A pesar de los cambios, según las universidades, se mantienen discrepancias en puntos sensibles
Aunque el presidente de la Comisión Ocasional de Educación, Raúl Abad, sostiene que el 96% de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) ha sido consensuada con la comunidad universitaria, ésta sigue generando rechazo en varios sectores.
El propio Consejo Consultivo de Educación Superior negó que el consenso sea casi total como dice Abad y aseguró que persisten los disensos en temas sensibles que afectarían la autonomía universitaria.
El mayor problema se centran en qué organismo tendrá la rectoría del sistema. El proyecto original contempla la creación de una Secretaría Nacional de Educación Superior, totalmente dependiente del Ejecutivo.
Esta nueva dependencia goza de competencias superiores a las del Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, únicos entes contemplados por la Constitución para regir a las universidades.
En la última actualización de la LOES entregada por los asambleístas del oficialismo se dice que la Secretaría tendrá el papel de coordinación y se retiró la palabra "rectoría".
El rector de la Universidad Cristiana Latinoamericana, Marco Muñóz, reconoce esto, pero mantiene dudas sobre cuales serán en la práctica sus verdaderas funciones.
En tanto, Jorge Escala del MPD manifestó que independientemente de que tenga o no rectoría, su creación viola la Constitución.
De mantenerse el compromiso de los asambleístas de Gobierno la Educación Superior sería regida en primer lugar por el CES y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad y la secretaría sería un ente regulador entre academia y Ejecutivo.
También fue acogido el pedido universitario de que los presidentes del CES y el Consejo de Acreditación no salgan de una lista enviada por el Presidente de la República, sino que sean escogido de entre sus miembros. Aunque esto no garantiza la total independencia de los representantes de ambos órganos.
No fue acogido el pedido de las universidades particulares para la designación de autoridades, pues de mantiene la figura de elección universal (art.55) en la que participarán profesores, estudiantes y trabajadores titulares del centro de estudio.
Para los académico Joaquín Hernández y Alejandro Ribadeneira este tipo de designación de autoridades en las universidades particulares provocará su politización e impedirá que se organicen de forma autónoma de acuerdo a sus estatutos.
Aunque el presidente de la Comisión Ocasional de Educación, Raúl Abad, sostiene que el 96% de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) ha sido consensuada con la comunidad universitaria, ésta sigue generando rechazo en varios sectores.
El propio Consejo Consultivo de Educación Superior negó que el consenso sea casi total como dice Abad y aseguró que persisten los disensos en temas sensibles que afectarían la autonomía universitaria.
El mayor problema se centran en qué organismo tendrá la rectoría del sistema. El proyecto original contempla la creación de una Secretaría Nacional de Educación Superior, totalmente dependiente del Ejecutivo.
Esta nueva dependencia goza de competencias superiores a las del Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, únicos entes contemplados por la Constitución para regir a las universidades.
En la última actualización de la LOES entregada por los asambleístas del oficialismo se dice que la Secretaría tendrá el papel de coordinación y se retiró la palabra "rectoría".
El rector de la Universidad Cristiana Latinoamericana, Marco Muñóz, reconoce esto, pero mantiene dudas sobre cuales serán en la práctica sus verdaderas funciones.
En tanto, Jorge Escala del MPD manifestó que independientemente de que tenga o no rectoría, su creación viola la Constitución.
De mantenerse el compromiso de los asambleístas de Gobierno la Educación Superior sería regida en primer lugar por el CES y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad y la secretaría sería un ente regulador entre academia y Ejecutivo.
También fue acogido el pedido universitario de que los presidentes del CES y el Consejo de Acreditación no salgan de una lista enviada por el Presidente de la República, sino que sean escogido de entre sus miembros. Aunque esto no garantiza la total independencia de los representantes de ambos órganos.
No fue acogido el pedido de las universidades particulares para la designación de autoridades, pues de mantiene la figura de elección universal (art.55) en la que participarán profesores, estudiantes y trabajadores titulares del centro de estudio.
Para los académico Joaquín Hernández y Alejandro Ribadeneira este tipo de designación de autoridades en las universidades particulares provocará su politización e impedirá que se organicen de forma autónoma de acuerdo a sus estatutos.
