Tras 10 meses de trámites, finalmente el Gobierno declaró la caducidad de los contratos que mantenía Perenco en el país (ver recuadro). Con esto, Petroamazonas pasa a ser el operador oficial de esos campos y la demanda en contra del Ecuador podría fortalecerse.Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales no Renovales, explicó que a Perenco “se le ha aplicado la sanción administrativa prevista por la suspensión injustificada de operaciones”. Esta suspensión fue el 16 de julio de 2009.
Según René Ortiz, miembro del Foro de Opinión Petrolera, sí hubo causas justificadas de esa paralización. “La más importantes, que el Gobierno no respetó los acuerdos que se lograron en el proceso de renegociación de los contratos de 2009, en relación con el impuesto a los ingresos extraordinarios, que la compañía no quería asumir”, comentó.
Ortiz recordó que antes de la suspensión de actividades, el Gobierno tomó la decisión, ‘sin base legal ni el dictamen de un juez’, de confiscar el 70% de la producción petrolera de Perenco. Esa fue “la acción de hecho que llevó a la compañía a dejar de operar”, anotó.
Sin embargo, Pástor resaltó que Perenco suspendió sus actividades “sin causa justa”. Y subrayó que la resolución de la declaratoria de caducidad “se la efectúa dejando a salvo los derechos que el Estado pudiese pedir respeto de cualquier pasivo ambiental” que la compañía haya dejado. Por ahora, Petroamazonas se encarga de la auditoría de los pasivos ambientales.
La resolución de caducidad no trae ningún cambio en el ámbito real. “Sólo se consolida la operación de Petroamazonas, que se hizo cargo de los campos en todo este tiempo”, aclaró Pástor.
Calificó de ‘positiva’ la operación de la entidad estatal. Esto porque “el 17 de julio del 2009, Petroamazonas recibió 20.365 barriles, hoy día la producción es de 28.456 barriles. Es decir, 40% más de lo que nos dejó Perenco, que significan más de 7 mil barriles por día que equivalen a 180 millones de dólares por año”.
Pero Ortiz advirtió un efecto real en el ámbito legal. “La declaratoria de caducidad no es favorable para el país, más bien es contraproducente. Esto debido a que “Perenco demandó al Ecuador basado en tres agravantes: estaba indefensa, no se había respetado el Estado de derecho y se cumplió con la confiscación para cobrar un impuesto que estaba en proceso de negociación”, indicó.
