Los servicios de Inteligencia detectaron que la red para llevar droga vía fluvial a México, Estados Unidos, Europa o Asia se teje desde Santo Domingo de los Tsáchilas. Desde allí, las mafias tienen corredores fluviales hasta Esmeraldas y Manabí, para salir al mar.
El fiscal de la Unidad de Antinarcóticos de Santo Domingo, Santiago Mozo, dice que este tránsito se debe a que “en la frontera norte no existen suficientes controles” para impedir el paso de los productos ilícitos. “Yo trabajé en Tulcán y pude observar que, por ejemplo, mientras en la frontera teníamos 140 casos de narcotráfico; aquí (Santo Domingo) se registraban por lo menos 150”.
Un sector estratégico para el paso de la droga a los puertos es la Bocana del Búa, un pequeño pueblo enclavado entre tres jurisdicciones: Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. Al filo de sus calles, llenas de piedras, se levantan casas de madera donde viven los agricultores. La Policía dice que esa zona es usada por los extranjeros que venden droga y que recorren la región para llevar productos ilícitos hasta El Carmen (Manabí) y La Concordia (entre Santo Domingo y Esmeraldas).
Con base en estos datos, Inteligencia determinó que las tres provincias conforman una “zona importante” que los narcos se disputan, a punta de armas de fuego, para vender o traficar droga.
En el primer trimestre del 2010, en Santo Domingo de los Tsáchilas fueron decomisados 316 884 gramos de droga, en Esmeraldas 537 389 gramos y en Manabí 3 075 809; esta última es la segunda zona con más incautaciones, después de Guayas.
Una vía lodosa, abierta entre plantaciones de palma, conduce a Monterrey, también considerada zona estratégica para sacar la droga. En el centro del pueblo las calles permanecen vacías. Los grandes ventiladores en las salas y las hamacas en los pasillos complementan el cuadro de las vetustas viviendas de tablas.
Lucila (nombre protegido) teme cuando al pueblo, de 3 800 personas, llegan desconocidos. Habla en voz baja y apenas refiere el operativo policial que el 28 de mayo desmontó un laboratorio (el tercero de este año). En este se procesaba cocaína (con pasta de coca) y operaba en una finca, a seis kilómetros de Monterrey.
“Sí supimos de eso, estuvimos con miedo por lo que puede pasar”. De pronto, la mujer se queda en silencio, dice que de eso mejor pueden hablar los policías e ingresa de inmediato a su casa.
Dos agentes que operan allí, en un lúgubre retén, se acercan y son cautos al hablar de la droga. “Aquí hacemos lo que se puede para controlar los problemas, pero las cosas a veces se van de las manos”, dice uno de ellos.
Lucila sale nuevamente y lanza una recomendación al forastero: “Aquí es mejor estar calladita, mejor váyase de aquí”.
El director nacional de Antinarcóticos, Joel Loaiza, conoce estas reacciones y hace una revelación: “Esos grupos (narcotraficantes) se aprovechan de la gente pobre para tomarse las fincas, tratan de convencerlos sobrevalorando los arriendos. Si no aceptan sus propuestas simplemente dicen (a los propietarios) te vas o te matamos aquí mismo. La gente cede por temor, pero no denuncia. Ese es uno de los problemas fuertes”.
Cristian recuerda las noches en que el corpulento hombre lo visitaba. “Venía bravo y decía que necesitaba cuanto antes mi finca, pero me paré duro”, dice el campesino que usa botas de caucho.
La finca donde estaba el laboratorio de coca estaba rentada a un ecuatoriano, quien a su vez la había subarrendado a un extranjero. Un mes y medio después del hallazgo, el lugar no tiene resguardo policial.
Desde el interior de la pequeña casa cubierta con plantaciones de palma solo se escuchan voces de un hombre y de niños. Dos personas, con botas enlodadas, vigilan la entrada al lugar y dicen que no se puede acceder más, que es tierra privada.
El fiscal de la Unidad de Antinarcóticos de Santo Domingo, Santiago Mozo, dice que este tránsito se debe a que “en la frontera norte no existen suficientes controles” para impedir el paso de los productos ilícitos. “Yo trabajé en Tulcán y pude observar que, por ejemplo, mientras en la frontera teníamos 140 casos de narcotráfico; aquí (Santo Domingo) se registraban por lo menos 150”.
Un sector estratégico para el paso de la droga a los puertos es la Bocana del Búa, un pequeño pueblo enclavado entre tres jurisdicciones: Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. Al filo de sus calles, llenas de piedras, se levantan casas de madera donde viven los agricultores. La Policía dice que esa zona es usada por los extranjeros que venden droga y que recorren la región para llevar productos ilícitos hasta El Carmen (Manabí) y La Concordia (entre Santo Domingo y Esmeraldas).
Con base en estos datos, Inteligencia determinó que las tres provincias conforman una “zona importante” que los narcos se disputan, a punta de armas de fuego, para vender o traficar droga.
En el primer trimestre del 2010, en Santo Domingo de los Tsáchilas fueron decomisados 316 884 gramos de droga, en Esmeraldas 537 389 gramos y en Manabí 3 075 809; esta última es la segunda zona con más incautaciones, después de Guayas.
Una vía lodosa, abierta entre plantaciones de palma, conduce a Monterrey, también considerada zona estratégica para sacar la droga. En el centro del pueblo las calles permanecen vacías. Los grandes ventiladores en las salas y las hamacas en los pasillos complementan el cuadro de las vetustas viviendas de tablas.
Lucila (nombre protegido) teme cuando al pueblo, de 3 800 personas, llegan desconocidos. Habla en voz baja y apenas refiere el operativo policial que el 28 de mayo desmontó un laboratorio (el tercero de este año). En este se procesaba cocaína (con pasta de coca) y operaba en una finca, a seis kilómetros de Monterrey.
“Sí supimos de eso, estuvimos con miedo por lo que puede pasar”. De pronto, la mujer se queda en silencio, dice que de eso mejor pueden hablar los policías e ingresa de inmediato a su casa.
Dos agentes que operan allí, en un lúgubre retén, se acercan y son cautos al hablar de la droga. “Aquí hacemos lo que se puede para controlar los problemas, pero las cosas a veces se van de las manos”, dice uno de ellos.
Lucila sale nuevamente y lanza una recomendación al forastero: “Aquí es mejor estar calladita, mejor váyase de aquí”.
El director nacional de Antinarcóticos, Joel Loaiza, conoce estas reacciones y hace una revelación: “Esos grupos (narcotraficantes) se aprovechan de la gente pobre para tomarse las fincas, tratan de convencerlos sobrevalorando los arriendos. Si no aceptan sus propuestas simplemente dicen (a los propietarios) te vas o te matamos aquí mismo. La gente cede por temor, pero no denuncia. Ese es uno de los problemas fuertes”.
Cristian recuerda las noches en que el corpulento hombre lo visitaba. “Venía bravo y decía que necesitaba cuanto antes mi finca, pero me paré duro”, dice el campesino que usa botas de caucho.
La finca donde estaba el laboratorio de coca estaba rentada a un ecuatoriano, quien a su vez la había subarrendado a un extranjero. Un mes y medio después del hallazgo, el lugar no tiene resguardo policial.
Desde el interior de la pequeña casa cubierta con plantaciones de palma solo se escuchan voces de un hombre y de niños. Dos personas, con botas enlodadas, vigilan la entrada al lugar y dicen que no se puede acceder más, que es tierra privada.
