Betty Carrillo tuvo una semana para olvidar. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, le pidió que corrigiera su actuación como titular de la Comisión Ocasional que redacta la Ley de Comunicación.
La crítica de Cordero se produjo luego de que Carrillo presentara su propuesta para conformar el Consejo de Comunicación.
La legisladora de Alianza País propuso que dos representantes del Ejecutivo (de los ministerios de Educación y Cultura), uno de las universidades y tres de la sociedad civil formen ese organismo, que es clave dentro del nuevo sistema de comunicación que se pretende instaurar en el país.
Sin embargo, la propuesta de Carrillo va perdiendo terreno, incluso dentro de su propio movimiento político. A Cordero se sumaron Mauro Andino y María Augusta Calle, quienes también son miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación.
Andino y Calle apuestan a que el Consejo de Comunicación sea conformado, en su totalidad, por representantes ciudadanos.
Calle no quiso explicar en detalle su planteamiento, pero ella presentará su documento a la bancada de Alianza País para contar con su opinión. “Antes de entregarlo a la opinión pública tengo que discutirlo con mi bloque. Esa es la forma que tratamos los temas dentro de la bancada”.
En cambio, Andino no tuvo inconvenientes en explicar su propuesta de reforma al proyecto de Ley de Medios. El legislador sostuvo que esta iniciativa la empezó a planear antes de la firma del acuerdo de las fuerzas legislativas de diciembre del pasado.
Sostuvo que no cambia la esencia del convenio. Es decir, que el Consejo de Comunicación sea independiente del Gobierno y de los poderes fácticos.
Además, plantea que sus integrantes sean escogidos mediante un concurso de oposición y méritos, para que no existan presiones de ningún sector. Este concurso debería ser organizado por el Consejo de Participación Ciudadana, que está en funciones desde el viernes pasado.
La semana pasada, Carrillo aseguró que todos las propuestas serán tratadas en las sesiones de la Comisión. Además, explicó que su idea de incluir a representantes del Gobierno en el Consejo se respalda en un hecho lógico. El Consejo será el encargado de manejar las políticas públicas en esa área y los representantes del Ejecutivo tienen que articular necesariamente esas tareas.
Pero Andino sostuvo que no es necesario que el Consejo sea el encargado de ejecutar las políticas públicas en esta área. “El artículo 154 de la Constitución entrega esa facultad a los ministros”.
Él manifestó que ese nuevo organismo sí deberá encargarse de las sanciones administrativas contra los medios que violenten las normas establecidas.
La estructuración del Consejo posiblemente sea tratada hoy en la reunión de la Comisión. Antes se deberá terminar con el capítulo sobre el funcionamiento de los medios públicos y comunitarios.
6 votos son claves en la Comisión
La Comisión Ocasional de Comunicación tiene 11 integrantes, quienes fueron escogidos en septiembre del año pasado.
La mayoría es parte del movimiento Alianza País. Ellos son: Betty Carrillo (presidenta de la Comisión), Mauro Andino (vicepresidente), María Augusta Calle, Rolando Panchana, Humberto Alvarado y Ángel Vilema.
También son miembros: Jimmy Pinoargote, quien antes pertenecía al movimiento ADE, y Lourdes Tibán, de Pachakutik. Los dos han apoyado en ciertas ocasiones a sus colegas de Alianza País. Sin embargo, desde las últimas semanas han estado distantes.
Mientras que en la oposición se encuentran César Montúfar, representante de Concertación Nacional; Fausto Cobo, del Partido Sociedad Patriótica, y Cynthia Viteri, de Madera de Guerrero.
Para aprobar cualquier artículo o decisión es necesario contar con una mayoría simple: es decir con los votos de seis de los integrantes de la Comisión.
Acuerdo legislativo
El 17 de diciembre pasado los representantes de todas las fuerzas políticas de la Asamblea firmaron un acuerdo para viabilizar la Ley de Comunicación. El convenio tiene siete puntos y debe ser la base de la ley.
Se acordó que se garantizará la libertad de expresión, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, como lo establecen la Constitución vigente y el Pacto de San José sobre los derechos humanos.
Que la ley debe regular tres subsistemas: públicos, privados y comunitarios, desde un enfoque positivo.
Que exista un Consejo de Comunicación autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes fácticos. Además, que sus funciones sean dirigidas a garantizar los derechos ciudadanos y a fortalecer la comunicación.
Este Consejo no podrá clausurar o suspender administrativamente ningún medio. En casos de violaciones a la ley podrá cancelar programas o mensajes específicos.
El convenio impulsa que se desarrolle una ley para prohibir la concentración de medios, monopolios y oligopolios. Y que se democratice el uso del espectro radioeléctrico.
