Una delegación, a nombre de 3500 pequeños mineros del sector San Gerardo del cantón Ponce Enríquez y acompañada del asambleísta Jorge Escala, acudió a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales para expresar su preocupación por la afectación social que ha generado la suspensión de las actividades mineras por parte del Ministerio de Minas y Petróleos, hace 5 meses.
Walter Correa, coordinador de los pequeños mineros afirmó que la medida del Ministerio afecta indirectamente a cerca de 8 mil habitantes de la zona, por cuanto se perjudicó también a quienes no contaminaban el ambiente. “Por una planta no se puede clausurar todas las minas”, dijo.
Entre tanto, Amparito Cabrera, dirigenta de 18 jancheras (personas que separan y recolectan del material desechado de las empresas mineras para la extracción del oro) describió la dura realidad que viven aproximadamente 800 personas que se dedican a esta fase primaria de la minería artesanal, que se han quedado sin el sustento económico para la familia.
La delegación solicitó, además, que se tome en cuenta a los operadores mineros en la Ley de Fomento de la Minería Artesanal
Recordaron que en el sector existieron cerca de 20 concesionarios que explotan a los operadores mineros.
Respecto al tema, la presidenta de la Comisión Especializada de Biodiversidad, Rosana Alvarado, subrayó que fue necesaria la aprobación de la Ley de Minería, caso contrario hubiese constituido una enorme irresponsabilidad de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Sin embargo, “es una ley que puede corregirse según avanza del proceso”, dijo.
En busca de una solución al problema presentado, informó que este viernes se mantendrá una reunión de trabajo en el Ministerio de Minas y Petróleos, en la cual solicitó que también estén los pequeños mineros.
Las partes deben asumir el tema con responsabilidad. Hace falta un plan de manejo ambiental y hay que aceptar que hubo contaminación, incluso existen evidencias científicas de las consecuencias de las actividades mineras, concluyó.
Walter Correa, coordinador de los pequeños mineros afirmó que la medida del Ministerio afecta indirectamente a cerca de 8 mil habitantes de la zona, por cuanto se perjudicó también a quienes no contaminaban el ambiente. “Por una planta no se puede clausurar todas las minas”, dijo.
Entre tanto, Amparito Cabrera, dirigenta de 18 jancheras (personas que separan y recolectan del material desechado de las empresas mineras para la extracción del oro) describió la dura realidad que viven aproximadamente 800 personas que se dedican a esta fase primaria de la minería artesanal, que se han quedado sin el sustento económico para la familia.
La delegación solicitó, además, que se tome en cuenta a los operadores mineros en la Ley de Fomento de la Minería Artesanal
Recordaron que en el sector existieron cerca de 20 concesionarios que explotan a los operadores mineros.
Respecto al tema, la presidenta de la Comisión Especializada de Biodiversidad, Rosana Alvarado, subrayó que fue necesaria la aprobación de la Ley de Minería, caso contrario hubiese constituido una enorme irresponsabilidad de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Sin embargo, “es una ley que puede corregirse según avanza del proceso”, dijo.
En busca de una solución al problema presentado, informó que este viernes se mantendrá una reunión de trabajo en el Ministerio de Minas y Petróleos, en la cual solicitó que también estén los pequeños mineros.
Las partes deben asumir el tema con responsabilidad. Hace falta un plan de manejo ambiental y hay que aceptar que hubo contaminación, incluso existen evidencias científicas de las consecuencias de las actividades mineras, concluyó.
