Este jueves, los siete vocales principales del Consejo de Participación Ciudadana o Quinto Poder planifican designar presidente y vicepresidente del organismo, como lo establece la Ley Orgánica de Participación, que fija un plazo de cinco días hábiles, desde su posesión (que se realizó el jueves pasado en la Asamblea), para cumplir ese procedimiento.
Ellos son Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Banegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera.
Hasta ayer, los más opcionados para dirigir el Consejo eran Ordeñana, la mejor puntuada en el concurso de oposición y méritos, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Luis Pachala, único representante indígena en la entidad.
En el primer día de trabajo, una de las mayores preocupaciones de los vocales q ue, se instalaron desde las 10:00 en sus oficinas, fue resolver varios problemas administrativos, de personal, y presupuestarios.
Otra de las prioridades es la elaboración del orgánico funcional de la entidad y, a partir de ello, pedir al Ministerio de Finanzas la asignación de una partida presupuestaria.
Luis Pachala, advirtió que los $5,9 millones asignados al Consejo de Participación son insuficientes para cumplir tareas como la designación de autoridades de control y la conformación de comisiones ciudadanas para dicha selección, así como la confromación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control de la corrupción en la gestión pública, otra de las tareas clave del organismo.
En base a este presupuesto también se definirán los sueldos de los vocales, asesores y la posible contratación de personal, dijo Pachala. Otro tema que les preocupa a los vocales es el análisis de más de 260 denuncias de corrupción represadas en el organismo. La Ley de Participación Ciudadana establece 30 días de plazo para que esta instancia elabore el orgánico funcional, es decir que los nuevos comisionados deberán cumplir esa disposición hasta el 21 de abril próximo. A partir de esa fecha se podrían iniciar los procesos para la designación de las comisiones ciudadanas de selección.
Ellos son Patricia Ordeñana, David Rosero, Juana Miranda, Luis Pachala, Mónica Banegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera.
Hasta ayer, los más opcionados para dirigir el Consejo eran Ordeñana, la mejor puntuada en el concurso de oposición y méritos, a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Luis Pachala, único representante indígena en la entidad.
En el primer día de trabajo, una de las mayores preocupaciones de los vocales q ue, se instalaron desde las 10:00 en sus oficinas, fue resolver varios problemas administrativos, de personal, y presupuestarios.
Otra de las prioridades es la elaboración del orgánico funcional de la entidad y, a partir de ello, pedir al Ministerio de Finanzas la asignación de una partida presupuestaria.
Luis Pachala, advirtió que los $5,9 millones asignados al Consejo de Participación son insuficientes para cumplir tareas como la designación de autoridades de control y la conformación de comisiones ciudadanas para dicha selección, así como la confromación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del control de la corrupción en la gestión pública, otra de las tareas clave del organismo.
En base a este presupuesto también se definirán los sueldos de los vocales, asesores y la posible contratación de personal, dijo Pachala. Otro tema que les preocupa a los vocales es el análisis de más de 260 denuncias de corrupción represadas en el organismo. La Ley de Participación Ciudadana establece 30 días de plazo para que esta instancia elabore el orgánico funcional, es decir que los nuevos comisionados deberán cumplir esa disposición hasta el 21 de abril próximo. A partir de esa fecha se podrían iniciar los procesos para la designación de las comisiones ciudadanas de selección.
