Rafael Correa aspira a que la fuerza pública funcione de la mejor manera; no obstante, dice que la responsabilidad es compartida
Los problemas de inseguridad en el país convocaron ayer a una mesa de análisis en Palacio, en donde se establecieron algunas definiciones que podrían alterar el curso de ciertas acciones emprendidas durante estos tres años de Gobierno.
"Yo no voy a esperar mucho más, hemos esperado más de tres años. Se le ha dado todo el apoyo a la Policía, todo lo que nos han pedido, jamás he apoyado tanto a la Policía", remarcó el presidente Rafael Correa, antes de dar inicio a un taller de trabajo en el Palacio de Gobierno, en el cual se analizaron estrategias para combatir la inseguridad en el país.
Uno de los primeros en llegar a la cita fue el comandante de la Policía, Freddy Martínez, acompañado de la cúpula policial. Este lunes, Martínez puso su cargo a disposición de Correa.
Aunque se ha mencionado que la dimisión del oficial se debería a un pedido de disponibilidad, esta estaría atada a la permanencia de los altos niveles de inseguridad que se viven en diversos puntos del país, los cuales aparecen como uno de los puntos "flacos" del Régimen.
Asistieron el vicepresidente Lenín Moreno, los ministros de Gobierno, Gustavo Jalhk; de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal; de Política, Doris Soliz, y de Defensa, Javier Ponce.
Aunque Correa mencionó que el problema de la seguridad no solo le corresponde a la Policía, sino al sistema judicial, insistió que "se necesita obviamente que la fuerza pública funcione de mejor manera".
Según Correa, no ha existido en el país una "explosión de violencia", pero admitió que no hubo en esta área un "quiebre", tal como sí ocurre en Educación, Salud, Crédito Agrícola. "Esperamos que podamos pulir en este taller la estrategia para hacer ese quiebre y enfrentar el problema", dijo.
Decomiso de armas. El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, defendió los procedimientos seguidos en el operativo que permitió decomisar armas y equipos de fabricación de armamento en la localidad de Chimbo (Bolívar), duramente cuestionado por varios afectados.
Según Carvajal, la operación se realizó con la presencia de varios fiscales y siguió las formalidades legales que el caso ameritaba. Pero, informó que se investigará si existiera algún exceso por la acción de uniformados.
