agregó.
El petróleo es el principal producto de exportación de este país andino que, con los ingresos por sus ventas, financia alrededor del 25 por ciento del Presupuesto General del Estado.
Así lo aseguró el asambleísta Andrés Páez, del partido Izquierda Democrática, en una entrevista con la emisora Sonorama, al añadir que la oposición intentará evitar con su propuesta, entre otras cosas, que se asignen contratos petroleros "a dedo" en el país.
Las reformas propugnadas por los oficialistas a la ley vigente de Hidrocarburos contemplan cambiar los actuales contratos de participación de las petroleras privadas por otros de prestación de servicios, medida que tiene como objetivo, entre otros, mejorar los ingresos del Estado por la actividad hidrocarburífera.
El Gobierno ecuatoriano pretende dejar resuelto este año el tema de la contratación petrolera con las compañías privadas, nacionales y extranjeras, que operan en el país.
La oposición ha criticado varios artículos de dicha reforma legal, por considerar que podrían alejar inversiones privadas en el sector petrolero.
No obstante, el Ejecutivo ha defendido el proyecto, porque evitaría la caída de la producción de crudo y mejoraría los ingresos.
El plazo para debatir las reformas, que fueron tramitadas con carácter "económico urgente" a la Asamblea por el Ejecutivo, finalizó ayer sin que los asambleístas lograran analizarlas en el pleno por falta del quórum necesario, por lo que, según se recoge en la Constitución, el proyecto se aprobará por el "ministerio de la ley".
En ese sentido, el nuevo marco jurídico entrará en vigencia, tras ser publicado en el Registro Oficial, al no ser debatido por los legisladores en el tiempo establecido, lo que ha despertado el malestar de las fuerzas políticas de oposición.
Se prevé que hoy el presidente Rafael Correa ordene la publicación del nuevo cuerpo legal en el Registro Oficial y, así, según afirmó el mandatario el fin de semana: se pongan "las reglas claras (...) en función de los intereses de nuestro pueblo" para "distribuir de mejor manera para el Estado la renta petrolera".
El pasado mayo, el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, explicó que con las nuevas condiciones se establece "un plazo prudencial para terminar la negociación de los contratos (desde los de participación a los de prestación de servicios) de 120 días para las empresas grandes y 180 para las más pequeñas".
Precisó que, en total, se trata de 34 contratos, cinco de ellos de envergadura, y se mostró optimista en que las empresas traten de llegar a un acuerdo.
"En caso de que no se llegue, pues pasaremos, como dice el presidente, a la terminación del contrato con un precio justo de expropiación", al que se llegará "tomando en cuenta el potencial que tenga el bloque (petrolero) sin inversión", agregó.
El petróleo es el principal producto de exportación de este país andino que, con los ingresos por sus ventas, financia alrededor del 25 por ciento del Presupuesto General del Estado.
