La Asamblea Nacional difirió ayer la resolución del veto parcial que el Ejecutivo impuso al proyecto de Ley de Participación Ciudadana.
La medida se debió a que los legisladores de PAIS no tenían una posición definida al respecto.
La noche de ayer los oficialistas tenían previsto reunirse para debatir el tema, pero el cónclave se suspendió y no pudieron definir cómo votarían hoy.
Con ese antecedente, el pleno anticipó el análisis del cuerpo legal e hizo énfasis en la objeción al artículo 88, que determina que los medios de comunicación deberán rendir cuentas una vez al año si algún ciudadano o grupo social lo solicita.
Luis Morales (PRIAN), presidente de la comisión de Participación del Legislativo, sostuvo que el pronunciamiento del Ejecutivo contradice los artículos 41, 88, 89 y 90 que impiden que en un veto se incluyan textos diferentes que no hayan sido tratados previamente por la Asamblea. Además, el legislador indicó que no se pude pedir a las instituciones privadas que rindan cuentas.
César Montúfar (Concertación NAiconal Democrática) coincidió con ese criterio al igual que Juan Carlos López (PSP), quien criticó que la objeción pretenda atentar contra la libertad de expresión.
De parte del oficialismo no hubo mayores intervenciones, únicamente María Soledad Vela propuso que la votación del veto sea postergada para un próxima sesión plenaria.
El titular del legislativo, Fernando Cordero, suspendió el debate, pero no definió cuál será la nueva fecha para resolver el veto.
La medida se debió a que los legisladores de PAIS no tenían una posición definida al respecto.
La noche de ayer los oficialistas tenían previsto reunirse para debatir el tema, pero el cónclave se suspendió y no pudieron definir cómo votarían hoy.
Con ese antecedente, el pleno anticipó el análisis del cuerpo legal e hizo énfasis en la objeción al artículo 88, que determina que los medios de comunicación deberán rendir cuentas una vez al año si algún ciudadano o grupo social lo solicita.
Luis Morales (PRIAN), presidente de la comisión de Participación del Legislativo, sostuvo que el pronunciamiento del Ejecutivo contradice los artículos 41, 88, 89 y 90 que impiden que en un veto se incluyan textos diferentes que no hayan sido tratados previamente por la Asamblea. Además, el legislador indicó que no se pude pedir a las instituciones privadas que rindan cuentas.
César Montúfar (Concertación NAiconal Democrática) coincidió con ese criterio al igual que Juan Carlos López (PSP), quien criticó que la objeción pretenda atentar contra la libertad de expresión.
De parte del oficialismo no hubo mayores intervenciones, únicamente María Soledad Vela propuso que la votación del veto sea postergada para un próxima sesión plenaria.
El titular del legislativo, Fernando Cordero, suspendió el debate, pero no definió cuál será la nueva fecha para resolver el veto.
