Pedro Delgado, primo del presidente, es la cabeza visible del proceso de cobro a los ex administradores de Filanbanco, los hermanos Isaías. Varios funcionarios inmersos en el caso revelan parentescos y antiguas amistades
Filanbanco: Cientos de millones en las manos de circuito de familiares y amigos
Primo del presidente conduce proceso de cobro a ex administradores
Defensa de los Isaías dice que esta familia está dispuesta a pagar cartera impaga. Balance de junio habla de $227 millones.
¿A cuánto mismo ascienden las pérdidas atribuidas a la administración privada de Filanbanco? Esa es la pregunta que deberán absolver las autoridades aún cuando la auditoría de Deloitte & Touche fijó hace casi una década ese valor en $661 millones, el que sirvió de sustento para incautar hace un año casi 200 empresas del grupo Isaías.
Tras la salida del ex gerente de la AGD Carlos Bravo, hace un mes, las autoridades de la Agencia han mantenido silencio. El último balance enviado en junio pasado por la liquidadora de Filanbanco señala un monto de $227 millones de saldo por pagar a la AGD, lo cual fue refutado por el ex gerente, que manejaba valores 10 veces superiores (página 3).
En un remitido del 28 de julio, el abogado de Roberto Isaías, Xavier Castro, señaló que la Junta Bancaria dispuso que la liquidadora de Filanbanco actualice el informe de la Deloitte & Touche, que contiene la cartera de 544 deudores a 2001. Mencionó que el presidente anunció cobros por $200 millones, los que espera que sean rebajados de la cartera impaga que la familia Isaías ha ofrecido pagar y que, según dicen ellos, el presidente ha señalado en alrededor de $400 millones.
Estos temas deberán saldarse en las próximas semanas para cumplir con las disposiciones presidenciales: que el asunto de las deudas se salde hasta septiembre y la liquidación sea hasta fin de año.
En el caso de Filanbanco, el tema está atravesado por la dinámica dada por el primer mandatario de mantener contactos con los ex administradores, pese a tener abiertos procesos legales dentro y fuera del país.
Ese es el caso de la demanda instaurada a inicios de año en el condado de Miami Dade (EEUU). Precisamente por eso, el asesor presidencial y presidente de la Junta de Fideicomiso No más Impunidad, Pedro Delgado, y la gerenta de la AGD, Katia Torres tenían previsto viajar este fin de semana a esa ciudad. Correa confirmó en septiembre pasado su encargo a Delgado, su primo, de mantener contactos con los Isaías.
Esa relación también fue corroborada por Castro en una entrevista del 13 de julio a El Universo, en la que mencionó que los interlocutores se esas reuniones hasta antes de las elecciones eran Delgado, Suad Manzur (miembro de la Junta Bancaria) y Alexis Mera, secretario jurídico de Presidencia y compañero de aulas de Castro.
El miércoles, Correa pidió más celeridad al proceso de cierre y no descartó una reestructuración institucional por la incidencia en mandos medios de la "banca corrupta".
El martes pasado, el ex gerente de la AGD Carlos Bravo reiteró sus críticas por la demora en la venta de bienes incautados en la gestión de los ex miembros de la Comisión de Supervigilancia (Casei). También en una entrevista en Teleamazonas identificó a dos como "agentes oficiosos" de intereses de los ex administradores: Julio Molina, ex presidente de la Casei (hace dos semanas disuelta), y a Patricio Zambrano, delegado de Correa ante el directorio de la AGD. (Hoy)
Filanbanco: Cientos de millones en las manos de circuito de familiares y amigos
Primo del presidente conduce proceso de cobro a ex administradores
Defensa de los Isaías dice que esta familia está dispuesta a pagar cartera impaga. Balance de junio habla de $227 millones.
¿A cuánto mismo ascienden las pérdidas atribuidas a la administración privada de Filanbanco? Esa es la pregunta que deberán absolver las autoridades aún cuando la auditoría de Deloitte & Touche fijó hace casi una década ese valor en $661 millones, el que sirvió de sustento para incautar hace un año casi 200 empresas del grupo Isaías.
Tras la salida del ex gerente de la AGD Carlos Bravo, hace un mes, las autoridades de la Agencia han mantenido silencio. El último balance enviado en junio pasado por la liquidadora de Filanbanco señala un monto de $227 millones de saldo por pagar a la AGD, lo cual fue refutado por el ex gerente, que manejaba valores 10 veces superiores (página 3).
En un remitido del 28 de julio, el abogado de Roberto Isaías, Xavier Castro, señaló que la Junta Bancaria dispuso que la liquidadora de Filanbanco actualice el informe de la Deloitte & Touche, que contiene la cartera de 544 deudores a 2001. Mencionó que el presidente anunció cobros por $200 millones, los que espera que sean rebajados de la cartera impaga que la familia Isaías ha ofrecido pagar y que, según dicen ellos, el presidente ha señalado en alrededor de $400 millones.
Estos temas deberán saldarse en las próximas semanas para cumplir con las disposiciones presidenciales: que el asunto de las deudas se salde hasta septiembre y la liquidación sea hasta fin de año.
En el caso de Filanbanco, el tema está atravesado por la dinámica dada por el primer mandatario de mantener contactos con los ex administradores, pese a tener abiertos procesos legales dentro y fuera del país.
Ese es el caso de la demanda instaurada a inicios de año en el condado de Miami Dade (EEUU). Precisamente por eso, el asesor presidencial y presidente de la Junta de Fideicomiso No más Impunidad, Pedro Delgado, y la gerenta de la AGD, Katia Torres tenían previsto viajar este fin de semana a esa ciudad. Correa confirmó en septiembre pasado su encargo a Delgado, su primo, de mantener contactos con los Isaías.
Esa relación también fue corroborada por Castro en una entrevista del 13 de julio a El Universo, en la que mencionó que los interlocutores se esas reuniones hasta antes de las elecciones eran Delgado, Suad Manzur (miembro de la Junta Bancaria) y Alexis Mera, secretario jurídico de Presidencia y compañero de aulas de Castro.
El miércoles, Correa pidió más celeridad al proceso de cierre y no descartó una reestructuración institucional por la incidencia en mandos medios de la "banca corrupta".
El martes pasado, el ex gerente de la AGD Carlos Bravo reiteró sus críticas por la demora en la venta de bienes incautados en la gestión de los ex miembros de la Comisión de Supervigilancia (Casei). También en una entrevista en Teleamazonas identificó a dos como "agentes oficiosos" de intereses de los ex administradores: Julio Molina, ex presidente de la Casei (hace dos semanas disuelta), y a Patricio Zambrano, delegado de Correa ante el directorio de la AGD. (Hoy)