También señala que debe existir un catastro de medios, como una medida para transparentar y permitir el acceso a la información de la prensa, sin que eso obligatorio para
su funcionamiento
La crítica de Cordero se produjo luego de que Carrillo presentara su propuesta para conformar el Consejo de Comunicación.
La legisladora de Alianza País propuso que dos representantes del Ejecutivo (de los ministerios de Educación y Cultura), uno de las universidades y tres de la sociedad civil formen ese organismo, que es clave dentro del nuevo sistema de comunicación que se pretende instaurar en el país.
Sin embargo, la propuesta de Carrillo va perdiendo terreno, incluso dentro de su propio movimiento político. A Cordero se sumaron Mauro Andino y María Augusta Calle, quienes también son miembros de la Comisión Ocasional de Comunicación.
Andino y Calle apuestan a que el Consejo de Comunicación sea conformado, en su totalidad, por representantes ciudadanos.
Calle no quiso explicar en detalle su planteamiento, pero ella presentará su documento a la bancada de Alianza País para contar con su opinión. “Antes de entregarlo a la opinión pública tengo que discutirlo con mi bloque. Esa es la forma que tratamos los temas dentro de la bancada”.
En cambio, Andino no tuvo inconvenientes en explicar su propuesta de reforma al proyecto de Ley de Medios. El legislador sostuvo que esta iniciativa la empezó a planear antes de la firma del acuerdo de las fuerzas legislativas de diciembre del pasado.
Sostuvo que no cambia la esencia del convenio. Es decir, que el Consejo de Comunicación sea independiente del Gobierno y de los poderes fácticos.
Además, plantea que sus integrantes sean escogidos mediante un concurso de oposición y méritos, para que no existan presiones de ningún sector. Este concurso debería ser organizado por el Consejo de Participación Ciudadana, que está en funciones desde el viernes pasado.
La semana pasada, Carrillo aseguró que todos las propuestas serán tratadas en las sesiones de la Comisión. Además, explicó que su idea de incluir a representantes del Gobierno en el Consejo se respalda en un hecho lógico. El Consejo será el encargado de manejar las políticas públicas en esa área y los representantes del Ejecutivo tienen que articular necesariamente esas tareas.
Pero Andino sostuvo que no es necesario que el Consejo sea el encargado de ejecutar las políticas públicas en esta área. “El artículo 154 de la Constitución entrega esa facultad a los ministros”.
Él manifestó que ese nuevo organismo sí deberá encargarse de las sanciones administrativas contra los medios que violenten las normas establecidas.
La estructuración del Consejo posiblemente sea tratada hoy en la reunión de la Comisión. Antes se deberá terminar con el capítulo sobre el funcionamiento de los medios públicos y comunitarios.
6 votos son claves en la Comisión
La Comisión Ocasional de Comunicación tiene 11 integrantes, quienes fueron escogidos en septiembre del año pasado.
La mayoría es parte del movimiento Alianza País. Ellos son: Betty Carrillo (presidenta de la Comisión), Mauro Andino (vicepresidente), María Augusta Calle, Rolando Panchana, Humberto Alvarado y Ángel Vilema.
También son miembros: Jimmy Pinoargote, quien antes pertenecía al movimiento ADE, y Lourdes Tibán, de Pachakutik. Los dos han apoyado en ciertas ocasiones a sus colegas de Alianza País. Sin embargo, desde las últimas semanas han estado distantes.
Mientras que en la oposición se encuentran César Montúfar, representante de Concertación Nacional; Fausto Cobo, del Partido Sociedad Patriótica, y Cynthia Viteri, de Madera de Guerrero.
Para aprobar cualquier artículo o decisión es necesario contar con una mayoría simple: es decir con los votos de seis de los integrantes de la Comisión.
Acuerdo legislativo
El 17 de diciembre pasado los representantes de todas las fuerzas políticas de la Asamblea firmaron un acuerdo para viabilizar la Ley de Comunicación. El convenio tiene siete puntos y debe ser la base de la ley.
Se acordó que se garantizará la libertad de expresión, sin censura previa y con responsabilidad ulterior, como lo establecen la Constitución vigente y el Pacto de San José sobre los derechos humanos.
Que la ley debe regular tres subsistemas: públicos, privados y comunitarios, desde un enfoque positivo.
Que exista un Consejo de Comunicación autónomo e independiente del Gobierno y de los poderes fácticos. Además, que sus funciones sean dirigidas a garantizar los derechos ciudadanos y a fortalecer la comunicación.
Este Consejo no podrá clausurar o suspender administrativamente ningún medio. En casos de violaciones a la ley podrá cancelar programas o mensajes específicos.
El convenio impulsa que se desarrolle una ley para prohibir la concentración de medios, monopolios y oligopolios. Y que se democratice el uso del espectro radioeléctrico.
También señala que debe existir un catastro de medios, como una medida para transparentar y permitir el acceso a la información de la prensa, sin que eso obligatorio para
su funcionamiento
