Un Puesto de Control y Monitoreo de Pueblos Indígenas Aislados en la zona de El Pindo, en Orellana, empezó a funcionar desde anteayer.
Esta fue iniciativa del Ministerio del Ambiente para mantener la calma en la zona amazónica, luego del crimen de Sandra Zabala, de 35 años; y dos de sus hijos, Bairon Duche, de 16, y Tatiana Duche, de 11.
Ellos murieron la semana pasada, luego de un ataque presumiblemente ejecutado por los taromenane, según las indagaciones preliminares en el caso.
En ese incidente también fue secuestrado el hijo recién nacido de Zabala. El infante estuvo desaparecido durante 48 horas, pero luego fue hallado en la selva, por un comunero que participaba en el rescate.
El niño fue cuidado por sus secuestradores, que lo dejaron abandonado en un hoyo, en forma de cuna, cerca del lugar del ataque, para que sea encontrado. Ahora el bebé está bien.
La Fiscalía y las autoridades del Gobierno realizan una indagación para conocer los motivos del violento ataque. Presumiblemente, la agresión se produjo por el avance de los colonos y la explotación maderera en la selva. También se sospecha que pudo ser una venganza por una matanza que padeció la etnia hace más de seis años, en la que murieron 30 mujeres y niños.
Para vigilar la zona -señaló el Ministerio de Gobierno- en el puesto permanecerán policías y técnicos del Plan de Medidas Cautelares para la Protección de Pueblos Indígenas Aislados. Ellos deberán brindar seguridad a los pobladores de las comunidades del sector y hacer un seguimiento de la posible presencia de aislados en el área.
La Cartera de Estado aclaró que esa zona es ocupada, principalmente, “por fincas campesinas y pozos petroleros manejados por la compañía Petrooriental”. Estas instalaciones se encuentran fuera del Parque Nacional Yasuní y antes del ataque no se había informado de indicios de presencia de pueblos no contactados en el lugar.
La creación de estos puestos de control no es nueva, desde el año pasado se instalaron en zonas sensibles de la Amazonia o donde existen sospechas de que existen pueblos no contactados.
A la par de la colocación de los puestos se ejecutan proyectos de salud preventiva, control del tráfico de madera, sistemas de comunicación entre las comunidades, entre otros planes.
Esta fue iniciativa del Ministerio del Ambiente para mantener la calma en la zona amazónica, luego del crimen de Sandra Zabala, de 35 años; y dos de sus hijos, Bairon Duche, de 16, y Tatiana Duche, de 11.
Ellos murieron la semana pasada, luego de un ataque presumiblemente ejecutado por los taromenane, según las indagaciones preliminares en el caso.
En ese incidente también fue secuestrado el hijo recién nacido de Zabala. El infante estuvo desaparecido durante 48 horas, pero luego fue hallado en la selva, por un comunero que participaba en el rescate.
El niño fue cuidado por sus secuestradores, que lo dejaron abandonado en un hoyo, en forma de cuna, cerca del lugar del ataque, para que sea encontrado. Ahora el bebé está bien.
La Fiscalía y las autoridades del Gobierno realizan una indagación para conocer los motivos del violento ataque. Presumiblemente, la agresión se produjo por el avance de los colonos y la explotación maderera en la selva. También se sospecha que pudo ser una venganza por una matanza que padeció la etnia hace más de seis años, en la que murieron 30 mujeres y niños.
Para vigilar la zona -señaló el Ministerio de Gobierno- en el puesto permanecerán policías y técnicos del Plan de Medidas Cautelares para la Protección de Pueblos Indígenas Aislados. Ellos deberán brindar seguridad a los pobladores de las comunidades del sector y hacer un seguimiento de la posible presencia de aislados en el área.
La Cartera de Estado aclaró que esa zona es ocupada, principalmente, “por fincas campesinas y pozos petroleros manejados por la compañía Petrooriental”. Estas instalaciones se encuentran fuera del Parque Nacional Yasuní y antes del ataque no se había informado de indicios de presencia de pueblos no contactados en el lugar.
La creación de estos puestos de control no es nueva, desde el año pasado se instalaron en zonas sensibles de la Amazonia o donde existen sospechas de que existen pueblos no contactados.
A la par de la colocación de los puestos se ejecutan proyectos de salud preventiva, control del tráfico de madera, sistemas de comunicación entre las comunidades, entre otros planes.
