El proyecto Libertador requiere que se cumpla una serie de requisitos. En cambio, la Ley de Seguridad solo pide a la Senain la autorización de un juezEl número de la indagación previa, el nombre del fiscal que lleva el caso, la autorización del fiscal encargado de controlar el proyecto, el juez que avala el pedido de escucha, un operador encargado de registrar las interceptaciones y un archivo central son los protocolos que tienen que cumplirse para que un número sea ingresado al sistema del proyecto Libertador.
Para acceder, además, debe tratarse de delitos como narcotráfico, terrorismo y otros, por lo que debe existir registros del trabajo realizado y sus resultados. Los integrantes del proyecto, especialmente el fiscal encargado del proyecto y los operadores, deben ser sometidos a pruebas del polígrafo, para garantizar su idoneidad.
El jefe de Antinarcóticos, Joel Loaiza, sostuvo que el proyecto Libertador es actualmente un instrumento para la lucha contra el crimen organizado, y que no es un medio de persecución. Por eso, consideró que con Libertador los políticos de oposición al Gobierno no deben tener miedo "porque no es para perseguir, es simplemente para tratar de ubicar el delito y al delincuente".
Loaiza comentó que proyectos similares a Libertador están en marcha en países como Colombia y el Perú, ya que iniciaron su implementación casi al mismo tiempo que en el Ecuador.
Desde hace poco más de un año, con la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), que coordina acciones con el recientemente creado Sistema de Seguridad Integral de la Presidencia de la República, el Gobierno tiene la facultad de implementar un sistema alterno para recolectar información sensible.
El sustento se halla en el art. 20 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que señala: "Cuando los organismos de inteligencia, como parte de operaciones encubiertas, requieran retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicados por cualquier medio, solicitará de forma motivada al presidente de la Corte Nacional, la autorización correspondiente, mediante solicitud reservada, la cual constará en los registros especiales de la función judicial".
Hasta junio de 2010 de este año, funcionarios de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) no tenían información con relación a algún tipo de pedido hecho por la Senain para autorizar investigaciones.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, manifestó que envió a la Senain una carta en la cual los hermanos Édison y Miguel Ostaiza denunciaban, en abril, persecución y supuestas vinculaciones de ex funcionarios y actuales funcionarios del Gobierno con las FARC.
Miguel Carvajal, ministro de Seguridad Interna y Externa, anunció que pedirá a la Senain que investigue la denuncia de espionaje realizado al presidente ecuatoriano en medio del denominado caso "Salomón".
Sin respuestas. Este Suplemento trató de conversar con los funcionarios de Gobierno a cargo del proyecto Libertador, así como de la Secretaría de Inteligencia, para conocer por qué se encuentra en stand by y si se están analizando alternativas a esa iniciativa, pero todos dieron razones diversas para no acceder a las entrevistas.
Así, el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, quien tiene bajo su responsabilidad la Senain, respondió, el 14 de julio, a través del Departamento de Comunicación de su cartera de Estado, que no tenía espacio en su agenda para atender el tema. Ese mismo día, la asistente del secretario de la Senain informó que Francisco Jijón no se pronunciaba sobre esos asuntos.
Dos días antes, el fiscal general, Washington Pesántez, al ser preguntado sobre el proyecto Libertador, indicó: "No voy a hablar".
