Tras siete horas de debate, el pleno del organismo resolvió la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería, planteada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y otras organizaciones ciudadanas.
Los nueve jueces debatieron tres informes presentados y al final aprobaron la consulta previa con ocho votos a favor y un voto salvado de Nina Pacari, quien presentó un informe de inconstitucionalidad de la Ley de Minería.
La mayoría de jueces aprobó la constitucionalidad condicionada de los artículos 15, 28, 31, 59, 87, 88, 90, 100 y 105 de la nueva Ley de Minería.
Dichos artículos hablan de la declaratoria de utilidad pública de tierras, servidumbres, libertad de prospección, concesiones mineras, construcciones e instalaciones complementarias, consulta ambiental y otras disposiciones legales.
La constitucionalidad condicionada se aplicará solo a los artículos en los que no se han incorporado los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Con esta resolución, para que el Estado pueda iniciar procesos de explotación minera en los territorios de las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, deberá obtener la aprobación de estos.
La disposición se basa en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución vigente.
La constitucionalidad condicionada de la Ley de Minería estará vigente hasta que la Asamblea Nacional expida la correspondiente ley que regule las consultas previas.
Según Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, la resolución lo que ha hecho es “salvar” la constitucionalidad de la Ley de Minería impugnada, afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad del Estado.
Pero deja en claro que no se ha sacrificado la protección ni la garantía de los derechos colectivos de las comunas, comunidades y nacionalidades, pues la sentencia lo que hace es disciplinar la actividad de la minería, así como a sus actores públicos y privados.
El sector indígena no está satisfecho e incluirá el tema minero en sus protestas.
Los nueve jueces debatieron tres informes presentados y al final aprobaron la consulta previa con ocho votos a favor y un voto salvado de Nina Pacari, quien presentó un informe de inconstitucionalidad de la Ley de Minería.
La mayoría de jueces aprobó la constitucionalidad condicionada de los artículos 15, 28, 31, 59, 87, 88, 90, 100 y 105 de la nueva Ley de Minería.
Dichos artículos hablan de la declaratoria de utilidad pública de tierras, servidumbres, libertad de prospección, concesiones mineras, construcciones e instalaciones complementarias, consulta ambiental y otras disposiciones legales.
La constitucionalidad condicionada se aplicará solo a los artículos en los que no se han incorporado los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
Con esta resolución, para que el Estado pueda iniciar procesos de explotación minera en los territorios de las comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, deberá obtener la aprobación de estos.
La disposición se basa en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución vigente.
La constitucionalidad condicionada de la Ley de Minería estará vigente hasta que la Asamblea Nacional expida la correspondiente ley que regule las consultas previas.
Según Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, la resolución lo que ha hecho es “salvar” la constitucionalidad de la Ley de Minería impugnada, afirmar la seguridad jurídica y la gobernabilidad del Estado.
Pero deja en claro que no se ha sacrificado la protección ni la garantía de los derechos colectivos de las comunas, comunidades y nacionalidades, pues la sentencia lo que hace es disciplinar la actividad de la minería, así como a sus actores públicos y privados.
El sector indígena no está satisfecho e incluirá el tema minero en sus protestas.
