Esta percepción se mantiene aún después de que el ministro de los Sectores Estratégicos, Jorge Glas, y el de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, hibieron insistido en que las reformas atraerán a la inversión privada extranjera.
Así, el presidente del Foro Petrolero Ecuatoriano (Fopec), Jorge Pareja Cucalón, aseveró que lo que ha ocurrido en la Asamblea "fue preparado paso a paso, con anticipación, para que las reformas pasen por el ministerio de la Ley. Eso constituye la crónica de una tomadura de pelo anunciada".
Pareja Cucalón insistió en que la ley es inconstitucional. "Habrá qué ver que pasa. Es una batalla que se ha perdido. Pero la guerra sigue en pie", aseguró.
Para el especialista, el sector se verá afectado si las empresas petroleras privadas no llegan a renegociar la migración de los contratos de participación a prestación de servicios, puesto que "el país tendrá que cancelarles sus activos no amortizados. Esto sucederá especialmente en las compañías con las que están por fenecer los contratos originales, cuando las petroleras deberían entregar al Estado sin costo alguno sus activos".
Sobre la exoneración de licitaciones para las empresas estatales, Pareja Cucalón opinó que ello ahuyentará las inversiones privadas extranjeras de suelo nacional.
"Desde mi punto de vista, esto está encaminado a beneficiar, con el patrimonio petrolero ecuatoriano, a las estatales de Venezuela y la China. Además, abre las puertas a que en el sector haya contrataciones a dedo", indicó.
"Retóricamente, suena bien que la ley atraerá las inversiones pero, en la práctica, habrá que ver qué pasa. La inversión privada no tendrá una mejoría sustancial, pues son pocas las compañías privadas que quedan en el país", concluyó el experto.
Por otra parte, Luis Arauz, autor del libro Derecho petrolero ecuatoriano, indicó que el sector petrolero se verá afectado negativamente con la aprobación de las reformas, ya que "el Estado solo recibirá el 25% y no se sabe qué pasará con el 75% restante. Podría ser para pagarles a los contratistas las tarifas que ellos pongan; entonces, ¿qué gana el país?".
Asimismo, para el jurista y experto petrolero Luis Calero, el tema radica en el monto en el que se acuerden las tarifas para cada contrato. "Eso determinará cuán bueno es para el Estado y cuán bueno es para la compañía. Con ello, deberemos esperar que los ingresos sean superiores al 99% de los ingresos extraordinarios al que tiene el país derecho, conforme dice la Ley 42-2006. Solo allí, sería positivo para los intereses del Estado", indicó Calero.