La regularización de la actividad camaronera en el país, que se desarrolla por más de 30 años, es una necesidad aceptada por los productores del sector.
Al momento se identifican 44 mil camaroneras dedicadas a la producción nacional.
Miguel Uscovich, presidente de la asociación de camaroneros de los cantones manabitas de Chone, Tosagua, Sucre y San Vicente, indicó que el Gobierno debe reconocer que la actividad es una de las de mayor aporte a la productividad del país; por ello no entiende la intensión de emitir un decreto que limita ese desarrollo.
Reconoce que los errores del Régimen, presentados en el decreto ejecutivo 261, que pretende reformar el Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, ya fueron corregidos. Ahora espera que autoridades y productores definan una ruta de trabajo para fomentar al sector camaronero. “Es positivo que hayan reconocido que hubo errores y ahora analizaremos las propuestas del Gobierno. Y sí la regularización es una propuesta del mismo sector, inclusive es algo muy sano, pero sin afectar la actividad. Eso hemos expuesto que queremos tener reglas claras”, señaló Uscovich.
El sector además afirma que las exigencias en los requisitos para las exportaciones en los mercados internacionales, también propician una regulación dentro de Ecuador. Aunque Uscovich aclara que ese proceso no debe afectar el sistema productivo.
Mercados interesados
El camarón ecuatoriano es apetecido por consumidores estadounidenses, franceses, italianos, alemanes y españoles.
Por lo que a los gremios productores les interesa la fijación de una normatividad y política productiva clara desde el Gobierno. Defienden la calidad del camarón nacional que se identifica y reconoce en los mercados europeos.
700 millones de dólares anuales genera el sector camaronero.
El Archipiélago de Jambelí, el muro natural de contención, se ha debilitado por la tala de manglar, para construir camaroneras. Como grandes depredadores del manglar y de las especies bioacuáticas, así califican los pescadores y concheros a los camaroneros.
Wilfrido Banchón, de Puerto Bolívar, y Fulton Jaén Santander, de la Comuna de Bajo Alto, (El Guabo), pescadores artesanales, argumentaron que es mentira que el sector camaronero se vea perjudicado.
Calderón, presidente de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro, señaló que el decreto significa una amenaza para el sector.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestó su preocupación por el decreto 261, a los ministros de Agricultura, Ramón Espinel y Nathalie Cely, de Coordinación Productiva.
Mediante oficios remitidos el 8 de marzo del presente mes, la titular del CEE, María Gloria Alarcón, señaló que el documento presidencial contradecía los ofrecimientos del propio Gobierno, realizados durante las mesas de diálogo, foros y talleres mantenidos con el sector camaronero.
Alarcón indicó que la norma expedida y luego corregida, contraviene los principios elementales del Derecho y rompe una tradición del respeto a la libertad de emprendimiento en el país.
“El aludido decreto insiste equivocadamente en llevar a la práctica una restricción a la extensión de las concesiones camaroneras, que resulta atentatoria contra los derechos individuales, incluido el del trabajo, garantizados en la Constitución”, señaló.
Además precisó que el sector camaronero es uno de los pilares de la economía nacional durante los últimos 20 años, impulsando la actividad productiva en las provincias de El Oro, Guayas, Manabí y Esmeraldas.
Al momento se identifican 44 mil camaroneras dedicadas a la producción nacional.
Miguel Uscovich, presidente de la asociación de camaroneros de los cantones manabitas de Chone, Tosagua, Sucre y San Vicente, indicó que el Gobierno debe reconocer que la actividad es una de las de mayor aporte a la productividad del país; por ello no entiende la intensión de emitir un decreto que limita ese desarrollo.
Reconoce que los errores del Régimen, presentados en el decreto ejecutivo 261, que pretende reformar el Reglamento General a la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, ya fueron corregidos. Ahora espera que autoridades y productores definan una ruta de trabajo para fomentar al sector camaronero. “Es positivo que hayan reconocido que hubo errores y ahora analizaremos las propuestas del Gobierno. Y sí la regularización es una propuesta del mismo sector, inclusive es algo muy sano, pero sin afectar la actividad. Eso hemos expuesto que queremos tener reglas claras”, señaló Uscovich.
El sector además afirma que las exigencias en los requisitos para las exportaciones en los mercados internacionales, también propician una regulación dentro de Ecuador. Aunque Uscovich aclara que ese proceso no debe afectar el sistema productivo.
Mercados interesados
El camarón ecuatoriano es apetecido por consumidores estadounidenses, franceses, italianos, alemanes y españoles.
Por lo que a los gremios productores les interesa la fijación de una normatividad y política productiva clara desde el Gobierno. Defienden la calidad del camarón nacional que se identifica y reconoce en los mercados europeos.
700 millones de dólares anuales genera el sector camaronero.
El Archipiélago de Jambelí, el muro natural de contención, se ha debilitado por la tala de manglar, para construir camaroneras. Como grandes depredadores del manglar y de las especies bioacuáticas, así califican los pescadores y concheros a los camaroneros.
Wilfrido Banchón, de Puerto Bolívar, y Fulton Jaén Santander, de la Comuna de Bajo Alto, (El Guabo), pescadores artesanales, argumentaron que es mentira que el sector camaronero se vea perjudicado.
Calderón, presidente de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro, señaló que el decreto significa una amenaza para el sector.
El Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestó su preocupación por el decreto 261, a los ministros de Agricultura, Ramón Espinel y Nathalie Cely, de Coordinación Productiva.
Mediante oficios remitidos el 8 de marzo del presente mes, la titular del CEE, María Gloria Alarcón, señaló que el documento presidencial contradecía los ofrecimientos del propio Gobierno, realizados durante las mesas de diálogo, foros y talleres mantenidos con el sector camaronero.
Alarcón indicó que la norma expedida y luego corregida, contraviene los principios elementales del Derecho y rompe una tradición del respeto a la libertad de emprendimiento en el país.
“El aludido decreto insiste equivocadamente en llevar a la práctica una restricción a la extensión de las concesiones camaroneras, que resulta atentatoria contra los derechos individuales, incluido el del trabajo, garantizados en la Constitución”, señaló.
Además precisó que el sector camaronero es uno de los pilares de la economía nacional durante los últimos 20 años, impulsando la actividad productiva en las provincias de El Oro, Guayas, Manabí y Esmeraldas.
