viernes, 26 de marzo de 2010

Comisión aprueba juicio político a fiscal Pesántez

La Comisión de Fiscalización dio paso al juicio político contra el fiscal general Washington Pesántez, calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) y firmado por 33 asambleístas de PAIS y hoy a las 09:00 será notificado de la resolución y del inicio del proceso en la Asamblea.

La Comisión notifica hoy a las partes involucradas: Pesántez y a la demandante María Paula Romo (PAIS), por lo que desde mañana se contarán los 15 días de plazo para que estos presenten las pruebas de cargo y de descargo, incluidas las comparecencias a la Comisión.

Cinco días después (diez con prórroga) la Comisión decidirá si recomienda el archivo o la procedencia del juicio político. Si fuera el último caso, en dos días el proceso será difundido en la Asamblea y en un máximo de cinco, el presidente Fernando Cordero deberá incluirlo en el orden del día del pleno.

Esto significa que máximo a fines de abril o los primeros días de mayo, el fiscal Pesántez sería llamado al pleno para que se defienda ante todos los asambleístas durante tres horas, frente a dos horas que tendrán los interpelantes para argumentar sus acusaciones. El Fiscal está acusado de falta de probidad e incumplimiento de funciones.

En otro tema, la Corte de Pichincha resolverá la acción de protección que planteó la fiscal Daniela Camacho en contra del fiscal Pesántez, por la supuesta discriminación de género que sufrió cuando trasladaron su lugar de trabajo a la población de Machachi, pese a que su domicilio es en Quito.

El caso pasará a una de las salas de la Corte Provincial, por la apelación que planteo Camacho, en un intento por dejar sin efecto la resolución de la jueza 4ª de lo Civil (e), María Conforme, que le negó la acción.

Según la jueza, al participar en el concurso de merecimientos y oposición que la llevó al cargo de fiscal, Camacho aceptó trasladarse a cualquier lugar donde sea necesario su contingente de trabajo; por tanto, lo hecho por la Fiscalía es un acto administrativo legítimo.

No obstante, Camacho sostiene que la decisión del Fiscal general fue discriminatoria y sin perspectiva de género, tomando en cuenta que es madre de dos niños y que sustenta sola a su familia.