El veto a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que dispone la rendición de cuentas de los medios de comunicación desata una polémica por una posible inconstitucionalidad.
El presidente Rafael Correa pidió a la Asamblea que entre las instituciones que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía incluya a los medios de comunicación “por ser entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación”. El veto señala que la rendición es mandatoria y no facultativa.
Los constitucionalistas Roberto López Moreno y Antonio Rodríguez Vicens (ver entrevista) coinciden en que el veto introdujo una materia distinta a la que trata la ley. El primero explicó que el artículo 138 de la Carta Magna lo prohíbe.
La semana pasada no hubo los votos para acoger o rechazar el veto. Pero el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, anticipó que su aprobación se dará por el Ministerio de la Ley; es decir, cuando venza el plazo que tiene el Legislativo para pronunciarse (el 3 de abril).
López señala que el artículo 138 dispone que si la objeción fuera parcial el Presidente presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. “¿Cómo se pueden introducir cambios que no han sido discutidos en la fase deliberativa que desarrollan los legisladores en el Parlamento?”, preguntó.
El constitucionalista considera que los medios no tienen que rendir cuentas porque “lo público es lo que hace el Estado, y no el sector privado”.
Su postura es apoyada por el presidente ejecutivo de revista Vanguardia, Andrés Crespo, quien cree que “los que algún día tendrán que rendir cuentas serán el Presidente (Rafael Correa) y los (asambleístas) de Alianza PAIS, que luego de ser chantajeados con el argumento de que renuncien a la inmunidad parlamentaria, para enjuiciar al Fiscal General, el Presidente les manda a pedir disculpas (...) y nada ha pasado”.
Crespo coincide con la calificación de inconstitucional y a su juicio dichas inconstitucionalidades se dan gracias a dos elementos: “A la complicidad activa y pasiva de los asambleístas de PAIS y unos cuantos más, y al magistral manejo del titular de la Asamblea, Fernando Cordero”, a quien califica como “experto en quedar bien con Dios y con el Diablo, pero siempre a espaldas de la Constitución”.
El presidente Rafael Correa pidió a la Asamblea que entre las instituciones que tienen que rendir cuentas a la ciudadanía incluya a los medios de comunicación “por ser entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación”. El veto señala que la rendición es mandatoria y no facultativa.
Los constitucionalistas Roberto López Moreno y Antonio Rodríguez Vicens (ver entrevista) coinciden en que el veto introdujo una materia distinta a la que trata la ley. El primero explicó que el artículo 138 de la Carta Magna lo prohíbe.
La semana pasada no hubo los votos para acoger o rechazar el veto. Pero el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, anticipó que su aprobación se dará por el Ministerio de la Ley; es decir, cuando venza el plazo que tiene el Legislativo para pronunciarse (el 3 de abril).
López señala que el artículo 138 dispone que si la objeción fuera parcial el Presidente presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. “¿Cómo se pueden introducir cambios que no han sido discutidos en la fase deliberativa que desarrollan los legisladores en el Parlamento?”, preguntó.
El constitucionalista considera que los medios no tienen que rendir cuentas porque “lo público es lo que hace el Estado, y no el sector privado”.
Su postura es apoyada por el presidente ejecutivo de revista Vanguardia, Andrés Crespo, quien cree que “los que algún día tendrán que rendir cuentas serán el Presidente (Rafael Correa) y los (asambleístas) de Alianza PAIS, que luego de ser chantajeados con el argumento de que renuncien a la inmunidad parlamentaria, para enjuiciar al Fiscal General, el Presidente les manda a pedir disculpas (...) y nada ha pasado”.
Crespo coincide con la calificación de inconstitucional y a su juicio dichas inconstitucionalidades se dan gracias a dos elementos: “A la complicidad activa y pasiva de los asambleístas de PAIS y unos cuantos más, y al magistral manejo del titular de la Asamblea, Fernando Cordero”, a quien califica como “experto en quedar bien con Dios y con el Diablo, pero siempre a espaldas de la Constitución”.
