El titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, René Ramírez, expuso los principales ejes del proyecto de Ley de Educación Superior, así como los datos estadísticos en los cuales se fundamentó la propuesta.
El funcionario acudió a la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, presidida por el asambleísta Raúl Abad, que se ha propuesto recabar todos los insumos necesarios para el estudio de este importante cuerpo jurídico, que debe ser aprobado hasta el 14 de octubre del presente año, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República.
Según Ramírez, el proyecto preparado por la Senplades garantiza la gratuidad responsable de la educación superior, sobre la base de los principios establecidos en la Constitución, que a su criterio es más republicana que liberal, por cuanto a cada derecho le corresponde un deber que debe ser cumplido por el Estado.
Para corregir las desigualdades que existen en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de educación inicial, básico y secundario, se incorpora un sistema de nivelación y admisión, que parte de un examen de ubicación, no de ingreso, en el cual se podrá evaluar los conocimientos y la capacidad de razonamiento lógico de los estudiantes.
En el caso de los requisitos para ser rectores de las universidades, se determina que los aspirantes acrediten el título de doctor o PHD; para los profesores principales también se exigirá ese grado académico, por cuanto se requiere el mejoramiento de la calidad de la educación superior.
Se propone, además, la tipología de las universidades, lo cual significa que habrá algunas dedicadas a la formación de docentes universitarios, solo las de investigación podrán otorgar títulos de doctor y PHD, dijo.
Aseguró que garantiza la autonomía de las universidades, lo cual no quiere decir que no exista la regulación por parte del Estado, como ocurre en la mayoría de universidades de Latinoamérica. “Habrá libertad de cátedra y se profundiza la representación de las diferentes instancias en el cogobierno de las universidades, incluyendo la que corresponde a sus graduados”.
Se establecen mecanismos de evaluación continua, habrá un seguimiento a los profesionales graduados y se realizarán exámenes de finalización de la carrera. Si no superan un promedio del 60%, esas carreras serán eliminadas, pues no es posible que se sigan formando profesionales sin las destrezas ni la experticia suficiente para afrontar la realidad laboral, añadió.
Explicó que las carreras que se ofertan en las universidades no son sino cajas de resonancia del mercado, por lo que se plantea que el sistema universitario o de educación superior responda al Plan Nacional del Desarrollo y que las opciones académicas estén en relación con los requerimientos de las distintas regiones del país. “Estamos ligando la transformación de la educación superior al proceso de transformación de la sociedad”, concluyó.
El funcionario acudió a la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, presidida por el asambleísta Raúl Abad, que se ha propuesto recabar todos los insumos necesarios para el estudio de este importante cuerpo jurídico, que debe ser aprobado hasta el 14 de octubre del presente año, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República.
Según Ramírez, el proyecto preparado por la Senplades garantiza la gratuidad responsable de la educación superior, sobre la base de los principios establecidos en la Constitución, que a su criterio es más republicana que liberal, por cuanto a cada derecho le corresponde un deber que debe ser cumplido por el Estado.
Para corregir las desigualdades que existen en el país, sobre todo en lo que tiene que ver con el proceso de educación inicial, básico y secundario, se incorpora un sistema de nivelación y admisión, que parte de un examen de ubicación, no de ingreso, en el cual se podrá evaluar los conocimientos y la capacidad de razonamiento lógico de los estudiantes.
En el caso de los requisitos para ser rectores de las universidades, se determina que los aspirantes acrediten el título de doctor o PHD; para los profesores principales también se exigirá ese grado académico, por cuanto se requiere el mejoramiento de la calidad de la educación superior.
Se propone, además, la tipología de las universidades, lo cual significa que habrá algunas dedicadas a la formación de docentes universitarios, solo las de investigación podrán otorgar títulos de doctor y PHD, dijo.
Aseguró que garantiza la autonomía de las universidades, lo cual no quiere decir que no exista la regulación por parte del Estado, como ocurre en la mayoría de universidades de Latinoamérica. “Habrá libertad de cátedra y se profundiza la representación de las diferentes instancias en el cogobierno de las universidades, incluyendo la que corresponde a sus graduados”.
Se establecen mecanismos de evaluación continua, habrá un seguimiento a los profesionales graduados y se realizarán exámenes de finalización de la carrera. Si no superan un promedio del 60%, esas carreras serán eliminadas, pues no es posible que se sigan formando profesionales sin las destrezas ni la experticia suficiente para afrontar la realidad laboral, añadió.
Explicó que las carreras que se ofertan en las universidades no son sino cajas de resonancia del mercado, por lo que se plantea que el sistema universitario o de educación superior responda al Plan Nacional del Desarrollo y que las opciones académicas estén en relación con los requerimientos de las distintas regiones del país. “Estamos ligando la transformación de la educación superior al proceso de transformación de la sociedad”, concluyó.
