Para mañana el Pleno de la Asamblea tiene previsto tratar la objeción del Presidente de la República a la Ley de Empresas Públicas una de las últimas aprobadas por la Comisión Legislativa en julio pasado.
En el documento existen 13 observaciones, una de las cuales se relaciona con la creación de empresas públicas constituidas entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.
El Presidente de la República propone que se formen mediante escritura pública, para lo cual será necesario un Decreto Ejecutivo y la decisión expresa de la máxima autoridad del ente seccional o local.
Asimismo, propone que las empresas ligadas a la defensa nacional permanezcan bajo control de las Fuerzas Armadas y que en su directorio se incluya al Jefe del Comando Conjunto y al Comandante General de la Fuerza más antiguo del ramo.
Ese mismo día, la Asamblea Nacional deberá aprobar las reformas al Mandato Constituyente 10, con el cual se establece la instauración de la portabilidad numérica en el país a partir del 12 de octubre, una vez que el último plazo venció el 14 de agosto.
Aún está pendiente la llegada a la Asamblea de cinco de los 11 proyectos que el organismo debe aprobar hasta el 14 de octubre, según mandato constitucional.
Por lo pronto, el MPD ha anunciado que esta semana presentará su propuesta para la Ley de Educación Básica.
El bloque PAIS también está trabajando en un borrador sobre ese tema y, además, estaría por entregar el anteproyecto de la Ley Penal Militar y Policial. Los que aún son una incógnita son los proyectos de Cultura, Deporte y Comunicación. En la Asamblea ya se oyen voces de que no cumplirán con el plazo determinado en la Constitución.
La comisión de Soberanía Alimentaria iniciará hoy el trámite de la Ley de Aguas. Hay dos propuestas: una del Ejecutivo y otra de Pachakutik. Lo propio con la Ley de Educación que irá a la mesa legislativa del mismo nombre: existe un proyecto del Conesup y otro de Carondelet.
Uno de los últimos cuerpos legales aprobados por la Comisión Legislativa recibió el veto parcial del Ejecutivo. Se trata de las reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado que, principalmente, concreta el retiro de la autonomía del Banco Central (BCE).
El documento consta de tres objeciones. La primera se refiere a las atribuciones del directorio del BCE. La Ley del Congresillo da a éste la potestad de aprobar la política de corresponsalía con los bancos nacionales y extranjeros. Pero el Presidente de la República estima que esa debe ser una facultad de la Superintendencia de Bancos.
La segunda disposición general del texto de la Comisión Legislativa determina que se haga un reajuste de las remuneraciones de los servidores del BCE que reciben rubros superiores a los establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) para su nivel jerárquico.
Aunque el Jefe de Estado concuerda con ese precepto, sugiere que eso se efectúe luego de que el MRL realice un estudio de clasificación de los puestos del Banco Central de acuerdo a su legalidad. Sólo mantendrían su salario quienes lo hayan obtenido legalmente y no gracias a prebendas.
La Asamblea tiene 30 días, contados a partir del 26 de agosto para pronunciarse sobre estas tres objeciones.
En el documento existen 13 observaciones, una de las cuales se relaciona con la creación de empresas públicas constituidas entre el Gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados.
El Presidente de la República propone que se formen mediante escritura pública, para lo cual será necesario un Decreto Ejecutivo y la decisión expresa de la máxima autoridad del ente seccional o local.
Asimismo, propone que las empresas ligadas a la defensa nacional permanezcan bajo control de las Fuerzas Armadas y que en su directorio se incluya al Jefe del Comando Conjunto y al Comandante General de la Fuerza más antiguo del ramo.
Ese mismo día, la Asamblea Nacional deberá aprobar las reformas al Mandato Constituyente 10, con el cual se establece la instauración de la portabilidad numérica en el país a partir del 12 de octubre, una vez que el último plazo venció el 14 de agosto.
Aún está pendiente la llegada a la Asamblea de cinco de los 11 proyectos que el organismo debe aprobar hasta el 14 de octubre, según mandato constitucional.
Por lo pronto, el MPD ha anunciado que esta semana presentará su propuesta para la Ley de Educación Básica.
El bloque PAIS también está trabajando en un borrador sobre ese tema y, además, estaría por entregar el anteproyecto de la Ley Penal Militar y Policial. Los que aún son una incógnita son los proyectos de Cultura, Deporte y Comunicación. En la Asamblea ya se oyen voces de que no cumplirán con el plazo determinado en la Constitución.
La comisión de Soberanía Alimentaria iniciará hoy el trámite de la Ley de Aguas. Hay dos propuestas: una del Ejecutivo y otra de Pachakutik. Lo propio con la Ley de Educación que irá a la mesa legislativa del mismo nombre: existe un proyecto del Conesup y otro de Carondelet.
Uno de los últimos cuerpos legales aprobados por la Comisión Legislativa recibió el veto parcial del Ejecutivo. Se trata de las reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado que, principalmente, concreta el retiro de la autonomía del Banco Central (BCE).
El documento consta de tres objeciones. La primera se refiere a las atribuciones del directorio del BCE. La Ley del Congresillo da a éste la potestad de aprobar la política de corresponsalía con los bancos nacionales y extranjeros. Pero el Presidente de la República estima que esa debe ser una facultad de la Superintendencia de Bancos.
La segunda disposición general del texto de la Comisión Legislativa determina que se haga un reajuste de las remuneraciones de los servidores del BCE que reciben rubros superiores a los establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) para su nivel jerárquico.
Aunque el Jefe de Estado concuerda con ese precepto, sugiere que eso se efectúe luego de que el MRL realice un estudio de clasificación de los puestos del Banco Central de acuerdo a su legalidad. Sólo mantendrían su salario quienes lo hayan obtenido legalmente y no gracias a prebendas.
La Asamblea tiene 30 días, contados a partir del 26 de agosto para pronunciarse sobre estas tres objeciones.
